Esta semana diputados del Partido Republicano, presididos por el exUDI, Álvaro Carter, presentaron un proyecto de ley para instaurar “gendarmes anónimos” en contextos de alto riesgo.

La idea, explicaron desde el partido de derecha, es establecer “un sistema de identidad reservada para los funcionarios de Gendarmería”, o en términos más simples, que los nombres de sus identificaciones desaparezcan y sean reemplazados por códigos alfanuméricos.

La idea, dijo el diputado Carter, es que los gendarmes “tengan todos los resguardos posibles para que dentro de las cárceles no sepan quiénes son, ni puedan atacarlos físicamente, ni amenazarlos, ni tampoco a sus familias”.

Consultado sobre esta iniciativa, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura, Daniel Soto Muñoz, aseguró que el proyecto “parte de un supuesto equivocado, que consiste en que, o debemos proteger la integridad personal de los gendarmes, o tenemos que garantizar la vigencia de los derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad”.

De acuerdo al abogado, el conocer la identidad de sus custodios es un derecho de los reclusos, que tiene como objetivo “prevenir la tortura y los tratos indecorosos”. 

“Eso les permite, de alguna manera, identificarlos y hacer denuncias. Al no hacerlo, hay un problema que impacta en la posibilidad de justicia y en definitiva, se estaría vulnerando el derecho fundamental al debido proceso”, afirmó.

Punto de prensa de diputados republicanos.

Soto no descartó del todo implementar medidas para anonimizar a los gendarmes al interior de las cárceles, pero recalcó que eso debe ser acompañado de mecanismos que permitan al Estado localizar a sus funcionarios en todo momento. 

El comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura indicó que la clave está en “implementar sistemas alternativos de identificación, códigos visibles en los uniformes, tecnología, códigos QR o chips, base de datos interna, segura, pero que permita la trazabilidad del personal de servicio”.

“En el fondo, el Estado tiene la obligación de registrar cada una de las actuaciones de los funcionarios penitenciarios. De ese modo, sí podría usted tener funcionarios penitenciarios con el rostro cubierto y sin una identificación exacta de su identidad, en la medida que internamente podamos saber con exactitud cuál fue su desempeño, quién fue la persona, porque tenemos un código que permite identificarlo”, señaló.

El abogado y comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura, Daniel Soto Muñoz.

El abogado destacó que el avanzar en ese tipo de mecanismos, “va a servir para garantizar que los procedimientos sean bien ejecutados, va a ser un respaldo para el propio funcionario de Gendarmería y además, va a ser un respaldo para la población penitenciaria, que aún cuando sean personas peligrosas socialmente, el Estado tiene la obligación de resguardarlas”.

En esa línea, Soto recordó que “las personas privadas de libertad son personas que tienen restringido su derecho de desplazamiento, su derecho a cuidarse a sí mismo y eso genera en el Estado una posición de garante”.

“El Estado debe garantizar la integridad, la tranquilidad de las personas que están privadas de libertad porque están en una condición de vulnerabilidad y el mecanismo que permite de alguna manera contrarrestar esa vulnerabilidad, es estableciendo responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, de las personas que están cargo de la custodia de las personas privadas de libertad”, detalló.

Finalmente, el experto enfatizó en que se pueden buscar maneras alternativas para garantizar que los gendarmes tengan seguridad y que en paralelo no se pasen a llevar las garantías de las personas privadas de libertad. “No es necesario elegir entre proteger a los funcionarios penitenciarios o respetar los derechos de los reclusos”, cerró.