Aunque el Presidente Gabriel Boric ya había anunciado en su Cuenta Pública del 2024 que el Gobierno pondría urgencia al proyecto del derecho a la muerte asistida en caso de enfermedad terminal o eutanasia, su discusión legislativa no augura un trámite sencillo.
Durante el debate en la comisión de Salud del Senado, el Ministerio de Salud refundió proyectos de distintos parlamentarios e ingresó una serie de indicaciones para revisar en particular. Si bien en la Cámara Alta se dio inicio a las audiencias, el proyecto ya enfrenta posiciones contrarias ante quienes consideran que no es una prioridad.
El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud, detalló que, dada la urgencia que le puso el Ejecutivo al proyecto, “el acuerdo que tuvimos para tramitarlo después de la segunda mitad de agosto se va a cumplir”.
No obstante, y pese al compromiso, deslizó críticas hacia el Gobierno. “Yo soy de una sola palabra, y dijimos eso. Pensábamos despachar salud mental, pero parece que ya no les interesa como cuando el Presidente de la República lo anunció“, sostuvo, agregando que “está bien, hay que tramitarlo, pero no puede ser la única preocupación del Gobierno”.
Quien compartió su visión fue otro de los miembros de la comisión, el senador Francisco Chahuán (RN), quien manifestó su voto en contra del proyecto acusando al Ejecutivo de no centrarse en materias que, a su juicio, son más relevantes, como salud mental y terminar con las listas de espera.
“Una vez más, el Gobierno ha demostrado que sus prioridades están absolutamente desenfocadas de las urgencias, sobre todo en materia de salud”, comenzó cuestionando, recalcando que la eutanasia “no es una prioridad”.
En esa línea, aseguró que espera el mismo empeño “en estas materias que buscan tener rédito electoral” en aquellas que sí ve como urgentes. “(Ojalá) lo tuviera para sacar adelante con urgencia el proyecto de salud mental, considerando que este tema se transformará en una verdadera pandemia si es que no lo abordamos con prontitud, u otras iniciativas más profundas para terminar con las listas de espera que hoy registramos en el sector público”, complementó el congresista opositor.
Comisión de Salud del Senado. Sebastian Cisternas/Aton Chile
Defensa al proyecto
De acuerdo con un reciente sondeo realizado por Descifra, el proyecto cuenta con un amplio respaldo ciudadano. En concreto, de los 1.184 consultados, un 83% manifestó su postura a favor de que exista una ley que permita la asistencia médica para que quienes tienen una enfermedad terminal puedan acabar con su vida. Pero, además, reveló que el apoyo es transversal, sin matiz entre posturas políticas, edades o nivel socioeconómico.
Al respecto, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristián Rebolledo, señaló que “dentro de los motivos se establece que la condición tiene que ser terminal, con el dolor en casos incurables. Es importante el tema de definir bien qué se va a entender por incurable”. El también jefe del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud, afirmó que igualmente “es relevante que Chile se pudiese convertir en un país donde se avance en la legislación de la eutanasia”.
Es en este contexto que, mediante una carta a El Mercurio, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo que la propuesta no está sujeta a “una agenda ideológica”. “Reconocer el derecho a una muerte digna trasciende las divisiones tradicionales y refleja la madurez de una sociedad que valora la autodeterminación”, indicó.
Una posición que defendió la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri. La parlamentaria, miembro de la comisión de Salud de la Cámara Baja, aseguró que se debe discutir sobre este tipo de temas aún cuando, en paralelo, existan otras prioridades a nivel país.
“Acá se trata de garantizar que las personas tengan el derecho a una muerte digna en aquellos casos donde la vida se ha transformado en un sufrimiento permanente y no existe posibilidad de recuperación con un diagnóstico médico claro, y bajo condiciones que permitan hacerlo de manera acompañada y segura”, partió comentando sobre el eje que debe tener el proyecto.
Por ello, y aunque reconoce que “si lo comparamos con la seguridad, con la economía o el financiamiento de los hospitales, puede no aparecer una principal prioridad del país”, también enfatizó que “en Chile tenemos que ser capaces de abordar estas materias en simultáneo con los otros temas esenciales”.
“Estos no son simplemente temas valóricos. Acá estamos hablando de derechos humanos básicos, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. Hoy sabemos que estas prácticas existen de hecho, aunque estén prohibidas. Lo que corresponde es que el Estado las regule, que las acompañe, y que no obliguemos a las personas y a sus familias a vivir procesos de dolor que son evitables”, complementó, asegurando, además, que sería “una señal muy positiva” que el proyecto se apruebe este año.
Diputada Ana María Gazmuri. Sebastian Cisternas/Aton Chile
Potenciales trabas
Sobre el trasfondo del debate, el doctor Rebolledo abordó las materias que pueden entrampar la discusión legislativa. En esa línea, apuntó que es “razonable hablar de que ha habido un estancamiento, principalmente en el Senado”.
“Ciertas preocupaciones religiosas y morales, planteadas por la Iglesia Católica principalmente, tienen una postura firme en contra del proyecto. Es un elemento que, de alguna manera, está influyendo”, opinó el experto.
Por otro lado, también sostuvo que espera que la lentitud del debate se deba a que “es importante afinar algunos elementos técnicos que tienen que ver con el acceso a cuidados paliativos o a los reglamentos”, indicó.
Al respecto, recalcó que el proyecto debe “evitar que la eutanasia pudiese ser una alternativa frente a la falta de atención, en algunos grupos o incluso dentro del sistema de salud en general”.
De acuerdo con lo señalado por el propio presidente de la Comisión de Salud del Senado, el cronograma del proyecto contempla que se vote el 3 de septiembre.
