Uno de los temas claves impulsados por los movimientos feministas y de mujeres ha sido la autonomía, entendida como la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas teniendo las condiciones materiales y sociales para hacerlo. Es así como el Gobierno dentro de su agenda se comprometió, y ha avanzado, en temáticas de cuidados – que involucren la intervención del Estado, la comunidad y el mercado -, establecer condiciones para disfrutar una vida libre de violencia en espacios laborales, de estudio, públicos y privados, y también garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

En este último punto desde 1935 el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH) liderado por Elena Caffarena, ya recalcaba la importancia de que la maternidad fuera deseada instalando la discusión sobre métodos anticonceptivos y la reglamentación del aborto. Cabe recordar que hasta 1990 existió en Chile el aborto terapéutico y que luego de su prohibición recién el 2017 se aprueba la Ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Hoy estamos en un momento clave para conversar sobre aborto: las mujeres merecemos tomar decisiones sobre nuestra trayectoria vital y que estas sean independientes de nuestros recursos económicos o nuestra condición racial o socio cultural. Es un debate que además debemos tener en vista dado el creciente desconocimiento y retroceso a nivel global – desde gobiernos que se proclaman liberales – de las propias libertades y derechos que tantos años nos ha costado conquistar.

El Ejecutivo se comprometió no solo a mejorar el acceso e implementación de la ley ya existente, si no también a avanzar hacia la legalización del aborto hasta ciertas semanas de gestación. En este último año de Gobierno, por lo tanto, tenemos un tremendo desafío: hablar desde las comunidades, la academia, el Poder Legislativo  y las diversas autoridades sobre nuestra posibilidad de decidir si deseamos o no ser madres, integrar diversos puntos de vista y actores en la conversación siempre teniendo en el centro la autonomía.

La justicia así, se relaciona con que todas las personas podamos acceder a prestaciones que el Estado debe garantizar y esto se logrará a través de una Ley apropiada en que las instituciones estén al servicio de mejorar la vida de las personas que habitamos este país y seguimos confiando en él.