El abogado y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, explicó los alcances del futuro de la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández, tras la fallida compraventa de la casa Allende, y las acciones perseguidas por la defensa de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Couso explicó que si bien el libelo acusatorio “es un juicio jurídico-político, el órgano que autoriza y da la pasada al Senado es la Cámara de Diputados, y hemos sabido que en muchas AC han primado consideraciones políticas, entonces efectivamente la renuncia de la exministra Fernández le quita viabilidad a la acusación política“.

Respecto al recurso de inhabilidad presentando ante el Tribunal Constitucional por abogados del Partido Republicano, el abogado señaló que éste “también pierde bastante sentido”. “Era un camino mucho más difícil en el caso de la ministra Fernández que de la senadora Allende porque hay buenos motivos para pensar que no procede la inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional a ministros de Estado. Hay una cierta ambigüedad en la Constitución, sobre todo en la interacción entre la Constitución y la Ley Orgánica del TC”. dijo.

“Con esto, en algún sentido, pierde oportunidad procesal. No tiene sentido procesar a alguien que ya no desempeña el cargo, a diferencia de la AC que sí puede plantearse respecto de alguien que ha expirado su cargo, ya sea el Presidente de la República o ministros de Estado. Yo esperaría que por carecer de efecto útil, se desestime en el TC la acción contra la exministra Fernández”, declaró.

“La impresión que da aquí es que hubo más bien torpeza por parte de los asesores legales de la ministra y falta de información cuando uno asume un cargo de esa importancia, lo mínimo que uno esperaría es que estudié el estatuto constitucional de los ministros de Estado que son cinco o seis artículos de la Constitución, no es algo extremadamente largo”, añadió.

Allanamiento a Karol Cariola

En relación a las acciones que impulsa la defensa de la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, Couso indicó que “los abogados que buscan la nulidad de una gestión investigativa es para declarar la ilicitud de la prueba obtenida bajo ese tipo de investigación, esto puede ser clave para un resultado de la Fiscalía y para la posibilidad de utilizar o no esa prueba en un juicio. Es bastante poco plausible que, por una falta de criterio, por algo debatible en términos de la oportunidad, pero estamos hablando de un allanamiento con orden judicial”.

“Es muy difícil de imaginar que un allanamiento decretado por orden judicial sea nulo porque la oportunidad fue poco criteriosa porque estaba la involucrada dando a luz”, sostuvo.

Sobre el futuro del recurso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado indicó que “efectos prácticos veo ninguno, en relación a lo que es la eventual búsqueda de nulidad de las pruebas que se allá eventualmente obtenido producto de ese allanamiento”.

“Pensar que la falta de criterio respecto de la oportunidad con que se realiza un allanamiento a una parlamentaria representa una de las cuestiones que la comisión va a priorizar, me parece extremadamente improbable. En otras palabras, es muy poco probable que la comisión tomara este caso y veo, además, que no está muy clara cuál sería la violación de derechos humanos de la parlamentaria ante lo que insisto fue un gran discretorio evidente por parte de la Fiscalía, pero respecto de la oportunidad ellos tienen sus motivaciones, pero que no alcanza al estándar de una violación grave a los derechos humanos como ha esgrimido su defensa“, zanjó.