Diputado Ojeda sale de prisión preventiva y queda con arresto domiciliario total

El desaforado parlamentario enfrenta cargos por el delito de fraude al fisco en el contexto del caso Convenios, en la arista conocida como "manicure", en la que se investiga el destino de más de $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía.

El desaforado parlamentario enfrenta cargos por el delito de fraude al fisco en el contexto del caso Convenios, en la arista conocida como "manicure", en la que se investiga el destino de más de $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía.

El Juzgado de Garantía de Temuco modificó la medida cautelar de prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo y cambiarla por arresto domiciliario total previo pago de una fianza de $40 millones.

Así lo determinó la magistrada Marcia Castillo Monjes en una audiencia de revisión de cautelares realizada la mañana de este viernes en el tribunal de la capital regional de La Araucanía.

Ojeda ha entrado y salido de la cárcel en los últimos meses. El pasado 3 de enero fue la primera vez que quedó privado de libertad, debiendo recluirse en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Tres meses después, el 3 de abril, se le dictó arresto domiciliario total tras pagar $40 millones.

Diputado Ojeda vestido de traje sentado en un tribunal, con expresión seria, observado desde detrás de una barrera.
Diputado Mauricio Ojeda en el Juzgado de Garantía de Temuco. Ricardo Ulloa/Aton Chile

Sin embargo, esa cautelar le duró poco, ya que el 10 de abril la Corte de Apelaciones de Temuco, a solicitud de la Fiscalía, decidió decretar nuevamente prisión preventiva en contra de Ojeda. Como resultado del fallo, el dinero de la fianza fue devuelto.

Ojeda enfrenta cargos por el delito de fraude al fisco en el contexto del denominado caso Convenios, específicamente en la arista conocida como “manicure”, en la que se investiga el destino de más de $730 millones que el Gobierno Regional de La Araucanía entregó a las fundaciones Folab y Educc.

En el marco de los convenios firmados, los dueños de dichas fundaciones recibieron estos recursos desde la gobernación con el supuesto objetivo de financiar cursos de peluquería, manicura y pedicura para mujeres vulnerables provenientes de Temuco y Padre Las Casas, lo que nunca ocurrió.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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