En medio de las diligencias que está realizando la Fiscalía en el marco del caso Audios, funcionarios de la PDI llegaron a la Corte de Apelaciones de Santiago para incautar los equipos electrónicos del ministro Antonio Ulloa.
Lo mismo ocurrió en el domicilio del juez del Tribunal Constitucional, Héctor Mery y se intentó realizar una incautación similar en el caso del ex asesor del Gobierno de Piñera e integrante del equipo programático, Evelyn Matthei, Pablo Urquízar.
Todo lo anterior, por la presunta implicancia de estas personas con el abogado Luis Hermosilla y la posible comisión del delito de corrupción en nombramientos del Poder Judicial.
En el marco de los nuevos avances en la investigación del caso Audios, el académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, destacó que se llevaran a cabo las diligencias. Sin embargo, el abogado también expresó su preocupación, pues nuevamente se pone en evidencia la amplia red de influencia de Hermosilla. “Yo creo que eso habla muy bien de la actitud de los fiscales porque en el pasado probablemente hubiera habido temor para hacer este tipo de incautaciones. Yo creo que eso es muy positivo, creo que queda claro que todos somos iguales ante la ley y en este caso los ministros, incluso de tribunales superiores, están expuestos a ser objetos de investigación”, dijo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
“Por otra parte, yo creo que es muy alarmante en el sentido de decir: aquí están estas redes de intercambio de favores, de influencias no debidas y eventualmente cuestiones más graves como prevaricación que llegan hasta muy arriba en diversos tribunales del país, aparentemente. Vamos a ver si eso se confirma cuando salgan las formalizaciones”, señaló.
Además, Riego cuestionó las acciones que ha tomado el Congreso y el propio Poder Judicial respecto a los nombramientos, pues a su parecer “esto solo está siendo llevado adelante por los tribunales de justicia”.
“Creo que debiera haber investigaciones también desde el propio sistema judicial que tiene facultades disciplinarias y por qué no del Congreso que debiera estar muy preocupado y que desgraciadamente no se ve tanta iniciativa de investigación que ellos pudiesen llevar adelante. Tampoco se ve iniciativa legislativa, a pesar de que hay un proyecto del Gobierno, pero que no se ha movido con la presteza que uno esperaría”, indicó.
El académico UDP argumentó que se trata de “una crisis muy grande, muy profunda, de la credibilidad de la justicia chilena y de la independencia de nuestros tribunales. Creo que a los ciudadanos sin duda esto los tiene muy desconcertados y muy preocupados, pero en cambio veo yo que el mundo de la élite, de la clase política, quienes están a cargo del país, pareciera que, o no se dan cuenta de la crisis que se está incubando o más bien están interesados en ocultarla y no en develarla”, acusó.
“A mí me parece que la actitud de las autoridades, me refiero fundamentalmente a la Corte Suprema, al Parlamento, al Gobierno, son sorprendentemente poco activas respecto de la magnitud de la crisis”, recalcó.
Por otro lado, Riego se refirió al cambio de medida cautelar de Luis Hermosilla, quien la semana pasada pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario. El abogado no mostró reparos con esta decisión, ya que a su juicio, el futuro de la investigación no dependía de que Hermosilla siguiera en la cárcel.
“La prisión preventiva no creo que fuera necesaria. Eso cumplió una función más bien simbólica y yo no vincularía una cosa con otra. Creo que la investigación va a seguir, que las incautaciones van a seguir y de hecho han seguido y creo que la posibilidad que Luis Hermosilla tenga de seguir interviniendo son muy bajas. Él en este momento es tóxico, no sé si le van a contestar el teléfono sus antiguos contactos porque eso podría ser objeto de nuevas incautaciones. No creo que su libertad represente un peligro para que la investigación continúe”, zanjó.
