La detención errónea de dos jóvenes en Ñuñoa generó un profundo malestar e indignación entre sus familiares, quienes denunciaron abuso policial y el daño causado a su imagen. A más de un mes de los hechos, los jóvenes decidieron hablar por primera vez sobre lo ocurrido el pasado 5 de marzo.

En un reportaje de Informe Especial de TVN, Cristóbal y Alexander, estudiantes de 21 y 22 años, entregaron detalles de lo acontecido los primeros días de marzo y que terminó con una foto de ellos ensangrentados en una comisaría y acusados de intentar asesinar a un carabinero. Ambos prefirieron no mostrar sus rostros, puesto que aseguraron que toda esta experiencia fue muy traumática.

Los jóvenes detallaron que, mientras comían un completo sentados en una de las tantas bancas que hay en el parque de Villa Frei, en la comuna de Ñuñoa, vieron cómo un motociclista llegó hasta el local de comida rápida empuñando un arma de fuego. Pensaron que los iban a asaltar y corrieron del lugar en busca de resguardo.

Sin embargo, el motociclista, que no se había anunciado como parte de la Seguridad Municipal de Ñuñoa o de alguna institución policial, comenzó a perseguir a los jóvenes.

Luego de algunas vueltas por el barrio, decidieron volver a su hogar. A los pocos metros, divisaron a un inspector de seguridad municipal: “Literal, le preguntamos qué estaba pasando. Y no nos respondió nada. Nada. Con mi primo nos miramos y dijimos, bueno, avancemos. Sigamos nomás, qué le vamos a hacer”. Lo que ambos no sabían, era que el inspector de seguridad estaba coordinando la captura de ambos jóvenes con otros miembros del equipo municipal.

“Llegaron las motos, llegaron todos, con la seguridad ciudadana. Y hay uno de ellos que saltó para arriba y empezó a agredir a uno de los niños que estaban ahí. ¿Y qué le hizo? Lo empezó a agredir en su cara“, contó uno de los testigos de la detención al equipo de TVN.

“Entre gritos, fuerzas, insultos, me suben al auto y un carabinero, cuando ya estoy dentro, abre la puerta y me empieza a golpear dentro de la camioneta. Y mientras me golpea, me grita que… Me dice: ‘Tenía familia‘. En ese momento no tenía idea por qué me decía eso, pero en todo momento me trataron a garabato y recibí como cuatro golpes en la cara también. También escuchamos que aplaudieron, estaban aplaudiendo“, recordaron los jóvenes de su traumática detención.

Los primos fueron trasladados al interior de una comisaría y ahí ocurrió otro hecho gravísimo en esta cadena de acciones alejadas de todo protocolo por parte de la institución policial. 

“No nos leyeron los derechos, no nos dejaron tampoco ir al baño, nunca nos dieron el derecho a llamada, nada. Seguían insultándonos, nos apoyaban contra la pared, súper fuerte y brusco, nos apoyaron con el codo, nos apoyaban contra el muro, nos tiraron al suelo de rodillas y después nos sentaron”, recordaron.

“Fue todo igual rápido y no sabíamos, yo por lo menos, en qué pensar, qué estaba pasando, era lo único que me preguntaba: ¿Por qué nos culpan? Nos sacan una foto a las caras, y ahí nos sacan la foto y nos dicen que nos quedemos en el suelo y ya todo esto de las huellas que toman nuestras cosas, pero esas fotos que nosotros salimos sentados, nunca nos percatamos cuando las sacaron, nunca“, puntualizaron respecto a la foto tomada por un funcionario policial y que fue difundida masivamente por redes sociales.

La masificación del registro llegó a un chat vecinal, donde lo ve Juan Mego, dueño del local donde los primos comían completos horas antes, y los reconoce. Es él quien se comunica con Rodrigo Porras, padre y tío de los detenidos por error. 

“Un funcionario de la institución le saca fotografía a mi hijo y a mi sobrino esposados, sangrando y etiquetándolo como los delincuentes, los asesinos, los que atacaron al carabinero. Y eso se vería en muchas páginas sociales, amenazas, que reconozcan a tu familia, a tu hijo y a tu sobrino. Eso no puede ser dentro de una comisaría“, señaló Rodrigo Porras.

La familia de los jóvenes decidió querellarse por los delitos de secuestro y apremios ilegítimos contra todos quienes resulten responsables. La abogada de la familia Porras, Karina Fernández, sostuvo que: “Mientras más sea la lucha contra la delincuencia, tiene que ser más sofisticada. No puede ser que las autoridades pierdan el control, que se desplacen a un lugar, que hagan afirmaciones, que no haya ningún control de las detenciones, que la gente se libere, que no se tomen evidencia de protección a las víctimas en esos contextos. Es importante aprender que tenemos que salvaguardarnos a nosotros en estos escenarios que puede ser cualquiera víctima de estas situaciones”.

A la querella de la familia, se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La abogada jefa metropolitana de la institución, Beatriz Contreras, afirmó que “cuando una persona, de acuerdo a los estándares internacionales, está bajo la custodia del Estado, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus agentes es resguardar sus derechos y garantías. Y aquí no sólo no sucedió eso, porque los agredieron, sino que además los amenazaron y difundieron sus rostros asociándolos a hechos delictuales que no estaban acreditados”.

La investigación periodística de TVN intentó conversar con la Fiscalía, Seguridad Ciudadana de Ñuñoa y con Carabineros. Solo la institución policial accedió a la petición.

La capitana Javiera García, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, enfatizó que los hechos fueron protagonizados “por los guardias municipales de Ñuñoa quienes sitúan como sospechosos a los jóvenes estudiantes. Carabineros se incorporan al final del procedimiento“.

Consultada sobre por qué una de sus máximas autoridades, la general inspector Karina Soza, jefa de Zona Metropolitana de Carabineros, vinculó criminalmente y de manera pública a los jóvenes cuando no existía ninguna prueba real para hacerlo, García afirmó que “existió una falencia en corroborar los datos que se estaban precisando dado que aún era un procedimiento en desarrollo”.

“Frente a esta confusión se entrega una información que no había sido rechequeada, lo que posteriormente sí se aclara jamás ocultando lo ocurrido, sino más bien asumiendo y, por supuesto, dando como enseñanza  una mejora en cuanto a los protocolos”, complementó.

Respecto de los registros fotográficos que se toman al interior del cuartel, la capitán de carabineros enfatizó que se establecieron medidas de inmediato contra el carabinero que tomó la fotografía y viralizó las imágenes: “Se toma en flagrancia detenido al carabinero identificado como quien saca esta fotografía y posteriormente se tramita su baja“.

La investigación de carabineros finalmente terminó con dos detenidos que hoy se encuentran en prisión preventiva acusados de robo con violencia y homicidio frustrado.  Por otra parte, la Fiscalía investiga los apremios ilegítimos que habrían recibido los jóvenes estudiantes y también indaga la responsabilidad penal del carabinero que los fotografió al interior de la comisaría para luego viralizarlos en redes.

“Yo igual lamento lo que le pasó al carabinero que fue herido (…), lamento lo que le haya sucedido, pero no justifica todo lo que nos pasó a nosotros también. Que se haga justicia y que no vuelvan a ocurrir cosas como esta. Ni a nosotros, ni a ningún otro joven, ni a ninguna otra persona, que no le suceda a nadie más”, finalizó uno de los jóvenes detenidos erróneamente.