En un nuevo esfuerzo por elevar los estándares de probidad en el Congreso, los diputados Camila Musante (IND-PPD) y Jaime Araya (IND-PPD) ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca impedir que los partidos políticos puedan reemplazar a parlamentarios que hayan perdido su cargo tras ser condenados por la justicia.
Dicha acción apunta directamente a cerrar una brecha que, según los legisladores, permite a los partidos mantener el control de escaños incluso en casos de corrupción.
“Ya es hora de que los partidos políticos eleven el estándar de los candidatos al parlamento”, afirmó la diputada Musante. “¿Es un premio a los partidos políticos este derecho que tienen de reemplazar a sus parlamentarios condenados por delitos graves? A mí me parece que no pueden existir reglas distintas”.
Diputada y subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
«No puede ser que si un diputado es electo y es condenado por delitos de corrupción o que infringen la ley de narcotráfico, luego sea reemplazado por decisión del propio partido político y que no prime la votación de las y los chilenos», manifestó.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos públicos a figuras políticas vinculadas a casos judiciales, y busca evitar que los partidos designen sucesores sin considerar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En ese sentido, la parlamentaria enfatizó que el proyecto no está dirigido contra ningún actor específico, sino que responde a una necesidad de transparencia institucional.
Diputado Jaime Araya por reforma de pensiones. Javier Salvo/Aton Chile
“Muchos han hablado de que este proyecto es anti Jadue. La verdad no es anti Jadue, es a favor de la legitimidad y la transparencia. ¿Por qué hoy un partido podría justificar tener un candidato que esté asociado a casos de corrupción? Eso es impresentable y de eso es de lo que están hartos la gran mayoría de los chilenos y chilenas», añadió.
En tanto, su homólogo, Jaime Araya (IND-PPD), complementó la crítica y precisó que la actual normativa permite una “anomalía democrática”, en la que los partidos conservan el poder de reemplazo incluso cuando sus candidatos fueron condenados. En ese contexto, mencionó casos hipotéticos que podrían verse afectados por la reforma.
«Esto aplicaría eventualmente para Lautaro Carmona (PC) que podría nombrar al sucesor de Jadue y también podría aplicar a José Antonio Kast (PRep) que más probablemente podría designar al sucesor del diputado Mauro Ojeda hoy día acusado por delitos de corrupción«, explicó.
Diputado Mauricio Ojeda en el Juzgado de Garantía de Temuco. Ricardo Ulloa/Aton Chile
“No puede ser que un partido que lleva un candidato corrupto, de como premio que el presidente de ese partido pueda nominar a quien lo va a suceder en el cargo”, sumó.
Asimismo, los parlamentarios también hicieron un llamado al Gobierno para que patrocine la iniciativa, subrayando que la corrupción no solo afecta al Congreso, sino también a otros niveles de representación como alcaldías, concejalías y gobernaciones regionales.
Araya insistió en que los mismos conglomerados deben asumir responsabilidad por sus decisiones. “El partido no es dueño del escaño, el dueño del escaño es la ciudadanía”, remarcó.
En ese sentido, el legislador subrayó que si una colectividad «se equivoca» en designar a un candidato “tienen que sufrir el castigo básico, que es que opere la democracia y asuma aquel ciudadano que hubiese sido electo de no mediar esta condena a corrupción”.
