El allanamiento a Karol Cariola en el día de su parto y posterior votación de censura en la Cámara de Diputados interrumpiendo su posnatal, dan cuenta de las profundas desigualdades y vulneraciones de derechos que enfrentamos las mujeres en el sistema penal, en cuanto madres. Lejos de ser indispensable para la investigación, estos hechos demuestran la espectacularización de la justicia. Un proceso investigativo que intenta construir culpabilidades a través de la prensa, exponiendo a las mujeres a un escrutinio público desproporcionado, donde la maternidad se convierte en un blanco de castigo en lugar de una condición protegida. Esta instrumentalización del sistema penal no solo afecta la dignidad de quienes lo enfrentan, sino que también envía un mensaje aleccionador sobre el costo de ocupar espacios de poder siendo mujer y madre.
Pero lo cierto es que esto no es un hecho aislado. La situación de la presidenta de la Cámara es la punta del iceberg de un sistema penal profundamente desigual. Miles de mujeres en Chile viven situaciones similares todos los días, sin prensa, sin redes de apoyo, sin la posibilidad de denunciarlo públicamente.
Hace décadas que la población femenina en las cárceles chilenas viene en aumento, y las cifras recientes confirman la magnitud del problema. Desde 2020, la población penal femenina ha crecido un 56%, impulsada en gran medida por el endurecimiento de las políticas de drogas. La mayoría de estas mujeres ocupan roles de bajo nivel dentro del narcotráfico, en condiciones precarias y fácilmente reemplazables, quedando expuestas a un alto riesgo de encarcelamiento.
A pesar de este aumento, las mujeres siguen siendo una minoría en el sistema penitenciario chileno, representando, a marzo de 2025, el 8,2% del total de personas privadas de libertad. Chile se ubica como el sexto país con mayor tasa de encarcelamiento en Latinoamérica y el segundo con la mayor tasa de población penal femenina en la región. Sin embargo, y a pesar de que este número ha aumentado, el sistema carcelario se diseña y ejecuta considerando las necesidades de la población mayoritariamente masculina, dejando en segundo plano la atención de necesidades específicas de género.
Según el Plan de Trabajo de Condiciones Carcelarias para Mujeres Privadas de Libertad, de los 80 recintos penitenciarios existentes, solo ocho están destinados exclusivamente a la población femenina, y apenas dos de ellos se encuentran en la Región Metropolitana[1]. En la mayoría de las regiones, las mujeres cumplen sus condenas en módulos separados dentro de cárceles masculinas, lo que genera condiciones de reclusión aún más adversas.
Además, de acuerdo con datos proporcionados por la Red de Acción Carcelaria, en 2023 existían 31 unidades materno-infantiles dentro de los centros penitenciarios, pero solo siete de ellas contaban con sala cuna[2].
Hace más de una década que los estándares internacionales establecen que la falta de atención médica prenatal y postnatal constituye una violación de la integridad personal de las mujeres privadas de libertad. Asimismo, recomiendan que, siempre que sea posible, se priorice el egreso de las mujeres de las prisiones para evitar que los niños crezcan en prisión o, en su defecto, se implementen medidas alternativas extrapenitenciarias.
Sin embargo, en Chile el cumplimiento de estos estándares mínimos es insuficiente. El caso de Lorenza Cayuhan, la mujer mapuche que en 2016 fue obligada a dar a luz engrillada y bajo vigilancia de Gendarmería, es un recordatorio de la precariedad del sistema penitenciario en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres.
En esta línea, en octubre del año pasado el Comité de la CEDAW recomendó revisar y corregir la Ley 20.000, tomando en cuenta su uso desproporcionado contra las mujeres, especialmente, migrantes e indígenas. Es más, las recomendaciones del Comité reconocen la necesidad de abordar las problemáticas estructurales que llevan a las mujeres a cometer este tipo de delitos, considerando la precariedad de las condiciones de vida que llevan a muchas mujeres a cometer este tipo de delitos para sobrevivir. También se reconoce la importancia de avanzar con la Ley Sayén, que busca alternativas al encarcelamiento para mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años, junto con medidas provisionales para su protección.
No obstante, la urgencia de estas medidas para la efectiva garantía de derechos humanos, lo cierto es que si la discusión sobre seguridad sigue girando en torno a la posible construcción de nuevas cárceles, se seguirá perpetuando un enfoque punitivo que no resuelve las causas estructurales del delito ni mejora las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad.
El caso de Karol Cariola evidencia cómo el auge de las políticas securitarias busca instalar la idea de que el sistema penal es la vía legítima para resolver conflictos, cuando en realidad opera como un mecanismo de disciplinamiento y castigo. Desde la imputación, la persecución penal despliega distintas formas de violencia estatal que no solo afectan el debido proceso, sino que también exponen a las personas acusadas a un escrutinio mediático y social desproporcionado. Más que garantizar justicia, estas estrategias refuerzan un modelo punitivo donde la criminalización se convierte en un fin en sí mismo, dejando de lado cualquier perspectiva de reparación o resolución real de los problemas sociales.
Esperamos que la efectiva reparación y garantía de los derechos de la presidenta de la Cámara, vayan acompañados de una profunda reflexión sobre el impacto del sistema penal en la vida de miles de mujeres que enfrentan diariamente la criminalización y el abandono institucional. Es momento de cuestionar hasta qué punto el castigo se ha convertido en la respuesta automática a problemas que, en su origen, son sociales y estructurales, y de avanzar hacia políticas que realmente prioricen la dignidad, la justicia y la equidad de género en el ámbito penal.
Por Manuela Gil, socióloga, investigadora en criminología y seguridad en América Latina
y Sofía Esther Brito, investigadora en derecho constitucional, activista feminista.
