La destitución de de la senadora Isabel Allende, cesada de su cargo por el Tribunal Constitucional por haber firmado un contrato con el Estado para vender la casa del expresidente Salvador Allende, no sería la única que golpearía al Congreso Nacional.
Un reciente reportaje de The Clinic reveló que cinco parlamentarios han mantenido contratos con el Estado que implicaron pagos con fondos públicos. Estos serían los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), además de los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN).
Las reacciones no se han hecho esperar ante la gravedad de las denuncias. Uno de los mencionados, el diputado y precandidato presidencial, Jaime Mulet, afirmó que “no hay ninguna situación que signifique alguna inhabilidad constitucional o ética” tras lo señalado por el reportaje.
“Estoy estudiando una acción civil de difamación, si esto me genera daño político o daño de cualquier naturaleza, a mí o a mi mujer”, se defendió el parlamentario.
En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social -y esposa de Mulet-, Flavia Torrealba, realizó su descargo. “Nosotros conocemos muy bien las normas constitucionales, los alcances de las leyes. Jamás hemos firmado ni yo, ni Jaime Mulet, ni la Sociedad Rodríguez, un contrato con el Estado”, sostuvo tajante.
“Esta es una situación muy irresponsable, muy humillante. Tratan de igualar una cuestión falsa, o tratan de involucrarnos, para cuestionar a otros parlamentarios que están citados con 24 mil millones de pesos, con un aparente convenio por 700 mil pesos”, insistió Torrealba, reconociendo que están analizando cómo afrontar la denuncia en su contra.
Paralelo con caso Allende
Estos nuevos antecedentes tendrán coletazos en el Congreso Nacional. Lo ocurrido con la senadora Isabel Allende aún ronda en el Partido Socialista y reflotó con lo revelado por el reportaje. Es por ello que, encabezados por el diputado Daniel Manouchehri, afirmaron que están evaluando tomar acciones ante el Tribunal Constitucional. Esto, alegando una paridad de criterios.
Desde la colectividad mencionan lo ocurrido con la senadora Allende como un “precedente jurídico”. “Ante ese nuevo precedente se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos”, recalcó Manouchehri.
“Seamos claros. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínense cuál debería ser el criterio del Tribunal Constitucional con contratos que se ejecutaron y que se encuentran muchos de ellos en ejecución”, agregó el parlamentario socialista.
Desde el Gobierno, evitaron entrar en detalles sobre estos casos, especialmente respecto a la comparación con la situación de Isabel Allende, siendo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quién abordó estos contratos de parlamentarios con el Estado.
“Existen, en nuestro ordenamiento jurídico, formas de resolver los requerimientos que se presenten sobre la base de los fundamentos que se estimen convenientes. Sobre el detalle específico, hemos sido explícitos, hasta ahora solo hay información de prensa y si hay fundamento, o no, para la presentación de un requerimiento, eso requiere tener a la vista información más detallada”, comentó el secretario de Estado acerca de acciones ante el TC contra los parlamentarios.
También, mencionó que la decisión del Partido Socialista de recurrir al TC por los senadores y diputados mencionados en el reportaje, es “un principio que debe regir en todo sistema democrático”.
La Constitución chilena, en su artículo 60, establece que un diputado o senador cesará en su cargo si, durante su ejercicio, celebra o garantiza contratos con el Estado. Hasta ahora, esta norma no se había aplicado, pero la reciente decisión en cuanto a la senadora Allende podría cambiar esta práctica.
