Este 23 de marzo, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional (TC) tras el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, el cual ordenó el pasado 17 de febrero a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva resolución sobre el proyecto, y dar cumplimiento incidental de la sentencia dictada en diciembre pasado.
Recordemos que el 9 de diciembre de 2024, el 1TA acogió de forma unánime la reclamación presentada por Andes Iron en contra de la resolución adoptada en 2023 por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente el proyecto minero Dominga, en La Higuera en la Región de Coquimbo.
En concreto, la sentencia determinó que la instancia no respetó los principios de imparcialidad y confianza legítima al incluir ministros y ministras que habían manifestado opiniones previas sobre el proyecto sin inhabilitarse.
Tras la sentencia del 1TA, los secretarios de Estado se inhabilitaron. El 8 de enero y en un nuevo Comité de Ministros, presidida por la cartera de Medio Ambiente e integrado por los respectivos subrogantes de Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura, se rechazó de forma unánime el proyecto.
No obstante, y en una resolución emanada el 11 de marzo, el 1TA afirmó que «el Comité de Ministros, en cumplimiento de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, dictó un acto de reemplazo que excedió las expresas instrucciones entregadas por este tribunal«. Además, en el fallo se establece que «las potestades del Comité de Ministros ya fueron ejercidas y se encuentran agotadas«.
Al respecto, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, en un punto de prensa en La Moneda, señaló que el requerimiento ingresado en el TC busca clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, «entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo (del 1TA) invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y, por tanto, es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del comité en esta materia».
«Lo que se plantea en el requerimiento es una contienda de competencias, es el nombre técnico para definir qué organismo tiene qué competencias«, detalló la portavoz del Ejecutivo.
#VoceríaInforma | Ministra Etcheverry: «Este domingo el Comité de Ministros presentó un requerimiento de contienda de competencias ante el TC sobre el fallo por el proyecto minero portuario Dominga, para resguardar las competencias del Comité, que resolvió apegado a la Ley». pic.twitter.com/oCFfrA2NtE
— Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) March 24, 2025
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada por la Región de Coquimbo, Carolina Tello (FA), valoró la decisión del Gobierno: «La presentación de este requerimiento es una acción necesaria para resguardar las atribuciones del Comité de Ministros y el correcto funcionamiento de nuestra institucionalidad ambiental».
En esa línea, la parlamentaria detalló que la instancia ministerial tomó la decisión de rechazar el proyecto portuario minero «conforme a la normativa vigente y es fundamental que sus competencias sean respetadas«.
«Acudir al TC no sólo busca aclarar esta contienda de competencias, sino reforzar también las certezas jurídicas en los procesos de evaluación ambiental, asegurando que las decisiones se adopten dentro del marco que establece la Constitución y las leyes«, aseveró Tello.
Diputada Carolina Tello (FA)
En diálogo con nuestro medio, la parlamentaria Natalie Castillo (PC), representante también de la zona, destacó la importancia de la decisión del Ejecutivo de presentar el requerimiento en el TC. «Es importante que el Gobierno presente este requerimiento para que la Suprema pueda dirimir la controversia a un conflicto que se arrastra durante años, que nos tiene atentas y atentos, por la afectación medioambiental que generaría su emplazamiento en la Región de Coquimbo, en la comuna de La Higuera», resaltó.
Asimismo, la diputada enfatizó en que la comunidad lleva una década diciéndole «no» al proyecto Dominga. “Hay evidencia científica que dice que este proyecto no es compatible con la biodiversidad ni en la línea de respetar la naturaleza. Recordemos que no solo este Gobierno ha rechazado Dominga, también lo hizo el de Sebastián Piñera”, puntualizó.
«Queremos un nuevo modelo de desarrollo, pero no a uno que quiera Andes Iron, sino que uno sea verdaderamente sostenible y que no dañe nuestro ecosistema, el desarrollo sustentable del turismo o de la pesca», profundizó Castillo.
Sobre la decisión del 1TA, la diputada del PC aseveró que éste «no puede exceder de sus atribuciones, de su rol institucional y jurídico, ni reemplazar lo definido por el Comité de Ministros».
Foto: Prensa diputada Nathalie Castillo.
«Confiamos que la máxima corte resuelva con ese principio, o de lo contrario, creo que puede generarse un mal precedente. De todas maneras, todo lo que ocurre en este caso viene a develar que a la institucionalidad ambiental de Chile le corresponde un rediseño y nosotras como legisladoras y legisladores tenemos una responsabilidad tremenda para que eso ocurra», cerró la parlamentaria.
La respuesta de Andes Iron
Desde Andes Iron, a través de un comunicado, calificaron la decisión del Gobierno como «una nueva maniobra dilatoria» puesto que, según ellos, «no existe conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta».
En la declaración concluyó recordando que, dado que el 1TA suspendió los efectos de la última resolución de la instancia ministerial, «Andes Iron mantiene vigente su permiso ambiental. Por lo tanto, actualmente se encuentra en posición de ejecutar el proyecto, para lo cual ha solicitado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que modifique su estatus a ‘aprobado’«.
Una desfachatez
Carolina Bahamondes, presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (Modema) de La Higuera, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que el proyecto Dominga sigue rechazado, y que la solicitud de Andes Iron al SEA «agrava aún más la situación de corrupción que ha envuelto al proyecto desde sus inicios».
“Tenemos que recordar que durante todo el proceso de este proyecto hubo tráfico de influencias, financiamiento irregular de la política, uso de información privilegiada e incluso ha estado relacionado con el caso Hermosilla”, detalló la dirigenta ambiental.
Representantes de organizaciones esperan los resultados de la votación del comité de Ministros sobre el proyecto Dominga. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Bahamondes aseguró que no ha habido un debido proceso en la tramitación del proyecto Dominga. En esa línea, denunció que los tribunales ambientales no han actuado según la Ley 20.600: «No están entregando una certeza jurídica a todos los interesados».
«Nos encontramos con este proyecto desde el año 2013. Llevamos alrededor de 11 años en esta lucha sin tregua. Y también dentro de los objetivos de los tribunales ambientales se encuentra el resguardar los derechos de las personas, las comunidades y, por supuesto, también el medio ambiente. Sin embargo, evidentemente el tribunal ambiental ha actuado de forma arbitraria», profundizó.
Asimismo, la dirigenta enfatizó que la institucionalidad ambiental señala que quienes tienen la facultad y atribución de aprobar o rechazar un proyecto es el Comité de Ministros, remarcando que Dominga ya ha sido rechazado en tres oportunidades. “Es inviable que en una zona que es única en el mundo, y que ha sido declarada sitio de esperanza para los océanos, tener un megaproyecto minero portuario como lo es Dominga”, enfatizó.
«Encuentro que solicitar la modificación de su estatus aprobado, siendo que se mantiene rechazado es una desfachatez, ya que Dominga está rechazada y así continuará, ya que nosotros no pararemos hasta que nuestra fuente de trabajo, nuestro hogar y nuestro medio ambiente se encuentre totalmente protegidos«, aseveró la presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera.
