Distintas figuras oficialistas pidieron explicaciones luego de que el miedo Ex-Ante diera a conocer que, en el marco de la investigación por el caso ProCultura, el fiscal Patricio Cooper habría solicitado intervenir el teléfono celular del Presidente Gabriel Boric. Una petición que habría sido rechazada por el Juzgado de Garantía.

Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, pidió que el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregue explicaciones. También trascendió que desde el mismo Gobierno evaluaron tener una reunión con la máxima autoridad del Ministerio Público, lo que no gustó en la oposición y acusaron “interferencia en la autonomía” de la Fiscalía. 

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y académico del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, Julián López, se refirió al uso de las intervenciones telefónicas en investigaciones judiciales. “Es probablemente una de las medidas intrusivas más serias que tenemos dentro de nuestro código procesal penal. Es una medida que tiene requisitos extremadamente exigentes para ser utilizada”, explicó.

En esa línea, el experto detalló bajo qué circunstancias se puede optar por el “pinchazo”. Según sus palabras, solo puede llevarse a cabo en “una persona que tiene la calidad de imputado”: “Tienen que haber fundadas sospechas de que esa persona participó de la comisión de un crimen. Y aquí hay otro elemento, tiene que tratarse de la investigación de uno de los hechos más graves que contempla el ordenamiento, no basta de simple delito de falta”.

“Lo más importante es que tiene que tratarse de una medida que se le determina como imprescindible. Y en la palabra imprescindible se expresa que no haya otra manera de investigar el hecho. Entonces, se trata de una medida en la cual uno tiene que suponer que hay un control muy estricto de cumplimiento de estos requisitos, tanto por parte del Ministerio Público como por parte del juez de garantía al que se le solicita la orden”, detalló López.

Ante las críticas opositoras por la petición del Ejecutivo de que la Fiscalía de cuenta de los motivos para haber solicitado la intercepción de las llamadas del Presidente de la República, el abogado señaló que: “Si un gobierno, independiente de cual sea, se dedicara públicamente a pedir explicaciones al Ministerio Público de investigaciones que está llevando, creo que todos lo consideraríamos un acto reprochable e interferencia”.

“Pero cuando resulta que se está poniendo en entredicho la condición procesal de las autoridades de gobierno, y en este caso de nada menos que del Presidente de la República con una filtración que no es explicada, a mí me parece que es razonable que se le pida una explicación, es lo que haría cualquier abogado defensor”, enfatizó.

Por otro lado, respecto a las filtraciones sobre investigaciones en curso, López sostuvo que “estamos en una situación de desborde acerca del control de la información que es recopilada por el Ministerio Público”. “La frecuencia con la que nos estamos enterando del contenido de estas investigaciones es una cuestión que resulta realmente alarmante, porque va en contra de las reglas legales que regulan todas las instituciones”, cuestionó.

El académico del Departamento de Derecho Procesal de la U. de Chile destacó que no comparte la postura de Ángel Valencia en cuanto a que “la responsabilidad por las filtraciones no es de los fiscales, sino que de los intervinientes que reciben copias de la investigación”.

En ese sentido, señalo que le “llama tremendamente la atención que en todo este tiempo la Fiscalía no muestre capacidad para determinar quiénes son los autores de las filtraciones“, siendo el órgano encargado de la persecución penal y de investigar delitos en Chile. Además, hizo hincapié en que tanto jueces como fiscales y abogados cumplen un rol importante en la protección de antecedentes de las causas judiciales, por lo que el resguardo de la información es una  responsabilidad compartida entre dichos actores.