Una nueva ofensiva de la oposición se prepara en el Congreso. Esta vez, el objetivo es el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien responsabilizan por supuestas fallas en el dispositivo de seguridad durante el partido entre Colo-Colo y Fortaleza el pasado 10 de abril, hecho que terminó con la muerte de dos hinchas afuera del Estadio Monumental.

La acusación constitucional, que sería presentada la próxima semana, se convierte en el octavo intento opositor por llevar a juicio político a una autoridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. A diferencia de ocasiones anteriores, en esta oportunidad el tema de fondo —la seguridad pública— tiene mayor sintonía ciudadana y ocurre en pleno periodo electoral, lo que ha generado inquietud en La Moneda.

Desde el Ejecutivo consideran que el libelo carece de fundamentos. Sin embargo, reconocen que el escenario parlamentario está más fragmentado y polarizado que antes. La reciente elección de la presidencia de la Cámara Baja —resuelta por sorteo entre oficialismo y oposición— refleja un equilibrio frágil, con 76 votos por lado, incluyendo abstenciones, viajes y posibles disidencias internas.

El informe que ha circulado desde la Delegación Presidencial recalca que la organización del evento y la logística de seguridad eran responsabilidad directa del club organizador, y que el rol del delegado fue articular y supervisar compromisos dentro del marco normativo. Aun así, la presión política crece.

La acusación ha encontrado respaldo transversal en sectores de derecha y centro, incluyendo a la bancada de Demócratas, y genera dudas en el comité DC, usualmente más afín al Ejecutivo. Parlamentarios como Eric Aedo han llamado directamente a Durán a renunciar.

No obstante, también hay voces desde Chile Vamos que han salido en defensa del delegado. Es el caso de los alcaldes Daniel Reyes (La Florida) y Sebastián Sichel (Ñuñoa), este último sostuvo que “las acusaciones constitucionales no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”.

Desde la Secretaría General de la Presidencia, la ministra Macarena Lobos señaló, a diario La Tercera, que no corresponde desviar la energía del Congreso en una acusación de este tipo. “Debiéramos enfocarnos en sacar adelante la agenda que le puede cambiar la calidad de vida a los ciudadanos”, enfatizó.

La situación también tiene un componente sensible adicional: el rol de Carabineros. Una eventual aprobación del libelo dejaría expuesta a la institución, actualmente investigada por el Ministerio Público en el marco del mismo caso.

Durán, por su parte, ha intensificado sus gestiones políticas, compartiendo minutas internas con parlamentarios críticos y explicando las medidas adoptadas antes del partido. Aunque aún no se define el resultado del proceso, en el Ejecutivo reconocen que el resultado es incierto y que, esta vez, no pueden descartar una derrota parlamentaria.