Por 81 votos a favor y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el informe de la comisión especial investigadora encargada de indagar los programas ejecutados por la Fundación ProCultura durante convenios con entidades estatales suscritos desde 2019 a la fecha.

La bancada de diputados de Renovación Nacional celebró la aprobación del informe que establece graves deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas, detectando posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, además de prácticas sistemáticas que comprometen gravemente la probidad en la administración de recursos públicos.

La Comisión, presidida por el diputado Andrés Longton, recogió durante meses numerosos antecedentes aportados por autoridades, expertos y organismos fiscalizadores, como la Contraloría General de la República.

El texto aprobado recoge también propuestas impulsadas por los diputados José Miguel Castro y Longton, enfocadas en cerrar los vacíos normativos que permitieron estos hechos y establecer mayores exigencias de control y rendición de cuentas.

“El caso ProCultura no es un hecho aislado. Es el reflejo de un modus operandi instalado en múltiples reparticiones del Estado para desviar recursos a fundaciones cercanas al poder político”, sostuvo el diputado Longton, quien encabezó la comisión investigadora.

“Lamentamos profundamente que el oficialismo haya intentado bloquear esta votación, demostrando que no están del lado de la transparencia ni del buen uso de los recursos públicos”, añadió.

Y en esa línea agregó que “mientras en el discurso dicen combatir la corrupción, en la práctica se oponen a toda instancia de fiscalización real. El oficialismo prefirió defender a sus operadores políticos antes que esclarecer responsabilidades”.

Cabe destacar que el informe detalla irregularidades que afectan a múltiples ministerios y gobiernos regionales, revelando asignaciones directas injustificadas, rendiciones incompletas, sobreprecios, y traspasos de fondos a empresas vinculadas con funcionarios de la propia Fundación ProCultura.

Frente a estos hechos, el texto plantea propuestas concretas, como limitar las asignaciones directas, fortalecer a la Contraloría, imponer auditorías en tiempo real y establecer sanciones por conflictos de interés no declarados.

“Este informe es un llamado urgente a reformar el sistema de transferencias públicas y terminar con el manto de impunidad que ha favorecido el desvío de recursos a entornos cercanos al Gobierno”, concluyó Longton.