En medio de la inminente destitución de la senadora Isabel Allende, se ha tomado la discusión pública la molestia del Partido Socialista con el Frente Amplio o, más específicamente, con el segundo piso de La Moneda, por su responsabilidad en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende que terminó por golpear fuertemente a la tienda y a la familia en cuestión. 

Cierto sector del PS criticó la aprobación de la destitución por parte de los ministros designados por el Presidente Gabriel Boric, quienes habrían considerado que sí existió una vulneración a la Constitución en este caso. 

Entre los parlamentarios que han manifestado su disgusto está el diputado Daniel Manoucheri, quien a través de su cuenta de X -en un post que ya no está disponible- publicó: “Es vergonzoso que los miembros del Tribunal Constitucional nombrados por el Presidente Boric y el miembro propuesto por la DC votaran alineados con la red de Hermosilla en el TC, absolutamente fuera de derecho (…) hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, dijo que la situación se trata de “algo grotesco, especialmente viniendo el Frente Amplio (FA)”.

A modo de contexto el experto explicó que “la gran mente jurídica del FA, que es Fernando Atria, ha desnudado con mucha claridad esta idea de que el TC, en la medida que corresponda a una expresión del cuoteo política, pierde toda su legitimidad puesto que se transforma en una tercera cámara”. 

En ese sentido cuestionó que: “Miembros del FA o de la izquierda en general, que asumieron como propio el discurso de Fernando Atria y que ahora no solo lo elaboran como crítica sino como exigencia, o sea que dicen, ‘ustedes no se están comportando como tercera cámara, nosotros los designamos ahí para que nos representen políticamente’”.

“Esta idea de algunos parlamentarios de quejarse de que los ministros han sido desleales es una barbaridad, es una aberración y como digo es llevar la noción de la tercera cámara al extremo”, señaló.

¿Culpa del Frente Amplio?

Sobre la pasada de cuenta que hace el PS al FA, el abogado aseguró que “jurídicamente eso no tiene ningún sentido, podría tenerlo políticamente (…) jurídicamente no, porque cuando un adulto firma un contrato da lo mismo que la intención original haya sido suya o de otra persona, si el adulto firma un contrato él tiene la responsabilidad de conocer la ley, especialmente si se trata de una autoridad”. 

Lo anterior, también lleva a la discusión sobre el desconocimiento del artículo de la Constitución que prohíbe a las autoridades la celebración de contratos con el Estado. Riego aseguró que “esta es una cosa bien subjetiva, pero yo creo que no, dado que cualquier funcionario público (…) sabe que contratar con el Estado en principio debiera encender las alertas”. 

“Sorprende que personas con tanta trayectoria pública no tengan ese instinto fundamental de preservación de los bienes del Estado al que ellos durante tantos años han servido, me parece muy sorprendente”, agregó. 

En cuanto a por qué existió este desconocimiento sobre lo estipulado en la Constitución, Riego responsabilizó a “una cierta percepción, una especie de acostumbramiento a los privilegios”. “Yo no pienso que ellos hayan actuado de mala fe, sino que son personas que están tan acostumbrados a que todo el aparato del Estado de alguna manera les sea amable y se les brinde con cierta generosidad, que han perdido ese instinto”, opinó.