La urgencia se apodera de las reparticiones públicas para enfrentar la situación destapada por la Contraloría General de la República en el informe que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos haciendo mal uso de licencias médicas. Este lunes el Presidente Gabriel Boric endureció el tono contra los implicados.

“La postura del gobierno, y la mía personal, es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”, declaró el Mandatario en el marco de su visita a Puerto Varas, agregando que “hay muchos de ellos (funcionarios) que debieran ser destituidos”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien quedó a cargo de dirigir el Comité Nacional de Ausentismo para fiscalizar el uso de licencias médicas, entregó un plazo para la realización de los sumarios. Esta mañana anunció que, mediante un oficio, se le hizo saber a todas las instituciones comprometidas que tienen 30 días para informar del estado de los sumarios.

“Sabemos y se han citado varios casos, de sumarios que pueden demorarse mucho tiempo, que pueden suspenderse, interrumpirse. No queremos que eso ocurra y queremos que los sumarios procedan con toda la rigurosidad y urgencia que amerita la situación”, advirtió.

La preocupación del secretario de Estado por el impacto de estos casos en las diversas instituciones ha sido evidente en los últimos días. Incluso, remarcó que “venimos trabajando en esto desde hace un año y medio, desde que empezamos a ver las cifras de exceso de licencias en comparación con la situación previa a la pandemia”.

Ministro Marcel sobre licencias médicas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Al respecto, tras una reunión con la fiscal Lorena Parra, quién encabezará la investigación del caso, los senadores del Partido Socialista, Alfonso de Urresti y Juan Luis Castro también apuntaron a la urgencia de encontrar responsabilidades tanto individuales como políticas, así como de avanzar en medidas sobre la materia.

“La responsabilidad es penal y administrativa, y debe abordarse caso a caso. Hay situaciones de reiteración, de gran envergadura, incluso con jefaturas involucradas. Por eso se requieren sanciones drásticas y con urgencia”, indicó de Urresti.

Sí bien el caso ha permeado a diversas instituciones del sector público, el parlamentario socialista alertó que “es fundamental que los distintos servicios del Estado asuman también su responsabilidad política”. “Espero que en los distintos servicios se ejerza también la responsabilidad, primero política, sobre quienes no hicieron el trabajo o sobre aquellas personas que, siendo de confianza del Ejecutivo, incurrieron en este tipo de situaciones. Por otro lado, es importante seguir cruzando información de aquellos servicios que no estaban sujetos a la fiscalización de Contraloría”, destacó.

Impacto sobre las instituciones

Los esfuerzos del Ejecutivo también han estado puestos en alejar los coletazos del Gobierno. Esto, con vistas a la realización de la última Cuenta Pública del Presidente Boric este domingo 1 de junio. Si bien el ministro Marcel expuso que el “exceso” de licencias médicas se estimaba en alrededor de 10 días hábiles al año para el gobierno central, recordó que “el informe de Contraloría también abarca las municipalidades”.

En total, de acuerdo con lo señalado por el ente contralor, son 788 entidades las que se distribuyen las 35 mil 585 licencias médicas fraudulentas. En el caso específico de las municipalidades, a nivel país son más de 300 las que se han visto impactadas.

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Javier Salvo/Aton Chile

Quién salió en defensa de los municipios fue el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri (Ind-RN), que fue tajante al mencionar que “nos tiene que dar vergüenza a todas las instituciones del país”.

“Los municipios tenemos más y es evidente porque somos muchos más de Arica a Magallanes. Ahora, hacer responsable a los municipios de esto, no. No porque fallaron otras instituciones antes. Tenemos que trabajar en conjunto para modernizar el Estado y las personas involucradas tienen que salir”, señaló Alessandri.

Más control en las instituciones

La contralora general, Dorothy Pérez, junto con entregar antecedentes del informe ante la Comisión de Salud del Senado, profundizó en algunos casos donde se afectó a las instituciones públicos y apuntó contra “funcionarios que se repetían muchas veces ingresando o saliendo del país”.

En este aspecto, la contralora detalló que existen casos de 125 funcionarios que registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país, y 51 con más de 31 entradas/salidas. Esto, produciendo un impacto directo en servicios o municipalidades donde se desempeñan dichos trabajadores.

Contralora general, Dorothy Pérez. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Hay algunas comunas, que nos llamó mucho la atención, donde, todos los casos que presentamos, correspondían solo a una o dos personas. Que, sin embargo, como ingresaban y salían múltiples veces del país durante su reposo, abultaban el número del municipio o del servicio. Pero en ocasiones se trataba de una cantidad menor en cuanto a número de funcionarios, sin embargo, tenían muchos viajes en ese lapso”, explicó Dorothy Pérez.

A raíz del caso, la contralora realizó un llamado a “insistir en que tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Control”. A juicio de la autoridad, uno de los problemas en los servicios públicos es la falta de control interno en las distintas reparticiones públicas.

“Esto tiene que operar en red. Las superintendencias son organismos especialmente llamados a hacer labores de control. Pero no solo las superintendencias, también otras instituciones públicas, porque cada una de ellas en su ley orgánica tienen tareas de control, que a veces se les olvida a las jefaturas que tienen que cumplir esas tareas”, sentenció Pérez.

Hasta la fecha, el impacto ha afectado a todos los sectores. En el Ejecutivo, a la renuncia del funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Raúl Domínguez, se sumó recientemente la renuncia de Marcos Barraza como asesor del Ministerio del Trabajo. También, el Partido Republicano debió suspender la militancia del alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, por verse involucrado. Incluso, desde el Colegio Médico su vicepresidente, Iván Mendoza, cesó su cargo por “eventual inclusión” en la controversia que pesado sobre el sector público.