Los adolescentes infractores de la ley aumentaron en un 9,8% en el último año, según el Ministerio Público. Cifra que ratifica el quiebre de una tendencia de casi 10 años de descenso en el ingreso de menores de edad imputados por delitos, llegando a los mismos niveles que se mantenían en el año 2016.

Los datos se dan a conocer tras el violento homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler en la comuna de Colina. En el crimen participaron cuatros sujetos, tres de ellos menores de edad. Todos, actualmente están privados de libertad. En el caso de los menores, éstos se encuentran recluidos en Centros de Internación Provisoria.

 El incremento de jóvenes infractores, sumado a dicho caso, volvió a abrir el debate en torno a bajar la edad de imputabilidad penal y a endurecer las sanciones en contra de los adolescentes que cometen delitos, por lo que diputados de derecha solicitaron colocar urgencia al proyecto de ley en tramitación que reduce la edad  de responsabilidad penal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el actual Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refirió a estos temas que preocupan a distintos sectores de nuestro país.

En cuanto al aumento de jóvenes que delinquen señaló que “esto obedece principalmente a un fenómeno que desde la Defensoría de la Niñez hemos identificado como muy preocupante y que está dado por el alza en los últimos dos años del número de adolescentes de los cuales se alega la comisión de un delito, que han estado imputados por delito. Si uno mira las cifras, entre el 2015 y el 2021, la cifra de adolescentes imputados venía bajando, en una baja considerable, y en los últimos dos años esta cifra ha subido. Ahora, uno tiene que entender la lógica o buscar justamente la justificación de por qué se produce”.

Asimismo, indicó que la rebaja de imputabilidad de los adolescentes o el aumento de penas no obedecen a los fines de la sanción en un modelo de responsabilidad penal juvenil, existiendo una colisión entre lo que busca el sistema penal y lo que realmente se puede lograr. Para Quesille, además, es poco probable que los adolescentes que están en riesgo de cometer delitos se abstengan de dichas conductas por el hecho de que las penas van a ser más altas y probablemente su efecto sea muy residual no produciendo una baja importante de los delitos.

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez realiza punto de prensa. Javier Salvo (Aton Chile)

En definitiva, apuntó a que “desde el derecho, desde la criminología, desde la psicología del desarrollo, se destaca que una medida como esta no va a acabar ni va a disminuir las cifras. Es poco probable que sea una medida efectiva y que justamente pueda establecer las bases para una sociedad más segura donde los adolescentes no van a cometer delitos. Hay evidencia comparada de sobra que nos demuestra que efectivamente los aumentos de penas o las rebajas de edad no tienen este efecto disuasivo en la conducta penal adolescente por la configuración de la personalidad que probablemente estos tienen”.

En ese punto, concordó, con el subsecretario del Interior, Luis Cordero que expuso “que el problema central no es rebajar la edad de los menores, sino interrumpir sus carreras criminales”.

“Yo creo que la estrategia más efectiva y que toma un tiempo y que requiere un compromiso de todas las instituciones del Estado es cómo logramos que esos adolescentes no cometan delitos, porque la respuesta que el Estado da o que se exige frente a la comisión de delitos de los adolescentes es una reacción”.

“Es decir, llega tarde, llega cuando el delito ya se cometió y cuando tenemos que estar lamentando hechos tan complejos y tristes como el el homicidio del ciudadano francés”, agregó.

El experto en materias de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes recalcó que en la imposición de las sanciones para un menor de edad, lo fundamental es el que el Estado se comprometa efectivamente con este, ya que lo más negativo que puede ocurrir es que el adolescente que sufra una de las penas más altas, como la que podría esperarse para los implicados en el caso del asesinato de Dimitri Weiler, vuelva a delinquir cometiendo incluso delitos más violentos si no es destinatario de un programa que le permita reinsertarse socialmente, debiendo operar el sistema penal juvenil integralmente ya que de lo contrario se estará dentro de un circulo vicioso en que los mismos jóvenes entran y reingresan al sistema.

En esa línea, indicó que “los esfuerzos deberían apuntarse por parte de todas las instituciones, por parte de todos los poderes del Estado, a asegurarnos de entregar condiciones, y esto parte desde la protección social, parte del fortalecimiento de los barrios, de mejorar la seguridad de los territorios donde hay riesgo de que los adolescentes cometan delitos, para que precisamente se pueda generar un ambiente libre de tráfico de drogas, con áreas verdes, con espacios deportivos, con acceso efectivo a salud, educación y vivienda, eso ya de por sí va a generar automáticamente una baja en la comisión de delitos”.

El próximo año deberá implementarse en la Región Metropolitana el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, el que se espera que sea mucho más especializado y de un nivel técnico mayor que el Servicio Nacional de Menores (Sename), ya que estará enfocado especialmente en la reinserción juvenil y en la intersectorialidad.

Protesta por los niños del Sename. Marcelo Hernández (Aton Chile)

Respecto a esto, manifestó que “lo que se espera es que precisamente tenga la capacidad, y esto tiene que ir acompañado de un compromiso de todas las instituciones del Estado, tenga los recursos y exista un mecanismo de medición para ver si efectivamente al alero del mandato que tiene el servicio se produce efectivamente esta reinserción social que es lo que falla, la falla estructural del sistema, la causa por la cual los adolescentes están cometiendo delitos es porque históricamente los mecanismos para la reinserción social no han sido efectivos. Si los mecanismos para la reinserción social y para la prevención del delito fueran efectivos, no estaríamos frente a esta discusión”.

Por otra parte, referido al rol de la Defensoría de la Niñez, especificó que la gestión de la institución se ha encaminado a incorporar estándares promoviendo políticas públicas para prevenir la delincuencia juvenil, lo que se reafirmó con la ley 21.430 que estableció las bases de un sistema integral de protección donde todos los organismos estatales, incluida la Defensoría, son partes integrantes y justamente la finalidad central de ese organismo es monitorear las políticas que el Estado va implementando y que las acciones de los otros poderes se ajustan a los estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Por último enfatizó en que “nuestra postura no obedece a que respondamos o tengamos una inclinación por un sector político o por otro. Nosotros hemos sido muy críticos con el Gobierno respecto de la forma en que se genera política pública del Estado, pero muchas veces también tenemos que ser críticos con la oposición de turno para efectos de poder manifestar cuando hay ciertos caminos que no cumplen con los estándares de derechos de niñas y adolescentes.

“Lo que no queremos es politizar esta discusión, menos ahora que estamos en un contexto electoral y que muchas veces discursos como estos se exacerban producto del ambiente que se vive en el país”, finalizó.

Opiniones cruzadas de parlamentarios

La semana pasada los legisladores Henry Leal, Cristhian Moreira, Eduardo Cornejo y Daniel Lilayu de la bancada UDI, llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitando urgencia al proyecto de ley que busca rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años y sancionar como adultos a los jóvenes de 16 y 17 que sean reincidentes.

Diputados de la Bancada UDI, entregan carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitando urgencia a proyecto de ley que rebaja la edad de responsabilidad penal. Javier Salvo (Aton Chile)

A propósito de la participación de menores de edad en hechos delictivos, el diputado Henry Leal señaló que: “El año recién pasado, cerca de 40 mil jóvenes adolescentes fueron involucrados en delitos graves, por lo que creemos que los mayores de 16 años que se hagan reincidentes deben ser juzgados y sancionados como un adulto. Eso requiere una modificación legal para dar una señal clara a los chilenos que estamos preocupados de la delincuencia y no hacerlo es seguir fomentando la impunidad”.

De igual forma, Cristhian Moreira, complementó que estas medidas deben ir acompañadas de la rehabilitación de los jóvenes, ya que estos aún pueden  cambiar a diferencia de los adultos, por lo que las autoridades de Gobierno deben tomar cartas en el asunto.

Por otro lado, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, también se refirió a esta problemática desde una óptica diversa y dio su opinión acerca de los factores que inciden en la gravedad de la delincuencia juvenil.

“Los datos muestran que cada vez más son los menores los que se encuentran comprometidos en la realización de delitos que son cada vez más violentos. Ahora eso hoy día se explica en gran parte por la dinámica criminal, crimen organizado, bandas, donde los jóvenes empiezan a encontrar oportunidades de ganar dinero que no encuentran de otra manera y se los va exponiendo gradualmente a la violencia de forma que cuando van ascendiendo en las organizaciones o en las bandas criminales ya se van curtiendo con esta forma de violencia”.

Para abordar esta compleja situación, sugirió que el Estado debe sacar a los jóvenes que delinquen del narcotráfico y sobretodo prevenir que el crimen organizado los vaya cooptando, siendo el rol del Estado fundamental, lo que se reflejó precisamente en que en el último presupuesto el Gobierno aumentó sustancialmente el presupuesto en prevención y así evitar que los menores tomen contacto temprano con bandas criminales.

Lorena Fries, diputada del Frente Amplio ofrece un punto de prensa en la Cámara de Diputados. Raúl Zamora (Aton Chile)

En torno a los proyectos de ley en discusión, Fries, remarcó que debe mantenerse el tratamiento diferenciado entre jóvenes que no son imputables o que tienen una imputabilidad que debe ser probada, ya que lo más negativo que podría ocurrir es aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad y tener programas muy reducidos de reinserción social juvenil.

“Hoy día esos programas primero deben ser fortalecidos antes de asumir cualquier otra modificación legal que lleve a que estos jóvenes finalmente pasen más tiempo recluidos y cuando salgan tengan menos posibilidades”.

“Entonces, prevención y reinserción juvenil son dos aspectos que yo fortalecería antes de cambiar cualquier tipo de normativa en torno a bajar la edad de imputabilidad o aumentar las penas respecto de los jóvenes que se ven involucrados en delitos violentos”, concluyó.