En el marco de la paralización iniciada este martes por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), la dirigencia de la organización expuso que el 92% de sus socias y socias adhieren al paro nacional de la atención primaria y las demandas del gremio. Hasta el momento, la movilización de los funcionarios se extenderá hasta el 13 de marzo.

Marcos Vargas y Christian Rodríguez, secretario general y vicepresidente de Confusam, respectivamente, señalaron que el paro responde a una serie de compromisos que el Ejecutivo y el Ministerio de Salud no han cumplido. Entre ellos, la modificación legal del estatus al usuario, el pago oportuno de las metas sanitarias y la implementación de medidas de seguridad en los establecimientos de atención primaria.

Según el organismo, los motivos de la movilización tienen relación con la crisis financiera sin precedentes que sufrió el Ministerio de Salud en 2024, la que impactó de manera significativa en la capacidad de gestión de recursos de la cartera.

Por primera vez, parte de los salarios de los funcionarios del Confusam correspondientes a diciembre de ese año tuvieron que ser pagados con los fondos del mes de enero de 2025, marcando un hito preocupante en la historia del sector. Además, se decidió congelar el monto per cápita, el indicador que define el financiamiento destinado a la atención primaria por cada ciudadano inscrito o atendido en los consultorios, generando inquietud sobre las consecuencias de estas medidas en el sistema de salud pública.

Marcos Vargas Cortés, secretario general y Cristian Rodríguez, vicepresidente de Confusam en punto de prensa.

Al respecto, Vargas señaló que: “Esta baja del financiamiento implica que no van a alcanzar los recursos financieros que existen en los municipios para dar atención y claramente eso podría significar que no existan medicamentos, que no existan insumos o que no se puedan realizar procedimientos. Es tan grave la situación que en estos momentos se está viviendo una reducción del gasto en los consultorios que podría significar que nos quedáramos sin atención en los domicilios para los postrados, por ejemplo, o que haya medicamentos que no puedan comprar los municipios porque no va a alcanzar el dinero que existe y también podría significar el término de contrato de muchísimos profesionales de la salud que son tan necesarios en las comunidades”.

“Cuando estamos hablando del tema financiamiento, hablamos de la seguridad sanitaria de la población de Chile, en ningún caso nuestra organización en está buscando una reivindicación laboral, un beneficio para los trabajadores, aumento de sueldo ni reajuste de ningún tipo, sino que recursos para dar atención suficiente, ni siquiera mejor, suficiente en los consultorios”, complementó.

Confusam, cuantificó en $5800 pesos la brecha financiera, por lo que el Estado a cada persona inscrita en el consultorio le debe ese monto mensual a la atención primaria, siendo que el per cápita es un poco más de $11.000 pesos. Es decir, que el 49% del financiamiento de la atención primaria esta en déficit.

“Nosotros tenemos una cifra per cápita que se está pagando ahora, que se congeló el año pasado, pero todavía más, tenemos la brecha histórica de la atención primaria del financiamiento que el Presidente de la República, en esta misma sede, se comprometió a cerrar y no cumplió“, afirmó el secretario general de la organización gremial.

Camiseta con logo de Confusam. Foto: Aton.

Por otra parte, los compromisos de seguridad asumidos por el Gobierno, que incluían la instalación de puntos fijos de Carabineros en centros de salud con alta violencia, rondas policiales periódicas y una campaña para concienciar sobre la violencia en el sector, no han sido cumplidos según los líderes del gremio. Así, aseveraron que el cumplimento de tales promesas es imperativo para la protección tanto de funcionarios como usuarios de los establecimientos, en los que se han evidenciado escenas de violencia, agresiones y hasta balaceras.

Christian Rodríguez, vicepresidente de la organización manifestó que: “Lamentamos decir que el plan de seguridad que nos presentó el Gobierno no fue implementado con los trabajadores. Se nos presentó un ranking de establecimientos con mayor riesgo ya hecho en el cual nosotros no estábamos de acuerdo con la priorización de las comunas. Un ejemplo muy llamativo es que los Cesfam de Puente Alto de Bajos de Mena no están priorizados como de riesgo extremo dentro de este plan, con todo lo que allí ha pasado”

Además, indicó que “el plan prometía resguardo policial de Carabineros las 24 horas para los establecimientos en peor situación. Esto no ha ocurrido, tampoco las rondas de Carabineros, no se han tomado ninguno de los resguardos que se había prometido. Hace poco tuvimos el ataque con balines a un Cesfam de San Ramón, así suma y sigue y nuestros funcionarios están cada día más desesperanzados”.

Cabe destacar que los consultorios y los Cesfam no atenderán consultas generales, pero se mantendrán turnos éticos para emergencias. Se recomienda agendar citas médicas y acudir solo en casos urgentes.

Por ultimo, la dirigencia adelantó que, de no recibir respuestas concretas por parte del Gobierno, evaluarán nuevas movilizaciones durante abril, con medidas de presión “en ascenso”.