El pasado 2 de mayo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sometió a consulta pública una normativa que eliminaría el feriado bancario del 31 de diciembre. El plazo para recibir observaciones vence el 27 de mayo, y la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los trabajadores del sector.
La iniciativa forma parte de ajustes a la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos (RAN), en línea con los artículos 37 y 38 de la Ley General de Bancos, modificados por la Ley Fintech (N°21.521). El objetivo declarado es modernizar los canales de atención al público, pero los sindicatos acusan que la medida desconoce derechos laborales históricos.
La Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero emitió un comunicado rechazando la propuesta, señalando que “lesiona derechos laborales” y “desconoce la realidad del sector”. Además, critican que la CMF no haya considerado el impacto operativo y humano de eliminar un día no laborable consolidado por décadas.
“El 31 de diciembre se ha convertido en un derecho esencial, y su eliminación inconsulta daña el ambiente laboral”, afirmó la organización. Los trabajadores argumentan que la medida contradice el discurso oficial de fomentar la digitalización, ya que forzar la apertura física ese día desincentivaría el uso de canales electrónicos.
La crítica también apunta a la falta de diálogo con los empleados. “La CMF ignoró a más de 60 mil trabajadores, demostrando desconocimiento de cómo opera esta industria“, agregaron. El sindicato cuestiona que la norma se presente como técnica cuando, a su juicio, carece de sustento real para mejorar la competencia financiera.
Otro punto de conflicto es que la apertura del 31 de diciembre tendría un impacto limitado en la atención al público, dado que la actividad bancaria suele reducirse drásticamente después del mediodía. Los sindicatos ven en esto una medida simbólica que no resolvería problemas de acceso a servicios financieros.
Además, advierten que la flexibilización de horarios en el sector bancario ha ido acompañada de despidos y mayor presión laboral. “La CMF parece olvidar que detrás de las tecnologías hay personas, y estas reformas solo intensifican la precarización”, señalaron.
Los trabajadores acusan a la CMF de extralimitarse en sus funciones, invadiendo competencias propias del Ministerio del Trabajo. “Eliminar un derecho histórico sin argumentos sólidos es un abuso de atribuciones”, sostuvieron, exigiendo una postura clara de las autoridades laborales.
La organización también alertó sobre un posible debilitamiento democrático, al suplantar roles que deberían corresponder al Congreso. “Esta norma se impone sin consenso, ignorando a los actores directamente afectados“, remarcaron.
Finalmente, los sindicatos exigieron transparencia en los fundamentos de la medida y demandaron que el gobierno se pronuncie. “No aceptaremos retrocesos en derechos conquistados en medio siglo sin una discusión seria”, concluyeron, dejando en claro que la resistencia a la norma continuará si no hay rectificaciones.
