En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, se refirió a los últimos antecedentes del caso Audios o caso Hermosilla, entre ellos, el que involucra al fiscal nacional Ángel Valencia, luego de que la Corte Suprema ordenara investigar su reunión —previo a asumir como jefe del Ministerio Público— con el exministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla. 

Para el también máster en Derecho, esta arista puntal del caso es “escandalosa” en términos de apariencia, pero que en términos concretos toma otro carácter. “La Corte Suprema ha dicho que hay que investigar esta reunión, pero es una investigación administrativa, no es una investigación penal. Entre otras cosas, porque tampoco es delito, a menos que se hubiesen realizado ciertos actos muy específicos, por ejemplo, de falsificación de prueba, cosas así, que son difíciles de imaginar”, explicó. 

“El hecho de que se reúnan e incluso hablen sobre un caso no es delito, sino que sería, en el peor de los casos, una sanción administrativa y una sanción administrativa más bien secundaria, porque ni siquiera se refiere al hecho de que se hayan reunido, sino que no se haya dejado constancia en la agenda de acuerdo con la Ley de Lobby. O sea, estamos hablando de cuestiones bien poco significativas del punto de vista de las sanciones”, agregó. 

Riego señaló que en Chile estas materias no están “demasiado reguladas ni debidamente reguladas, quizás. O sea, todo esto de la informalidad de lo que se conversa en estas reuniones,  más allá de que a lo mejor puedan ser feas las reuniones o sonar mal, tampoco hay límites claros”. “¿Hasta qué punto está prohibido que se conversen este tipo de temas? Yo diría que no está prohibido”, indicó.

“Son muchos niveles y no están regulados, por lo tanto, es un área bastante pantanosa. Desgraciadamente no hemos avanzado mucho en regularlo tampoco, incluso yo diría que esto va a empeorar en el próximo tiempo, porque el fiscal nacional, de acuerdo con la reforma que se hizo recientemente, ahora va a tener facultades para controlar los casos, cosa que hasta ahora no tenía (…) Por lo tanto, esto se va a complicar”, advirtió el abogado.

Arista juez Ulloa

Sobre la arista que involucra al ahora suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, Riego afirmó: “A mí me parece que lo más grave en el caso Ulloa no es su intervención en los nombramientos, sino es su colaboración con Hermosilla en relación con la tramitación de casos específicos. Porque me parece que esa violación es mucho más concreta del rol central de lo que es un juez, que es un sujeto que tiene que resolver con imparcialidad los conflictos”. 

Suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. 
Foto: Javier Salvo/Aton Chile

En relación a la designación de jueces, el abogado apuntó a que “estamos en un mundo muy extraño, porque la verdad es que los jueces no tendrían por qué participar en la definición de otros jueces, porque el rol del juez es fallar con imparcialidad a los conflictos que se le planteen. La designación de funcionarios no es un rol de los jueces y eso ya es una distorsión tremenda que en Chile nos ha llevado a algunas consecuencias muy negativas. Esto, por lo demás, en general no existe en el mundo, en el resto del mundo los jueces no designan otros jueces, es algo muy chileno”. 

“Esto no está regulado y al no estar regulado se presta para todo tipo de informalidad por parte de la ley, tampoco se establece sus límites. ¿Cómo se presentan las candidaturas? ¿Qué apoyos se pueden conseguir? ¿Cómo puedo influenciar a los jueces que van a tener que decidir? Nada de esto está regulado y la verdad es que pedirle ayuda a jueces que tienen cierta llegada, que tienen amistad, para que hagan lobby frente a otros jueces, es algo totalmente generalizado, todos lo hacen”, añadió. 

Lo anterior, Riego lo calificó como “grave y aberrante”, sin embargo, aseguró que la culpa no recae sobre un juez de manera individual: “Si tú quieres echar la culpa a alguien, es al Congreso. Porque este sistema ha sido ratificado en la práctica por el Parlamento chileno”, dijo. 

Sobre cómo superar la influencia política en la asignación de jueces, el experto reconoció un problema mundial en la materia, pero aseguró que existen mecanismos útiles como los curriculum estandarizados o un sistema de puntajes. “Ahora, insisto, esto me parece una ilusión, porque a mí me parece que todas las señales del mundo político son que los políticos no están interesados en afianzar la independencia judicial, sino que están básicamente interesados en domesticar la justicia. Están asustados y molestos por las persecuciones y me refiero a la política ampliamente”, sentenció.