Este lunes 21 de abril se llevó a cabo en el Congreso Nacional una nueva sesión de la Comisión Investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Acción que tenía como objetivo transformar la vivienda del mandatario en un museo, y cuyo proceso terminó con la salida de las ministras Maya Fernández y Marcela Sandoval de los ministerios de Defensa y Bienes Nacionales, respectivamente; además de la destitución de la exsenadora del Partido Socialista, Isabel Allende.

La exministra Sandoval fue una de las partes involucradas convocadas a esta sesión, aunque excusó su participación comprometiendo su asistencia para el próximo 12 de mayo. Quien sí estuvo presente fue la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), Nélida Pozo, quien aseguró en la instancia que desde su unidad se hizo envío de una minuta donde “salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República”.

Según afirmó la directora, tomó “conocimiento de la minuta que nos hizo llegar Paz Carmona (jefa de Gabinete del servicio) y José Cortés (asesor jurídico de la Dirección de Patrimonio Cultural), de hecho, ellos la elaboraron. Yo no informé a la Segpres ni a la Presidencia porque yo, insisto, no tuve ningún vínculo directo o comunicación directa ni con Segpres ni con Presidencia, porque la tarea estaba delegada en las jefaturas legales“.

Una versión que fue reafirmada por Cortés, quien también estuvo presente en la comisión sesionada este lunes. “Se planteó fundamentalmente la existencia de dos autoridades que tenían implicancia jurídica y comunicacional al proyecto, es decir, la viabilidad de este. No se desmenuzó jurídicamente y ese elemento fue materia en un punto de conversación”, reveló el asesor sobre este aspecto, que tuvo lugar en la primera etapa, previo al traspaso de la gestión al Ministerio de Bienes Nacionales.

En esa misma línea, explicó que el rol del servicio era “consignar por escrito las observaciones que nosotros veíamos en ese momento”. “Se redactó esa minuta, que podía alimentar, y que debe alimentar, los procesos posteriores para efectos de la toma de decisiones. ¿Por qué no se consignó específicamente esa situación de la inhabilidad para efectos de la celebración de un contrato? Porque, en definitiva, estábamos en una etapa inicial. La contratación pública tiene varias etapas. El ministro del Interior lo desarrolló de esa forma, la Contralora también”, expresó, añadiendo que el deber del servicio era “consignar esa situación y que tenía consecuencias jurídicas”.

La respuesta de Bienes Nacionales

Sin embargo, las afirmaciones de la directora del Serpat y de Cortés fueron contradichas por el actual ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el jefe de la División de Bienes Nacionales de la misma cartera, Pablo Maino.

“Con respecto a las reuniones (llevadas a cabo) desde julio del año pasado con el Servicio Nacional del Patrimonio, en las cuales estaba presente Bernardita Nazar, José Cortés y otro asesor del Ministerio de Culturas: en esa instancia no se nos presentó una minuta ni se nos hizo saber de su advertencia“, expresó Maino durante la misma comisión.

Versión que fue secundada por el secretario de Estado: “No me consta ningún tipo de advertencia formal ni informal que se haya realizado desde el Ministerio de Bienes Nacionales, teniendo a la vista la documentación que hemos podido recabar. Esto de que hay minutas dando vueltas, la verdad es que, desde el ministerio, no las conocemos. Y lo que yo personalmente conozco por filtraciones de prensa de declaraciones que se han dado en Fiscalía, son minutas que ninguna de ellas advertía de una eventual inhabilidad de una parte vendedora“.

Por otro lado, el ministro Figueroa igualmente comunicó sobre los cambios que han tenido lugar en su cartera desde la explosión de este caso. “Acepté la renuncia de la jefa de la División Jurídica de Asesores Ministeriales y conformamos un nuevo equipo de gabinete. Esto ha sido una situación compleja, pero lo enfrentamos con la confianza de saber que el Ministerio de Bienes Nacionales está integrado por funcionarios y funcionarias sumamente profesionales y comprometidos, que han sido capaces durante la administración del Presidente Boric de lograr grandes y verificables avances en la gestión intencionada de la propiedad fiscal al servicio del país”, sentenció.

Adicionalmente, reveló que requirió al ministerio la elaboración de un “manual de adquisiciones” que, en sus palabras, “ya está aprobado por resolución del subsecretario el primer producto de este proceso: el procedimiento de compra de inmuebles por el fisco”.

“Dentro de las mejoras incorporadas en el nuevo procedimiento se establece que las tres tasaciones del inmueble en cuestión deberán ser, al menos, una realizada por el servicio interesado, una externalizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, y una interna, elaborada por la unidad de fiscalización y tasación del ministerio. Todas ellas deberán ajustarse a la norma chilena 3 mil 685 del año 2021”, desglosó la autoridad.

Sumando, finalmente, que también “se incorpora expresamente una declaración de intereses y previsiones como uno de los antecedentes requeridos a la parte vendedora. Asimismo, se modifica el flujo del procedimiento, anticipando el control de legalidad de la división jurídica a la decisión de la autoridad de ofrecer al privado la posibilidad de vender el inmueble al fisco. El manual de adquisiciones se encuentra en elaboración y en ese proceso se considera incorporar las recomendaciones que, me imagino, tendrá el informe final de la presente comisión investigadora”.