Han pasado casi siete meses desde la última vez que la dirigente mapuche y medioambiental, Julia Chuñil, fue vista por última vez. Desde su desaparición, la investigación llevada adelante por el Ministerio Público para conocer el paradero de la activista ha sido bastante criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y sociales debido a su lentitud. Por su parte, las abogadas de los hijos de Chuñil: Mariela Santana, Karina Riquelme y Carmen Caifil han denunciado atropellos en contra de la familia de la dirigente mapuche. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y quien representa a Javier Troncoso Chuñil, Mariela Santana, sostuvo que estamos en un contexto de investigación “probablemente por una desaparición forzada de una dirigente mapuche, mujer y defensora del ambiente“.

Santana puntualizó que la “investigación no ha sido apegada al rigor mínimo que exige la ley, las garantías procesales, teniendo en cuenta que en este tipo de investigaciones y cuando se trata de grupos de especial protección como al que pertenece la señora Julia Chuñil y su familia, no solamente se requiere cumplir con el mínimo rigor, sino que se deben cumplir con estándares mayores de rigurosidad y evidencia en torno a la investigación y eso, a nuestro juicio, es lo que no se ha cumplido“.

La abogada Mariela Santana. Foto: @DDHHRegionMaule.

La abogada del CODEPU detalló que en estos casi siete meses de investigación no han “habido muchos avances”. Además, criticó la constante rotación de fiscales en la causa, lo que ha provocado, según su juicio, una constante “estigmatización” de la familia de Chuñil. Asimismo, criticó la filtración de la carpeta investigativa a medios de comunicación cuando ésta era reservada.

“En esta etapa de la investigación, nosotros queremos que se respeten y exigimos que se respeten las garantías procesales, constitucionales, que se respete la calidad de personas pertenecientes a pueblos originarios, que se les haga partícipe en la investigación, que se aplique el protocolo de personas defensoras de derechos humanos, que se apliquen los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas a las cuales el Estado chileno ha adherido“, esgrimió.

En diálogo con nuestro medio, la abogada Karina Riquelme, quien representa a Pablo San Martín Chuñil desde abril de este año, manifestó que al estudiar los antecedentes del caso, se pudo percatar que su representado tenía el temor de “ser víctima de un montaje por carabineros por allanamientos y diligencias que se estaban llevando a cabo y que habían sobrepasado lo que para ellos y para su entender debería ser ajustado a la norma“.

“En este sentido, para poder confirmar que eso realmente era así nos citamos a todos los hijos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos con la directora regional y por primera vez escuché el relato de Jeanette (Troncoso Chuñil) que es estremecedor respecto de lo que ella vivió el 30 de enero en manos de un miembro del LABOCAR, que venía desde la Región de O’Higgins. El relato es claro: él buscaba que ella se auto incriminara por la posible muerte de su madre diciéndole que ese día la iban a encontrar y que la iban a sacar de la casa porque, además, habían encontrado restos de sangre en el lugar“, detalló la abogada.

Julia Chuñil.

“Evidentemente un relato como ese da cuenta de actividades gravísimas y delictivas de parte de funcionarios públicos que no pueden menos que ser denunciadas. Y si bien en el desarrollo del estudio de la carpeta investigación en el que me encuentro actualmente existen otras líneas de investigación, lo que me he podido observar es que respecto de los hijos, que siempre han sido sospechosos, ha habido un mayor desarrollo de diligencias intrusivas que respecto de cualquier otra línea de investigación que se esté llevando adelante“, aseveró Riquelme.

En esa línea, fue enfática en señalar que existen otras líneas investigativas que la Fiscalía también está desarrollando, “pero no con la misma fuerza que lo que ha realizado incluso ejerciendo actividades ilegales en contra de las familias”.

“Es falso decir que la Fiscalía solo se ha abocado en perseguir a la familia. Lo que sí es cierto es que existe un fuerte desarrollo en diligencias intrusivas en contra de la familia. A mí me da la impresión de que ese convencimiento lo tuvo el fiscal Carlos Bahamondes, un convencimiento que  tiene que ver con con el clasismo y racismo con el que se desarrolla la institucionalidad y que he visto también en mi experiencia cuando las víctimas son mapuches o son personas de bajos recursos. Ya no hay una protección adecuada, constitucional ni legalmente respecto de estas víctimas, porque aquí evidentemente a los familiares de Julia Chuñil en las palabras se ha dicho que son víctimas, pero en los hechos han sido tratados como imputados“, cerró Riquelme.

Por lo anterior, especialmente por los continuos allanamientos violentos de los que han sido objetos la familia de Chuñil, las abogadas de Jeannette Troncoso Chuñil, Pablo San Martín Chuñil y Javier Troncoso Chuñil, decidieron poner un recurso de amparo en contra de todos quienes resulten responsables de lo que califican como “apremios ilegítimos”.

Abogada Karina Riquelme. Foto: ATON.

“Decidimos interponer algunas medidas para exigir que se restablezca el imperio del derecho, en el fondo, y se garantice el cumplimiento de la ley”, afirmó Santana.

La abogada del CODEPU manifestó que las denuncias apuntan a funcionarios de Carabineros y a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel: “A nuestro juicio, constituyen el delito de apremios ilegítimos en el marco de uno de los allanamientos de los que fue objeto la familia. Apremios ilegítimos en la persona de Jeannette Troncoso, la que fue amenazada, la que fue subida a un furgón policial, se le negó a la familia su paradero, a su abogada su paradero, estuvieron horas buscándola, mientras ella era amenazada, amedrentada por funcionarios de Carabineros, y a vista y paciencia de la fiscal que estaba en ese momento. Eso no puede volver a ocurrir“.

“La familia, durante toda la investigación, se ha visto amenazada, amedrentada en sus garantías constitucionales”, enfatizó Santana.

Tras las denuncias en su contra, la fiscal regional de Los Rios, Tatiana Esquivel, envió un oficio a la Fiscalía Nacional declarando su inhabilidad en la causa. Sin embargo, su solicitad fue rechaza.

“La Fiscalía Nacional informa que, tras analizar los antecedentes presentados, se resolvió rechazar la solicitud de inhabilidad formulada por la fiscal Tatiana Esquivel respecto de su participación en la investigación por la muerte de Julia Chuñil”, informaron desde el Ministerio Público en un comunicado. Asimismo, el documento explica que según la normativa vigente, “la decisión sobre una inhabilidad de este tipo corresponde exclusivamente al fiscal nacional, quien, en el ejercicio de sus atribuciones, consideró que no concurren las causales legales que impiden el ejercicio de sus funciones en esta causa”.

Para Santana, la solicitud de Esquivel es “un antecedente importante. No es un reconocimiento expreso o tácito de lo mal que ha dirigido la investigación el Ministerio Público, sino que ella, así como lo dice en su oficio, pretende que se garantice el principio de imparcialidad y de coherencia de la investigación y quiso alejarse en el fondo de investigar cualquier hecho que tenga relación con la familia Chuñil. Lo que para nosotros estaba bien”.

Fiscal nacional, Ángel Valencia. Sebastian Cisternas/Aton Chile

“El tema es que, nuevamente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, hace uso abusivo de las facultades que tiene, hace uso abusivo del artículo 19 de la Ley Orgánica y Constitucional del Ministerio Público y remueve a su antojo a las fiscales cuando le conviene. No hay que olvidar que removió también a la fiscal Xong y Armendáriz del conocimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad en el contexto de estallido social”, cerró la abogada.

La presión de las organizaciones sociales en la causa

Tras conocerse los antecedentes del trabajo de la Fiscalía y la denuncia por parte del equipo jurídico de la familia Chuñil, desde el espacio Día a Día x Julia Chuñil, compuesto por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, exigieron que la investigación debe realizarse bajo el enfoque de derechos humanos y reiteraron su solidaridad con la familia de la defensora ambiental, repudiando las violentas actuaciones en su contra, en el marco de líneas investigativas sin resultado alguno.

Asimismo, exigieron la apertura de una investigación sumaria por parte de la  Fiscalía Nacional contra la Fiscal Regional de los Ríos, Tatiana Esquivel, y contra Dagoberto Cabrera y José Arriagada, jefes de la Sección de Investigaciones Policiales SIP y del Laboratorio Criminalístico de Carabineros LABOCAR, respectivamente, por el delito de apremios ilegítimos, tratos crueles inhumanos y degradantes a una víctima que debieron proteger.

De la misma manera, emplazaron a las autoridades a darle “prioridad nacional” a la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

En conversación con nuestro medio, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que es parte del espacio Día a Día x Julia Chuñil, sostuvo que “hay una gran cantidad de organizaciones que ya hace meses vienen exigiendo mayor preocupación y celeridad en esta investigación”.

Lucio Cuenca

“Acá claramente hay una despreocupación de parte de la Fiscalía y de las distintas instancias del Estado que tienen que preocuparse de llevar adelante esta causa con la mayor celeridad posible porque no puede ser que una mujer mapuche, una mujer de 72 años, una mujer defensora de su territorio hoy día a más de seis meses de su desaparición, no exista ningún antecedente, no exista ninguna gestión útil de parte de la Fiscalía y más encima nos estamos enterando de hechos que han ocurrido tanto de la gestión policial como de la propia fiscal que han sido amedrentadores contra miembros de la familia que están justamente preocupados y buscando qué es lo que pasó con su madre”, manifestó Cuenca.

Así, aseguró que “a pesar de que hay un recurso de amparo interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valdivia, a pesar de que hay denuncias y peticiones de investigación a la Contraloría General de la República a propósito del comportamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos en este caso, o sea, una serie de denuncias y antecedentes que muestran que acá se ha actuado de manera desprolija, con falta de preocupación y quizás también con un sesgo bastante racista por ser una comunidad y una persona miembro del pueblo mapuche“.

“Nos llama poderosamente la atención todo lo que está pasando y exigimos a la Fiscalía, exigimos justamente a todas las entidades del Estado que tienen que preocuparse, dar garantías de que estos hechos no pueden ocurrir en nuestro país y que para el caso de Julia Chuñil se esclarezca lo más pronto posible, por tranquilidad hacia su familia, hacia la comunidad mapuche y al conjunto del país“, aseveró Cuenca.