Corte desafuera a Miguel Ángel Calisto por presunto fraude al Fisco: el diputado apelará ante la Suprema

El Ministerio Público sostiene que el legislador habría utilizado de manera irregular sus asignaciones parlamentarias, desviando así recursos públicos. La defensa argumenta que todos los informes de asesoría fueron presentados.

El Ministerio Público sostiene que el legislador habría utilizado de manera irregular sus asignaciones parlamentarias, desviando así recursos públicos. La defensa argumenta que todos los informes de asesoría fueron presentados.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique tomó este lunes la decisión de desaforar al diputado independiente Miguel Ángel Calisto, actual integrante de la bancada conformada por Demócratas, Amarillos e Independientes. Esta medida judicial surge en el contexto de una investigación por un presunto fraude al Fisco, impulsada por una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según los antecedentes del caso, el Ministerio Público sostiene que el parlamentario habría utilizado de manera irregular las asignaciones parlamentarias, desviando así recursos públicos. En particular, se cuestiona la contratación de Carla Graf como asesora del diputado, debido a la falta de documentos que respalden la ejecución real de los servicios prestados, así como la justificación de los honorarios mensuales crecientes que recibió.

Por su parte, la defensa de Calisto argumenta que todos los informes de asesoría fueron presentados según lo establecido y revisados por la unidad correspondiente del Congreso. El diputado cuestionó el fallo de la Corte, afirmando que “llama profundamente la atención que no se haya considerado el informe del Consejo de Asignaciones”, el que, según él, valida el trabajo realizado por la asesora.

Tras conocerse la resolución, Calisto confirmó que recurrirá a la Corte Suprema para impugnar el desafuero. “Estamos absolutamente tranquilos y convencidos respecto de nuestra defensa”, declaró el parlamentario. Cabe destacar que esta decisión no representa una condena, pero habilita a la justicia ordinaria para formalizar y, eventualmente, llevar a juicio al legislador.

La defensa tiene un plazo de cinco días para presentar la apelación correspondiente.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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