La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, abordó este lunes en Radio Universidad de Chile la discusión en torno al proyecto de ley que busca otorgar beneficios carcelarios a personas mayores, con discapacidad o enfermedades graves y advirtió que la edad por sí sola “no puede ser el único criterio” para evaluar la salida de un interno.
En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, la autoridad sostuvo que “es fundamental mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y pensar en la reinserción social, pero no podemos permitir que delitos de lesa humanidad o de carácter sexual tengan el mismo tratamiento que delitos comunes”.
Quintanilla detalló que al momento de otorgar beneficios deben considerarse factores como “el arrepentimiento, la colaboración con las investigaciones, el tiempo de condena cumplido, el impacto en la sociedad y en las víctimas”. En esa línea, subrayó la importancia de actuar conforme a los estándares internacionales, como el Estatuto de Roma y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no bajo criterios ideológicos.
Punta Peuco, 23 de diciembre de 2016.
Gendarmes son fotografiados previo a la ceremonia ecumenica privada en la carcel de Punta Peuco donde ocho de los reos pediran disculpas por los crimenes y violaciones a los Derechos Humanos que cometieron. Andres Pina/Aton Chile
Respecto a las condiciones penitenciarias, reconoció la necesidad de un cambio estructural: “Las cárceles deben adaptarse a las necesidades de las personas mayores o con discapacidad. No siempre el hogar es un espacio más seguro, sobre todo en casos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales”.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con un plan maestro de infraestructura penitenciaria que contempla nuevas plazas y agilización de la construcción de recintos. “Este es un trabajo de mediano y largo plazo que debe trascender gobiernos, con el objetivo de equilibrar la reinserción social y la seguridad ciudadana”, indicó.
La Subsecretaria también se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, institucionalizado en 2023. Explicó que las diligencias en terreno han pasado de seis en 2023 a más de 50 en 2025, y que ya se encuentra disponible un mapa georreferenciado con las 1.469 personas desaparecidas.
Plan Nacional de Búsqueda. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.
“La búsqueda de las víctimas es hoy una política de Estado. Hemos digitalizado archivos, los estamos restituyendo a las familias y trabajamos en coordinación con el Poder Judicial, que ha abierto cuadernos investigativos”, destacó.
Finalmente, adelantó que el Ejecutivo prepara conmemoraciones por los 50 años de la Operación Colombo y la Operación Cóndor, reafirmando el compromiso del gobierno con la memoria y los derechos humanos: “Nuestro deber es dejar este plan fortalecido, como una política que trascienda a este gobierno”.
