El pasado martes 01 de julio, el Congreso Nacional despachó finalmente el proyecto de permisos sectoriales luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas diera el visto bueno a los cambios realizados por el Senado. Esta iniciativa busca generar una ley marco que reduzca los tiempos para tramitar 380 permisos sectoriales, que involucran a 37 servicios y 16 ministerios, entre un 30% y un 70% para impulsar la inversión en el país.

Desde el Gobierno se ha enfatizado que no se trata de “menos”, sino de “mejor regulación”, propiciando un crecimiento económicamente sin sacrificar los estándares regulatorios. “Va a permitir que futuras administraciones puedan tener un techo de crecimiento más alto del que nosotros tuvimos”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, a Tele 13 radio.

Sin embargo, actores medioambientales señalaron que el contenido del proyecto relaja el sistema y puede significar daños ecológicos. Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, dijo que “ocurre que es un proyecto de ley que regula lo que está fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, hay muchas iniciativas de inversión que no ingresan a estudio ni a declaración de impacto y, por lo tanto, se le entregan permisos sectoriales para poder autorizarlos”.

“Nadie está en contra de que se modernice el tema de la entrega a los permisos sectoriales. Efectivamente hay retrasos, pero el problema es que en la tramitación de la ley se empezaron a relajar en torno a qué proyectos reciben estos permisos sectoriales. Quedaron muy abiertos los artículos 9 y el 10, en los cuales cualquier actividad económica, que no entre al estudio de impacto ambiental, puede pedir acogerse a las técnicas habilitantes que son la declaración jurada y el aviso”, añadió.

En esa línea, sostuvo que son dichas declaraciones juradas donde “tú prometes que vas a cumplir lo que ese permiso te exigía en algún momento y, al hacerlo por declaración jurada, tú das vuelta la carga de la prueba. No hay una fiscalización de la entidad de la administración pública para velar que eso esté como la persona o, en este caso, la empresa, lo plantee”.

“Además, se agrega el tema del silencio positivo cuando haya que solicitar un permiso para ciertas actividades y, por ejemplo, si el funcionario no cumple el plazo en que debiera entregarlo, lo que ocurre es que se da por aprobado. Entonces, sí, aquí hay un problema de supervisión del Estado para ciertas actividades. Hay alrededor de 50 permisos sectoriales que sí tienen que ver con temas ambientales y es ahí donde se levantan las voces críticas sobre el tema, dado que la ley quedó demasiado amplia y generaría un problema también para la salud de las personas”, relevó.

– Desde el Gobierno han defendido que este proyecto regula solo los permisos sectoriales y que no se mete en la parte ambiental.

Hay permisos que tienen aspectos ambientales, por ejemplo, si tú autorizas el funcionamiento de una mini hidroeléctrica de 3 megas con una declaración jurada. O sea, uno podría decir “sí, pero es una hidroeléctrica de pasada”. Pero la hidroeléctrica de pasada de Los Maquis, que era de 1 mega, tiene un tremendo problema en Coyhaique porque no respetó un montón de cosas que le exigían los permisos que se le entregaron. Acá hay un tema porque incluso ahora, teniendo toda una legislación que regula esto, no cumplen. Imagínate lo que va a ser.

– ¿Cómo se podría contrastar la decisión del Gobierno de, por ejemplo, cerrar la “Fundición Ventanas”, con la lógica que se aprobó dentro de este proyecto?

Otro ejemplo es el tema de los tranques de agua. Hoy en día, se evalúan de 50 mil m³ hacia arriba, y lo que está ocurriendo con este proyecto es que hay tranques que no se van a evaluar dentro del marco del SEIA y a los que probablemente se les entregue un permiso sectorial. Eso, si lo multiplicas, podrías decir, “mira, los agricultores requieren del tranque de agua”. Pero considerándolos a todos, ¿Cómo evalúas la carga sinérgica en el espacio? Además, hay otro proyecto de ley que sube el umbral a 250 mil metros cúbicos de agua. ¿Cuál es la seguridad de que ese muro lo soporte?

Hay un tema que es complejo. Lamentablemente, el ministro Grau tiene un discurso del cual no se ha movido, cuando, además, llegó a acuerdos amplios con la oposición. Este proyecto fue sacado adelante mayoritariamente con este sector y fueron ellos los que celebraban el día martes cuando se zanjó, y ni siquiera ocurre la comisión mixta.

– Porque desde el Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo democrático habían puesto alertas…

Las alertas fueron puestas en principio por el Partido Socialista en el primer trámite del proyecto. Las diputadas Bravo y Manouchehri hicieron muchas indicaciones para poder subsanar estos temas. Nadie está en contra de ver temas de permisos ni de disminuir la burocracia para cosas que caen de cajón con las pymes, pero cuando esto deriva en ampliar hacia la industria, empieza a tomar otro color.

– ¿Qué tipo de industrias se podrían ver favorecidas?

Yo diría que acá son proyectos más medianos pero, por ejemplo, los relaves o los data center. Hoy, a estos últimos los dejaron excluidos de la evaluación de impacto ambiental, siendo que son energointensivos y también usan una cantidad de agua importante. Esto obviamente va a ser regulado por permisos sectoriales. Ahí vamos a tener una colisión de derechos.

Por otro lado, este proyecto modifica leyes que tienen que ver con temas medioambientales, el código de agua, el servicio de biodiversidad, el tema del bosque nativo. No es que no afecte temas medioambientales. Esto no está hecho solo para las pymes. Sí van a entrar los grandes proyectos.

– ¿Ves inconsecuencia en la política que el gobierno ha seguido en este tipo de materia?

Efectivamente, el Gobierno partió con un discurso ecológico que fue muriendo el primer año. Abandonó los temas ambientales porque incluso la misma reforma, la 19.300, tiene estos problemas, y probablemente no avance mucho más. Y, por otro lado, lo que no nos esperábamos es que fuera hacia el otro lado, en esta cosa del “todo vale para las empresas y las inversiones”. Diría que es la parte más triste respecto a cómo conversa el tema del desarrollo y el crecimiento económico con los temas medioambientales, y el giro fue en 180°.