Luego del ultimátum de 72 horas entregado por el Ministerio de Hacienda a las secretarías de Estado y servicios públicos dependientes de la administración central, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, informaron este martes la cifra de funcionarios con sumarios iniciados tras hacer mal uso de licencias médicas para salir del país.

En primer lugar, Marcel explicó que el sumario administrativo consiste en un cuestionario simple de tres preguntas relativas a la causal de la licencia, los viajes o el viaje que se realizó y el motivo de dicha salida al extranjero, todo sin necesidad de testigos. Del proceso quedaron fuera Capredena, tres SLEPS y PRODEMU.

En cuanto a las consecuencias de los sumarios, hay administrativas y otras de carácter penal, tales como el rechazo de las licencias frente al asegurador, la devolución de los fondos, la destitución o la suspensión con reducción de sueldos “en función de las circunstancias agravantes o atenuantes”.

Así, el jefe de Hacienda señaló que “estamos hablando de 12 mil 500 casos en la administración central, que puede dar lugar a más de una licencia por funcionario. Eso en términos de números de funcionarios equivale más o menos a 8 mil“.

“Hay algunas diferencias entre lo informado públicamente por la Contraloría y lo reportado por los servicios, pueden ser cosas metodológicas, el hecho de que un funcionario este contado dos veces o que haya un reporte errado por parte del servicio, todas esas cifras se van a ir depurando“, explicó.

En cuanto a la información entregada por los ministerios y servicios públicos, Marcel explicó: “Todos los ministerios iniciaron procesos sumariales, hay 131 instituciones que ya iniciaron sumarios, lo que considera a los ministerios. Los funcionarios con inicio de sumarios son 6 mil 592, pero dado que hay 7 mil 990 involucrados en los casos reportados por la Contraloría esta diferencia se explica por básicamente dos factores, primero, porque hay mil 102 funcionarios que ya no están en el servicio y, en segundo lugar, porque hay 272 que ya estaban siendo sumariados por esta causal”.

“Se estima que aproximadamente uno de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que nueve habían iniciado sus funciones en los años anteriores“, precisó.

El énfasis anterior en línea con lo que ha sido la defensa del Gobierno frente a dardos de la oposición que, bajo este escenario, han instado a realizar una autocrítica. Así, reafirmando lo que fue la declaración del Presidente Gabriel Boric, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que todos los antecedentes, recabados de los sumarios e informes, serán remitidos hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las correspondientes demandas y querellas criminales.

Pero, además, enfatizó en que la mayoría de los casos no corresponden al gobierno central. “El 60 % de los casos corresponden a municipios, el 36 % a la administración central del Estado y el 4 % a los universidades, empresas públicas y Gobiernos Regionales”, valorando “la decisión de aquellos alcaldes que están adoptando medidas similares a las del Gobierno que esperamos se apliquen también en todos los organismos y servicios descentralizados”, dijo.

Pese a ello, hay parlamentarios que buscan aprovechar esta instancia para pedir al Gobierno mayores medidas de fiscalización de cara a la Cuenta Pública. El senador y miembro de la comisión de Salud, Francisco Chahuán, solicitó urgencia al proyecto que crea un órgano independiente contralor para el sector de salud privado y público en miras de proteger el presupuesto destinado precisamente a este ítem.

“Estas defraudaciones que se dan en el sector público también se dan en el sector privado. Y lo que se afecta fundamentalmente es el presupuesto de salud. Ese financiamiento entra a competir con el ahogo financiero que hoy día tienen los hospitales públicos, con el cierre de nueve pabellones del Van Buren”, dijo.