Una nueva arista del caso por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende surgió tras el “pinchazo” a Miguel Crispi, exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. La interceptación reveló una conversación con su madre en la que aludía a presuntas presiones de la exsenadora Isabel Allende para acelerar el trámite.
Y es que Crispi era parte de los investigados por la Fiscalía en el caso ProCultura por traspasos de fondos a fundaciones. Según consignó el medio Ex-Ante, fuentes del caso indicaron que grabaciones obtenidas de otro de los investigados, Alberto Larraín, fundador de ProCultura, se habrían interceptado informaciones relacionadas con el Presidente Gabriel Boric. Esto, habría llevado al fiscal Patricio Cooper a solicitar la intervención del Mandatario, la que fue finalmente rechazada.
Las alarmas se encendieron inmediatamente en La Moneda. La ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, en horas de la noche debió zanjar una postura clara sobre las conversaciones de un Jefe de Estado. “Son, en muchos casos, con presidentes de otros países. Son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, economía, en materia de seguridad”, recalcó.
Es por esto que Etcheverry advirtió que dichas conversaciones de un Presidente “tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros podrían, eventualmente, comprometer la seguridad nacional”.
Desde el Ejecutivo no solo instaron a tener cuidado con llamadas que pueden poner en riesgo la seguridad del país, al tratarse de conversaciones del Presidente de la República, sino que también en casos como el de Miguel Crispi, la Fiscalía debe acreditar la medida intrusiva y si el caso ProCultura ameritaba la intervención del teléfono del Presidente Boric.
Dudas sobre Fiscalía
Las constantes filtraciones de investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía han tenido duros cuestionamientos por parte del oficialismo. Incluso, se ha acusado “intenciones políticas” por estos actos.
Entre las repercusiones que han surgido en las últimas horas, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, solicitó también que sea el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien explique la situación, argumentando un “frenesí” y “descontrol” del fiscal Patricio Cooper.
Santana acusó que a Cooper se le “está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional”. Por lo anterior, anunció que si el jefe del Ministerio Público no toma medidas en el caso, se solicitará este lunes la remoción de Cooper de la investigación.
Mientras, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, dudó sobre las intenciones detrás de las diligencias del fiscal Cooper. “Yo no sé ustedes, pero yo me hago preguntas: ¿Porqué si el señor Crispi estaba involucrado, según la Fiscalía, en algo que había ocurrido hace dos años, le seguían escuchando las conversaciones dos años después? Yo creo que eso requiere una explicación”, manifestó el diputado.
Durante su participación en el panel de Radioanálisis, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, orientó la discusión por la pérdida de confianza sobre la Fiscalía. “Todas las personas están sometidas a la posibilidad de ser investigadas, pero si eso pone en riesgo otras cosas, tiene que ser proporcional, y espero que se explique la racionalidad”, planteó.
“Lo más relevante es que se determinen acciones concretas para combatir estas filtraciones. Para investigar de donde han venido en el caso de las que han ocurrido y para evitar que ocurran en el futuro. Si se pone un manto de dudas sobre la acción de la Fiscalía, si cualquier persona tiene temor a ser investigada aunque no haya hecho nada, por el riesgo de que esa investigación llegue a la prensa por otros intereses, nadie va a confiar en la Fiscalía”, complementó con preocupación el secretario del Frente Amplio.
Por otro lado, el senador Daniel Núñez (PC) enfatizó que la “privacidad del Presidente es un asunto de Estado” a través de una publicación en X.
“La solicitud de intervenir su teléfono revela una peligrosa intención: tratar de enlodar su imagen”, mencionó el parlamentario, comparando como al expresidente Sebastián Piñera por casos como Dominga y Exalmar “nunca lo tocaron”.
La privacidad del Presidente es un asunto de Estado. La solicitud de intervenir su teléfono revela una peligrosa intención: tratar de enlodar su imagen.
A Piñera, pese a Dominga y Exalmar, nunca lo tocaron. ¿Doble estándar? https://t.co/djZvie6drV
— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) April 29, 2025
Por todo lo sucedido, desde el Gobierno evaluaron tener una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar antecedentes y claridad sobre la eventual intervención del teléfono del Presidente Gabriel Boric. Decisión que no cayó bien en la oposición y que fue cuestionada por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, quién afirmó que la medida del Ejecutivo es un “exceso” e “interfiere en la autonomía del Ministerio Público”.
“Cosas que están prohibidas constitucionalmente para que este gobierno pueda hacerlo. Otra cosa es la rigurosidad que debe tener el Ministerio Público siempre en las medidas que solicita para no atentar contra las libertades individuales garantizadas en la Constitución”, sostuvo.
