Tras los impactantes casos de maltrato infantil en Iquique y Rengo conocidos recientemente, la Defensoría de la Niñez entregó alarmantes cifras sobre abusos contra menores menores de edad. Entre 2021 y 2024, las denuncias por delitos graves como tortura y malos tratos subieron 40,5%, pasando de 414 a 582 víctimas, totalizando 2 mil 30 denuncias.

Uno de los casos corresponde a una niña boliviana de ocho años, vendida por su abuela por 350 mil pesos para trabajar como sirvienta en un campamento de Rengo, donde era castigada, privada de alimento y obligada a dormir a la intemperie. Otro, involucra a un niño de 13 años en Iquique, que era golpeado y obligado a vivir en el patio de su casa por su madrastra. Vecinos denunciaron que había dejado de asistir al colegio y pasaba días sin comer.

Es en este contexto, la Defensoría de la Niñez presentó su Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025, revelando un preocupante aumento de violencia contra menores en el país. En violencia intrafamiliar, en 2024 se registraron 6 mil 476 casos policiales, con una tasa de 145,1 por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes, aún inferior a la prepandemia.

Sobre trabajo infantil, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, EANNA 2023, indicó que un 15,5% de menores trabaja, destacando el trabajo doméstico no remunerado (11,2%) y actividades económicas (5,4%), concentradas en niñas, zonas rurales y regiones del sur del país.

— Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) April 13, 2025

Modificar la institucionalidad y preservar los derechos de niños y adolescentes

La abogada y exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz García —quien lideró la institución desde su creación en 2018 hasta 2023— afirmó que “la situación de la infancia no se encuentra en una gran posición respecto al resto de la población”. En esa línea, sostuvo que, por el contrario, cada día se conocen más episodios “lamentables” relacionados con el aumento de homicidios de niños, niñas y adolescentes, y casos de maltrato brutal en sus propios entornos familiares.

«Es obvio que como sociedad necesitamos reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando con la infancia, en los contextos más inmediatos a su crecimiento, como son la familia, los barrios… pero también amerita una reflexión profunda respecto de lo que hemos sido capaces de hacer como institucionalidad, para realmente cambiar las condiciones de vida en las que los niños viven», enfatizó.

Además, Muñoz recalcó que “el desafío que tiene el rol rector de la Subsecretaría de la Niñez en el sistema de protección, a propósito de la existencia en nuestro país de la Ley de Garantías, es esencial. No podemos avanzar en lo que necesitamos, que es dejar de ver espacios de violencia contra niños, si no entendemos que el foco clave de nuestra atención tiene que estar en la prevención”.

«Por una parte, entender y potenciar lo preventivo resulta esencial. Por otra, también es fundamental que el sistema judicial y la respuesta del Estado frente a casos de maltrato infantil y denuncias de esa naturaleza sean coherentes con la gravedad que estos episodios representan», agregó.

Por su parte, la académica de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y experta en políticas públicas para la infancia y adolescencia, Ana Farías Antognini, afirmó que el diagnóstico presentado por la Defensoría de la Niñez dialoga con los resultados de la Encuesta de Opinión a Niños que está por lanzar el mismo organismo. “No podemos no pensar que este es un grupo que está completamente involucrado en las discusiones que se están dando en el país”, comentó.

La académica de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y experta en políticas públicas para la infancia y adolescencia, Ana Maria Farias. Foto: UAH

En esa línea, Farias advirtió que los niños, niñas y adolescentes perciben la violencia, y sienten que sus derechos son vulnerados, no solo en casos extremos como los ocurridos en Iquique o Rengo. “En la última encuesta, los niños y niñas manifiestan en un alto grado que se sienten inseguros, tienen miedo de andar en la calle, más allá de los casos de violencia extrema. Aquí hay un tema preocupante, no solo respecto a en qué sociedad están viviendo los niños, sino también sobre la percepción de inseguridad que nosotros les estamos transmitiendo”, señaló.

La académica de la UAH subrayó que “la institucionalidad avanza lento en estos temas” y que “el contexto de violencia hacia los niños avanza mucho más rápido”, por lo que se requieren reformas estructurales para atender de manera efectiva sus necesidades.

«El sistema de protección especializada se ha puesto más exigente, pero eso también implica factores que no se están considerando: las listas de espera, las instituciones sobrepobladas, los llamados a licitación que quedan vacantes (…). Hay una responsabilidad que va más allá de una institución u otra», advirtió.

La directora de ACHNU y especialista en infancia, Francis Valverde. Foto: ACHNU

En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, aseguró que “existe una niñofobia, especialmente hacia niños y niñas empobrecidos”. Además, sostuvo que “estamos al debe de una manera muy extrema” en materias de niñez.

«No tenemos políticas de prevención ni de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. No hay formación hacia la ciudadanía respecto a los derechos de la infancia y al respeto que se les debe. Además, la articulación entre Estado, sociedad civil y comunidad es extremadamente débil, y a ratos inexistente», criticó.

Valverde también hizo hincapié en que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección estatal, “si bien no viven vulneraciones graves, sí enfrentan microvulneraciones constantes”, ya que “no están dadas las condiciones para que las instituciones trabajen adecuadamente con ellos y ellas, para que realmente puedan reconstituir vínculos familiares y comunitarios”.