Este miércoles, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en Iquique, Región de Tarapacá, a Alberto Juan Fernández Mitchell, exteniente de Carabineros condenado por crímenes de lesa humanidad, quien se mantenía prófugo desde marzo de 2024. El exuniformado fue hallado mientras asistía a un Centro de Salud Familiar en la ciudad nortina.
Fernández Mitchell fue condenado a presidio perpetuo por su participación directa en la masacre de 19 obreros de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y de Ferrocarriles del Estado, ejecutados en el fundo San Juan, camino a Yumbel, entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet.
La detención fue posible gracias a diligencias reservadas encabezadas por la PDI, luego de que en marzo de 2024 la Corte Suprema dictara el fallo definitivo que ratificó su condena. Desde entonces, Fernández Mitchell se mantenía prófugo, integrando la lista de 16 criminales de lesa humanidad aún en impunidad, según el estudio jurídico Caucoto Abogados.
Tras su arresto, el exoficial fue trasladado al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, donde cumplirá la condena ordenada por el ministro en visita para causas de derechos humanos de las Cortes de Concepción y Chillán, Waldemar Koch Salazar.
La matanza de Laja y San Rosendo es uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Las víctimas fueron ejecutadas tras permanecer varios días detenidas en la comisaría de Laja. Sus cuerpos fueron enterrados en el lugar de la ejecución, posteriormente exhumados y enterrados clandestinamente en el cementerio de Yumbel. En 1979, durante una investigación judicial, sus restos fueron finalmente desenterrados.
Entre las víctimas se encuentran: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Ulloa Valenzuela, Óscar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Araneda Reyes, Juan Acuña Concha, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Muñoz Rodríguez y Alfonso Macaya Barrales.
La investigación judicial determinó la responsabilidad directa de Fernández Mitchell en las detenciones y ejecuciones, actuando en coordinación con otros agentes del Estado y con apoyo de civiles y empresas locales. Aún quedan 15 condenados prófugos por delitos cometidos en dictadura, involucrados en casos como la Caravana de la Muerte, el asesinato de Víctor Jara, la Operación Cóndor y el crimen del diplomático Carmelo Soria.
