La UDI anunció que presentará un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que investigue al Presidente Gabriel Boric, luego de que este publicara en sus redes sociales un video que alude directamente a declaraciones pasadas de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre el régimen militar.
Los diputados Henry Leal, jefe de la bancada UDI, y Juan Manuel Fuenzalida, sostienen que el Jefe de Estado habría violado el principio de apoliticidad que rige a los funcionarios públicos, al utilizar sus plataformas personales en horario laboral para difundir contenido político. La acción se fundamenta en el Artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que prohíbe expresamente realizar actividades políticas durante la jornada oficial.
El conflicto se desató luego de que el Presidente compartiera en su cuenta de Instagram una entrevista de 1999 en la que Matthei se refería al golpe de Estado y la posterior dictadura. El Mandatario acompañó el video con un mensaje en el que afirmó: «El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni en 1973, ni en 1983, ni en ningún año. Democracia siempre».
Llevaremos al presidente a la Contraloría por abuso de su cargo y vulnerar el principio de apoliticidad. Ha renunciado a su obligación de resolver los problemas de los chilenos, ejemplos, guarda silencio en los homicidios ocurridos anoche, los 2 jóvenes muertos fuera del estadio pic.twitter.com/yFkTFeJMV2
— Diputado Henry Leal 🇨🇱 (@HenrylealbIX) April 18, 2025
La publicación generó un inmediato rechazo en el entorno de Matthei, quien la interpretó como una interferencia política en el contexto electoral. Desde la UDI argumentan que el Presidente habría incurrido en un uso indebido de su cargo, especialmente considerando que Contraloría había emitido recientemente instrucciones para resguardar la imparcialidad de los funcionarios públicos en período electoral.
Hasta el momento, La Moneda no se ha pronunciado oficialmente sobre el requerimiento, aunque fuentes cercanas al gobierno defendieron el derecho de Boric a expresar su postura sobre temas históricos en sus redes personales. La controversia reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión de las autoridades en ejercicio y su deber de neutralidad política.
