La polémica por el frustrado intento de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende sigue generando repercusiones en el Congreso. Este lunes, la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados citó a nuevos personeros clave para esclarecer responsabilidades administrativas y políticas en el fallido proceso.

A la instancia fueron convocados la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, Gonzalo Pinto, quienes deberán explicar ante las y los parlamentarios el papel de sus reparticiones en la gestión de los recursos públicos involucrados.

El caso ya ha tenido efectos concretos dentro del gobierno: la exsenadora Isabel Allende fue destituida de la presidencia de la fundación a cargo del inmueble, mientras que dos ministras —la titular de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario, y la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval— también salieron de sus cargos.

En paralelo, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, anunciaron nuevas acciones dentro de la comisión, incluyendo la citación a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo. El objetivo es esclarecer la transferencia de fondos públicos a la fundación desde el año 2022.

Uno de los antecedentes más controvertidos es un contrato de 2004 entre la fundación y el Serviu, en el que se saldó una deuda en 2015 mediante la entrega de 93 obras de arte, avaluadas en 800 mil dólares. Sin embargo, las piezas nunca fueron entregadas físicamente, bajo el argumento de que el Estado carece de infraestructura para conservarlas.

El diputado Longton fue enfático al señalar que “regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado”, mientras que su par, Paula Labra, advirtió: “No permitiremos que se siga beneficiando a la familia Allende con fondos públicos”. Ambos parlamentarios proponen anular el contrato vía nulidad de derecho público y trasladar la custodia de las obras al Ministerio de las Culturas.