Continúa la polémica en torno al fallido proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Iniciativa que buscaba convertir la vivienda del socialista en un museo y que, sin embargo, terminó no solo con la salida de Maya Fernández y Marcela Sandoval de los ministerios de Defensa y Bienes Nacionales, respectivamente; sino también con la destitución de la senadora Isabel Allende.

Esto, luego de que se constatara la inconstitucionalidad del proceso por involucrar a dos autoridades de la República. A lo anterior, se suman las nuevas revelaciones consignadas por La Tercera, y que dan cuenta de una comunicación entre el entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y su madre, la socióloga Claudia Serrano, donde se deslizaba una presunta presión por parte de la exparlamentaria del PS para acelerar el proceso de la venta.

Información captada por la PDI en una escucha telefónica contra Crispi llevada a cabo en el marco del caso ProCultura y que terminó con la apertura de una investigación penal contra Allende. “En general, cuando existe alguna investigación criminal, muchas veces se recoge información donde se da cuenta de hechos que, si bien no son materia de la indagación inicial, sí pueden dar cuenta de otros hechos distintos que pueden ser constitutivos de delito. En ese contexto, habitualmente se abren causas nuevas a partir de esos antecedentes“, clarificó el abogado y exconstituyente, Mauricio Daza.

El exjefe de asesores del Presidente de la Republica, Miguel Crispi, durante la comision investigadora Fundacion ProCultura. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

“Al parecer, esto se habría concretado prevaliéndose su cargo de senadora. A partir de esa hipótesis es que se abre esta investigación, que yo creo que sí es plausible”, sumó el especialista sobre los méritos de este hallazgo. “Porque, precisamente, el que un funcionario público le solicite a otro la realización de gestiones en su favor, refleja que estamos frente a una hipótesis de tráfico de influencias“.

De todas formas, el abogado es claro al señalar que, aunque la información conocida hasta el momento no es suficiente para sostener que el delito haya sido concretado, “sí es suficiente para iniciar una investigación a fin de determinarlo o descartarlo”.

“Lo importante es entender que el tráfico de influencia, para que se concrete, involucra que exista una petición concreta por parte de un funcionario público, que en este caso sería una senadora, a otro, que no conocemos quién podría haber sido en concreto, para los efectos de gestionar un interés personal o un tercero. En este caso, el interés sería el que se apurara una compraventa de una propiedad donde Isabel Allende era una de las dueñas”, explicó Daza sobre las características de un delito como el sugerido en las escuchas a Crispi.

“Pero faltan varios eslabones que poder establecer. Primero, conocer si esa comunicación concreta existió. Porque, finalmente, Miguel Crispi habla de que él sabría que esto se habría concretado, pero no tenemos la evidencia de un contacto específico. Saber a quién le pidió y cómo lo pidió. Entonces, falta mucho para poder definir si es que efectivamente hay o no un delito, pero sí, a lo menos, existe un indicio. Y cuando hay un indicio de delito, es obligación de la fiscalía abrir una investigación, sobre todo cuando puede tratarse de delitos de corrupción cometidas por altas autoridades”, recalcó el exconstituyente.

Isabel Allende destituida como senadora. Raul Zamora/Aton Chile

Los coletazos para La Moneda

Más allá de lo estrictamente judicial, los nuevos antecedentes del caso igualmente complican la versión sostenida durante estos meses por el Ejecutivo. “Desde el punto de vista político, la verdad que esto deja más en el piso aún la credibilidad de la versión que se ha levantado por La Moneda y por las propias involucradas, donde está la exministra Fernández y la exsenadora Allende, respecto de que ellos desconocían el que existía una inhabilidad por parte de la ministra y la parlamentaria para poder hacer este contrato con el fisco”, sentenció Daza,

“La verdad es que esa no es una versión creíble. La prohibición se encuentra en la Constitución. Es bastante clara y es conocida por parte de quienes han ejercido cargos parlamentarios. Entre ellos, obviamente se encuentra Maya Fernández, quien incluso fue presidenta de la Cámara de Diputados, y además Isabel Allende, que llevaba 30 años de parlamentaria, habiendo sido presidenta de la Cámara y del Senado”, añadió.

Un conocimiento que, para el abogado, también es presumible al Presidente Gabriel Boric, “que fue diputado de la República. Por lo tanto, estaba en condiciones de conocer cuáles son las prohibiciones a las cuales están afecto los parlamentarios”.

Ex ministra de Defensa, Maya Fernández. Foto: Aton.

“En nuestra legislación se establece que la ley es presumida como conocida por todos, pero es una presunción que muchas veces es una ficción. En la realidad, las personas en general no conocen las leyes. Sin embargo, también en la realidad concreta, los diputados, y sobre todo si han tenido algún tipo de cargo importante en la Cámara, lo mismo que los senadores, sí conocen aquello que pueden hacer o no hacer. De hecho, yo mismo fui asesor legislativo durante 12 años en el Senado y puedo dar fe de que los senadores conocían de estas prohibiciones“, recalcó el abogado.

“Muchas veces a mí me consultaban acerca de determinados contratos y si esto afectaba o no la prohibición de contratar con el fisco. Esta no es una materia de la que no se hable o que sea desconocida por los parlamentarios. Es conocida en la práctica, materialmente por ellos. Que se aparezca diciendo que esto era sorpresivo, la verdad que es muy inverosímil”, indicó.

Por último, el abogado señaló que “con esto que se descubrió se tira por la borda la tesis de que acá no habría existido ninguna gestión para beneficiarse económicamente por parte de Isabel Allende. Pero esto, en todo caso, tiene que ser verificado y ratificado a partir de nuevos antecedentes que se puedan reunir en la investigación, cosa que todavía está pendiente”.