Desde el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes, Amnistía Internacional presentó su informe 2024/25, en el que advirtió un retroceso en materia de derechos humanos tanto en Chile como a nivel global. La actividad contó con la presencia de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, así como también con parlamentarios, representantes de la política internacional y organizaciones de la sociedad civil.

Para la presentación se llevó a cabo un panel de conversación moderado por Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, que contó con la participación de Catalina Bosch, directora de la organización Migrantes; Lucía Dammert, académica de estudios políticos de la Universidad de Santiago de Chile; y Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.

“Desde Amnistía Internacional hemos advertido los retrocesos en materia de derechos humanos”, afirmó Bustos al inicio del encuentro. “Hemos visto cómo los temas de migración y seguridad son instrumentalizados en el contexto de las elecciones de este año para obtener provecho político”, agregó.

Las y los panelistas coincidieron en que lo anterior no solo distorsiona el debate público, sino que también profundiza la estigmatización hacia comunidades como las migrantes y refuerza discursos de exclusión. Además, advirtió que aquello desvía la atención de soluciones estructurales y vulnera principios básicos de equidad.

Por otro lado, el informe destacó que en agosto se dictaron las primeras sentencias condenatorias contra miembros de Carabineros por actos de tortura durante las protestas de 2019, subrayando avances en casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien estuvo presente en la actividad y se encuentra en juicio contra Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, del cual recientemente se publicaron siete videos que documentan su actuar durante el estallido social de 2019. 

Panel de conversación sobre el informe de Amnistía Internacional 2024/25. Foto: Amnistía Chile.

En el texto también se mencionan irregularidades en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, especialmente por el uso de un software cuestionado, lo que generó inquietud entre las familias. A pesar de las complicaciones, se reconocieron algunos logros en su ejecución, como la entrega de carpetas a los familiares o la validación participativa de una cifra oficial de personas desaparecidas. 

A su vez, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, enfatizó que persisten las preocupaciones por el limitado apoyo estatal a los sitios de memoria, señalando que “cumplen un rol esencial y permanente para no repetir la historia”.

“Contrario a lo que solemos escuchar desde los sectores electorales, aquí no hablamos de un tema del pasado, sino de un tema insalvable para el presente y para el futuro. Porque a partir de estas decisiones se diseña el tipo de país y sociedad que queremos construir. A quienes sostienen que las muertes y otros crímenes de la dictadura eran inevitables, les decimos con toda firmeza que la violación de los derechos humanos jamás es inevitable y debe ser condenada, sin matices, excusas y sin demora”, manifestó en su alocución

En los capítulos también destacaron la firma por parte de Chile de la Convención de La Haya de 2023, lo que representa un paso relevante hacia la rendición de cuentas por crímenes como el genocidio y los delitos de lesa humanidad. No obstante, el documento evidenció que persisten barreras para acceder a servicios de aborto, incluso en los casos permitidos por la ley, como la violación. 

Otro de los temas abordados fue la situación de la población migrante y refugiada, especialmente venezolana, que enfrenta crecientes obstáculos y vulneraciones de derechos. La vocera de la organización Migrantas, Catalina Bosch, señaló que “este informe es muy importante porque da cuenta del peligro en el que nos encontramos a nivel global y también en Chile respecto al resguardo de los derechos humanos. Las áreas más preocupantes para nosotras son todos los derechos que se vulneran a las personas desplazadas, migrantes y refugiadas”.

“Cada vez tenemos más reportes de experiencias de racismo, xenofobia y discriminación en los espacios laborales, en el transporte público, en las escuelas contra niños y niñas, también en los medios de comunicación y en el espacio político. Esto no se trata sólo de no discriminar, sino de comprometernos por crear un contexto que garantice la no discriminación”, concluyó Bosch.

En tanto, en la actividad se recalcó que, si bien se implementaron medidas por parte del Gobierno, persisten deudas estructurales en materia de verdad, justicia y reparación a la dignidad de las personas. A juicio de los expositores el respeto irrestricto a los derechos humanos no puede ser condicionado ni postergado, especialmente en un contexto global donde las libertades fundamentales se ven cada vez más amenazadas.