Este martes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el marco de la tramitación del proyecto de ley que busca sancionar la divulgación de antecedentes de procesos penales, conocido como “Ley Mordaza 2.0”. La iniciativa recibió duras críticas por parte del Colegio de Periodistas y de los expertos en comunicación.

Para el análisis de esta iniciativa estuvieron presentes la académica Marisol Peña; la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda; el presidente del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Rodrigo Mundaca; y representantes del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social.

Cabe recordar que la moción fue presentada hace dos semanas por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).

En su intervención la presidenta del gremio, Rocío Alorda, advirtió que el proyecto podría afectar la labor periodística, especialmente en investigaciones sobre corrupción. Además, señaló que las sanciones propuestas son desproporcionadas, contrarias a los estándares internacionales y podrían incentivar el acoso judicial contra periodistas.

«La información sobre procesos judiciales cuando se divulga de manera responsable permite a la ciudadanía conocer cómo se administra la justicia, lo que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los operadores judiciales. (…) Podemos recordar que justamente el aporte del periodismo de investigación en Chile ha sido clave justamente para combatir la corrupción y los abusos de poder«, afirmó.

En ese sentido, Rodrigo Mundaca, coincidió en que el proyecto representa una amenaza a la libertad de expresión. Reconoció la necesidad de «sancionar a funcionarios que filtren información«, pero rechazó que se penalice a periodistas por «divulgar hechos de interés público«.

Por su parte, el fiscal del Consejo de Ética de los Medios, Sebastián Zárate, criticó la ambigüedad del término “indebidamente” en la redacción del artículo 161 C, y propuso una solución legislativa: incorporar una norma interpretativa en la Ley de Prensa que delimite claramente cuándo la divulgación de información está justificada por el interés público.

«Si hay un interés público, entonces, y ese material es recibido por un medio de comunicación, no es que tenga la posibilidad de hacerlo, sino que tiene la obligación de hacerlo, porque la función del periodista es comunicar a la sociedad civil lo que está ocurriendo», explicó.

En respuesta, el senador Pedro Araya defendió la iniciativa señalando que busca resolver vacíos legales en el sistema penal, especialmente ante los «desafíos que presentan las nuevas tecnologías«. Aclaró que el objetivo es «sancionar filtraciones indebidas y proteger la integridad de las investigaciones judiciales, no restringir la libertad de prensa«.

Araya sostuvo que el proyecto no modifica la Ley de Prensa ni elimina las eximentes de responsabilidad penal para periodistas que actúan conforme a derecho. Si bien admitió que el término “indebidamente” puede generar ruido, pero aseguró que existe jurisprudencia suficiente para interpretarlo adecuadamente.

La sesión se levantó pasada las 12:30 horas, no sin antes anunciar que se convocará a una nueva instancia para seguir profundizando en los puntos expuestos. Desde el Colegio de Periodistas reiteraron la necesidad de avanzar en una mayor protección legal para el periodismo de investigación, ya que es una herramienta clave para la transparencia y la democracia.