En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, se refirió a la tragedia ocurrida en la división El Teniente de Codelco el pasado 31 de julio, que dejó a seis trabajadores fallecidos. El dirigente apuntó al subcontrato como problema principal en la cuprífera y aseguró que pidieron medidas al Presidente Gabriel Boric. 

“Nosotros consideramos que en El Teniente, aparte de todos los conceptos de seguridad, hay un exceso de externalización o tercerización de servicios (…) Le dijimos al Presidente de la República que la externalización siempre es precariedad laboral, siempre va a la baja, desde las condiciones de seguridad hasta las salariales. Creemos que acá hay exceso de tercerización en Codelco”, señaló.

Así, Díaz aseguró que la minera “tiene 28 mil trabajadores, de los cuales 24 mil son externalizados. Solamente 4 mil son propios. También, en El Teniente o en la minería en general, hay muchos factores que influyen en los accidentes. Y manifestamos la opinión de nuestros compañeros en el territorio, en El Teniente. Se venía avisando que había anomalías en la mina. Los compañeros dicen que el cerro suena”. 

En esa misma línea, agregó que todas las faenas tienen que tener tercerización, pero que son funciones no propias de la empresa. “En este caso también la responsabilidad del Estado es subir los estándares de las empresas estatales que tienen corresponsabilidad con sus trabajadores (…) por tanto, no es que de lo mismo. Eso sí, los estándares tienen que estar en el sector privado y en el sector público en igualdad”, enfatizó.

“Nosotros nos reunimos con el Presidente de la República. Me parece que es importante, aparte de generar las condiciones, hacer la investigación de las cuatro líneas de trabajo que tiene la Fiscalía (…) Planteamos la máxima investigación y que salgan los responsables. Al Presidente le pedimos responsabilidades políticas, tanto del presidente del directorio de Codelco que es Máximo Pacheco, como del Gerente General de El Teniente”, aseguró José Manuel Diaz, haciendo mención a la salida que ya se comunicó de Andrés Music de este último cargo.

Además, justificó que “a denuncia de nuestros compañeros en el territorio, las relaciones laborales no son las mejores con las empresas subcontratadas. Hay compañeras y compañeros que denuncian son desvinculados. Nosotros buscamos y le pedimos al Presidente que intervenga las formas de relaciones que tiene Codelco”.

Salario vital de $750.000

Respecto al debate de la propuesta del salario vital y la crítica del economista David Bravo, que lo ha planteado como contrario a la creación de empleo, el presidente de la CUT insistió en la importancia de construir en la política salarial en Chile. Sin embargo, afirmó que “somos conscientes que un salario vital en cuatro años para un gobierno es muy lejano, pero tenemos que poner una meta… Decir que una familia de cuatro personas que hoy gana $611.000 está bajo la línea de la pobreza es decir que trabajadores con contrato y con jornada completa están bajo la línea de la pobreza, lo que representa al 50% de los trabajadores en Chile. Nuestra propuesta es construir un horizonte, una línea para llegar a un salario vital, y también es poner en el tapete el debate del costo de la vida”.

Aumento de sueldo. Imagen referencial. Foto: Aton.

El dirigente también cuestionó que el foco de la discusión laboral se ponga en el tener trabajo, pero no en cómo se remunera el mismo: “El concepto de fondo se llama distribución de la riqueza”, sentenció.

Licencias médicas

Sobre el caso de mal uso de licencias médicas en el sector público, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores reconoció la labor de la Contralora y aseguró que “rechazamos tajantemente el mal uso de las licencias médicas, la utilización para no fines propios de recuperación o de bienestar de salud o para reposo (…) Y decimos que las personas que incurrieron en ello, pasando los procedimientos propios de cada servicio, que son los sumarios, deben salir del Estado”. 

En línea con lo anterior, mencionó tres temas de preocupación. Primero, “un costo muy alto al Estado; segundo, el tema de una recarga laboral a los mismos trabajadores; y, tercero, el daño que se le provoca a la seguridad social”. 

También hizo hincapié en que, reconociendo las atribuciones de la contralora, “no compartimos las forma en que lo hace públicamente, de denunciar o poner en evidencia el mal uso de recursos públicos. Es decir, no compartimos que ella diga ‘25 mil trabajadores salieron al extranjero con licencia médica, hicieron mal uso’, porque hoy, ya pasados los procedimientos internos, el número es mucho menor. No compartimos la forma”.

Contraloría General de la República. Foto: Aton.

“En vez de exigir que los ministerios, los servicios o las reparticiones apliquen rigurosamente los instrumentos de fiscalización, lo hace públicamente. Y, en ello, tenemos una preocupación de fondo, que es el daño que se le está haciendo a la imagen del Estado y a la función pública, y el descrédito que se le hace a los trabajadores en general. Es un número muy pequeño el que hace mal uso de una licencia médica, pero en la opinión pública se entiende que todos los trabajadores del Estado incurren en lo mismo, y en eso nosotros no estamos de acuerdo”, agregó.

Sobre el proyecto del Gobierno que busca regular su uso, Díaz, dijo que están a favor de modernizar las fiscalizaciones y que se eleven las sanciones, “pero en lo que no estamos de acuerdo es con que se nivele hacia abajo, es decir, cuando se habla de la homologación de las licencias del sector público a las licencias que se generan en el sector privado, a la carencia de dos días. O sea, que no van a cobrar los primeros dos días, para nosotros es nivelar hacia abajo y es una pérdida de derechos sindicales y, por cierto, laborales”.