Los límites en la proyección del gasto fiscal se tomaron la agenda de los presidenciables de derecha. Tanto Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei coincidieron, en el marco de la semana de la Construcción, en una política de recorte masivo apuntando al empleo y a la contratación pública. Todo, en medio del informe elaborado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que planteó alertas en torno a las medidas de Hacienda para reducir el déficit fiscal.

La candidata de Chile Vamos reiteró que apuntará a una reducción en 6 mil millones de dólares, eliminando como parte del plan “todos los (empleos) que se pueda sacar de acuerdo a las normas de hoy en día”. Otros, como el candidato republicano, cifraron en 50 mil empleos su meta. Mientras, al mismo tiempo, enarbolaron como objetivo mejorar la eficiencia del Estado.

María Cecilia Cifuentes, asesora económica del equipo de Matthei, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que existe un problema en la asignación de los cargos: “Se trata de tener mejores servidores públicos y no estoy hablando necesariamente de todos los problemas que se están conociendo ahora de corrupción”, explicó.

“Obviamente, para la corrupción no hay espacio, pero sí muchas veces cargos que se designan a personas que sin ser malas personas, a lo mejor personas perfectamente capacitadas, no están cumpliendo la función para las que están preparadas. Aquí hay un problema y se ha dado también en gobiernos anteriores, de entregar a veces cargos en el Estado como premios de consuelo por fracasos en campañas políticas, y esto es un problema que se da en forma bastante importante en regiones”, sumó

Consultada si la reducción pone en riesgo la eficiencia del Estado, Cifuentes respondió que “uno puede mejorar la eficiencia poniendo en cada función a las personas que son capaces de ejercer en buena forma esa función”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En relación al plan de los 6 mil millones de dólares, la economista detalló que se trata de “generar espacios de mayor eficiencia en la utilización de los recursos y dado que hay necesidades sociales y la reforma previsional que demandan recursos, pero no hay espacio para que el gasto crezca, se va a tratar de buscar esos espacios en hacer el gasto más eficiente y en recuperar algunos ingresos que se deberían estar obteniendo y que no se están logrando”.

Por ejemplo, en temas de fraude de licencias médicas, evasión en el Transantiago y el contrabando de cigarros. “Estamos hablando de cantidades muy importantes de ingresos que se dejan de recaudar básicamente por problemas de control. El Estado no está siendo eficiente en controlar la informalidad”, sostuvo.

Como respuesta, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), reprochó que nuevamente desde la derecha surjan estos relatos para “confundir” a la ciudadanía y que propician el desempleo. “No es responsabilidad de las y los trabajadores públicos los buenos programas o diseños en este Estado subsidiario que entrega muchos recursos ya a los privados, ni de cómo se elaboran los programas que requiere la ciudadanía”, dijo.

“Nosotros declaramos que incluso tenemos déficit de dotación porque ya los ajustes presupuestarios están asfixiando a los servicios públicos porque no tenemos la suficiente dotación para prestar mejor servicio de calidad. Lo hacemos igual porque tenemos vocación pública. Ya estamos disminuidos, ya estamos en este Estado subsidiario afligido, que precariza nuestras condiciones laborales. Eso es un mal ejemplo”, afirmó.

Foto: Jornada de movilizacion nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Una discusión que se agudizó luego de conocida la alerta emitida por el CFA en su Informe Semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional. Desde el ente, advirtieron que las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda han sido insuficientes y a destiempo para lograr el objetivo de reducir el déficit fiscal.

En tanto, el jefe de dicha cartera, Mario Marcel, sostuvo que desde el Ejecutivo se ha limitado la expansión en el gasto público y que otras modificaciones son facultad del Congreso Nacional.

En esa línea, desde Hacienda mencionaron que “el punto de inflexión” es “en cierta medida una consolidación de ese cambio de dirección, dado que durante este periodo se ha reducido significativamente el ritmo de expansión del gasto público. Pese a eso, nos parece que el foco que se pone en ese informe es un foco de corto plazo de recortes administrativos en el curso del año, nos parece que no da cuenta de la magnitud de ese desafío”.

“Requiere modificar la legislación porque gran parte del gasto público está fijado por ley. No es materia de una decisión discrecional del Ejecutivo“, añadió.

Cabe señalar que este debate se abrió el año pasado, cuando desde la oposición se enrostró el presunto contrato de 100 mil funcionarios públicos que el Gobierno rechazó en varias ocasiones. La cifra “se obtiene de encuestas de empleo, que son autoreportadas por las personas, y dentro de lo que se entiende por empleo público se incluyen áreas que van más allá del Gobierno Central, es decir, también de municipios, universidades”, fue la explicación que, en su momento, entregó el titular de Hacienda.