El Gobierno argentino, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, calificó como «una especie de golpe de Estado» la protesta violenta protagonizada por barrabravas en las afueras del Congreso. Francos acusó al kirchnerismo de organizar la marcha y utilizar la violencia como instrumento político. Durante los disturbios, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En el transcurso de este jueves la Justicia argentina liberó a un total de 114 personas detenidas durante la manifestación. La jueza Karina Andrade argumentó que la información sobre las detenciones era deficiente y destacó la importancia de proteger derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión.

Asimismo, estimó que al ser uno de los sectores más vulnerables, los jubilados tienen protección especial bajo la Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por su parte, en el Gobierno argumentaron que esto dificulta combatir la violencia organizada. El jefe de Gabinete y otros funcionarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionaron esta decisión y anunciaron que revisarán las filmaciones para identificar y procesar a los violentos.

Represión en el Congreso de la Nación, marcha de apoyo a los jubilados. 12 de marzo de 2025. Foto: Matías Baglietto

De hecho, la ministra señaló que la protesta fue opacada por la participación de “barrabravas” y que la liberación por parte de la jueza Andrade no fue bien recibida por su ministerio. Inclusive, como cartera buscan que la justicia se retracte, ya que muchos de los detenidos tienen antecedentes. Además, la secretaria de Estado destacó que muchos de los manifestantes salieron de Lomas de Zamora y La Matanza, por esta razón responsabilizó al intendente Fernando Espinoza por permitir la organización de violentos.

«Salieron de distintos lugares, pero queremos marcar dos lugares especialmente de donde salieron. La Municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen y vamos a ser responsable al intendente de la localidad, Fernando Espinoza, por permitir la organización de hechos violentos en un lugar institucional como es una intendencia», expresó.

«También salieron, y no es casualidad, de la Intendencia de Lomas de Zamora cuyos jefes están todos procesados por corruptos y no les conviene que siga este gobierno porque este es el gobierno que deja a la luz del día a los corruptos como Insaurralde y a aquellos que están hoy en Lomas de Zamora», agregó.

Ministra de Defensa argentina, Patricia Bullrich. Foto: Aton.

Además, se refirió al video viralizado en redes sociales, en el que una mujer mayor es golpeada por un policía, describiéndola como una «jubilada patotera» que maltrató a los efectivos policiales. Al mismo tiempo, habló del fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave. La ministra mencionó que 20 efectivos policiales resultaron heridos, uno de ellos gravemente, y defendió el operativo policial, calificándolo como efectivo.

Por otra parte, en una conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Buenos Aires, calificándolos de «absolutamente inaceptables«. Según Macri, «unos delincuentes profesionales que hacen de la violencia su sistema de vida» atacaron a las fuerzas del orden con piedras, palos, material incendiario y armas de fuego.

«Vamos a llevar frente a la justicia a todos los detenidos«, afirmó, subrayando que se recabarán más pruebas para armar una causa contundente. Asimismo, destacó que «la violencia no tiene justificación política» y que se aplicará una política de «tolerancia cero con los violentos y las mafias«.

Desde la izquierda argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó la represión como «feroz, ilegal y premeditada«. Para Kicillof, el despliegue de seguridad fue una descarga de violencia injustificada que busca «silenciar las voces de los sectores más vulnerables».

«Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia. Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del Gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario», enfatizó.

Asimismo, criticó duramente al Gobierno y a la ministra Bullrich, por emplear recursos del Estado de manera insensata. El gobernador consideró la represión como parte de un plan económico que busca el despojo del patrimonio público y el empobrecimiento de las mayorías, y  advirtió que evaluará medidas de acción en rechazo a lo sucedido.

Criminalización de la protesta

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, analizó la situación actual en Argentina, destacando que las políticas de austeridad y recortes presupuestarios implementadas por el Gobierno de Javier Milei afectaron significativamente a los jubilados.

De acuerdo con el analista internacional, los recortes llevaron a la eliminación de muchas de las conquistas sociales que los pensionados habían logrado con el tiempo. Como resultado, los adultos mayores comenzaron a manifestarse todos los miércoles frente al Congreso para expresar su descontento. El profesor Aranda señaló que estas protestas fueron aprovechadas por grupos de izquierda y «barras bravas«, quienes intensificaron la violencia.

“Esto permitió al Gobierno de Milei argumentar que el movimiento de los jubilados está políticamente manipulado”, explicó. En cuanto a las medidas que podrían tomar las autoridades ante esta situación, Aranda mencionó que la respuesta inicial será de carácter securitario, con la ministra Bullrich liderando operativos de seguridad más estrictos.

“Lo interesante es que ahora se le da un argumento a Milei para de alguna manera desplegar operativos de fuerza mucho más cerrados y mucho más categóricos, más duros, en lo que es el control público de manifestaciones”, sostuvo.

Así, el especialista comentó que la estrategia de criminalización de la protesta busca justificar el despliegue de fuerzas de seguridad más duras, lo que “podría restringir aún más el derecho a manifestarse”.

En ese sentido, Aranda advirtió que es crucial que las manifestaciones mantengan su carácter pacífico y eviten la infiltración de grupos violentos, ya que esto podría dar al Gobierno más argumentos para aplicar medidas represivas y limitar las movilizaciones ciudadanas.