La oposición anunció una acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, por la tragedia que marcó la previa del partido entre Fortaleza y Colo-Colo en el Estadio Monumental que dejó como saldo dos personas fallecidas. Lo que acusan los parlamentarios es que la autoridad sería la responsable de las fallas en materia de seguridad pública el día en cuestión. 

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, evaluó la acusación constitucional como herramienta y afirmó que ha sido utilizada con fines políticos en momentos coyunturales. 

“Cuando estamos en tiempos de polarización, este diseño institucional opera más bien de acuerdo a las coyunturas, por lo tanto una herramienta que debería ser la última en utilizar por parte de los parlamentarios se ha transformado, en el gobierno pasado y en este gobierno con distintas oposiciones, en una herramienta de ataque al gobierno de turno. Ya llevamos 8 acusaciones en este gobierno, si no recuerdo mal”, aseguró en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

El experto aseguró que finalmente este recurso se transforma en una “herramienta rápida mediática para generar una noticia política de acuerdo a una coyuntura muy particular que además no cumple ninguna finalidad, porque se han rechazado todas las acusaciones, eso nos habla de un clima político donde el diseño institucional pasa a un segundo plano”. 

Sobre si la herramienta tiene fallas o debería mejorarse, Jordán indicó que “no está mal hecha, está mal aplicada, que es distinto”. En ese sentido, explicó que podrían corregirse cosas, pero que finalmente es el sistema político el que debe operar de otra manera.

AC contra delegado Gonzalo Durán

El diagnóstico de la utilización política de la acusación constitucional, a juicio del abogado Jordán, es “palpable” en el caso del delegado presidencial Gonzalo Durán. Según el experto, la atribución de los delegados es coordinar los servicios públicos de la región, mientras la seguridad pública corresponde al Ministerio de Seguridad Pública y sus Seremis. 

“Entonces la pregunta es, cómo una persona que tiene a su cargo la coordinación de los distintos servicios públicos va a terminar siendo el responsable de una situación en la cual interviene la policía, el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuál es la traza? Que el único acusable entre el seremi y el delegado, es el delegado, no el seremi. No obstante, legalmente el responsable de la seguridad hoy día es el seremi de Seguridad Pública (…) al final la coyuntura, te mete en ese diseño y dicen, como no podemos acusar al seremi, vamos a acusar al delegado”, indicó el experto.