La decisión de la Casa Rosada de ingresar una denuncia ante la justicia por considerar que hubo una operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y desestabilizar el proceso electoral tras la filtración de varios audios que dejarían al descubierto una red de corrupción al interior de la administración del Estado, ha escalado la tensión en Argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que la filtración fue llevada adelante por parte de Venezuela y de Rusia. Desde los trabajadores de la prensa llamaron a solidarizar con los periodistas perseguidos y sostuvieron que las declaraciones de Bullrich “intentan instalar una operación mediática para corrernos del foco”.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei atraviesa su crisis más profunda desde que llegó a la Casa Rosada, producto de la filtración de una serie de audios que destaparon un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que involucra de manera directa a la persona más cercana al mandatario, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por lo anterior, durante jornada del 1 de septiembre, la administración del libertario ingresó una denuncia formal ante lo que calificó como un “ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Además, el Gobierno solicitó que se prohíba la difusión de nuevas filtraciones y que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”, lo que fue acogido por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello.

El juez pidió “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei” publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio Gobierno.

La decisión judicial se traduce en una orden urgente al Ente Nacional de Comunicaciones para impedir la publicación de audios filtrados a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló la denuncia, señalando que la difusión de los audios era “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…

— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

Recordemos que este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires renovará parcialmente su poder legislativo y son la antesala de las elecciones legislativas de Argentina que se celebrarán el domingo 26 de octubre con el objetivo de renovar 127 de las 257 plazas de la Cámara de Diputados, junto con 24 de los 72 cupos del Senado.

Un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi, aseguró que desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada ha atacado a los trabajadores de la comunicación. Por ende, la reciente acción judicial que busca coartar la libertad de expresión “no nos sorprende”.

No obstante, el dirigente gremial enfatizó que lo llevado a cabo por la administración del libertario “es un nivel más burdo de agresión y de ataque sin precedente en la historia de la democracia a la libertad de expresión”.

Dentro de la acción judicial presentada por la administración de Milei, y a la que tuvo acceso el medio comunicacional La Nación, el Ejecutivo pidió que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones “requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se menciona al periodista Mauro Federico, al empresario Pablo Toviggino, al presentador Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando Pocino.

“El pedido de allanamiento de medios de comunicación, y a periodistas en concreto, viola todo tipo de jurisprudencia, y un juez otorgando una medida cautelar para que haya censura previa y no se difundan los audios, también es algo que va en contra de toda la jurisprudencia de nuestro país, de nuestra Constitución, de nuestras leyes, y también la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, enfatizó Lecchi.

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires

Pese a lo delicado de la acción judicial llevada adelante por el Ejecutivo, el secretario general de SiPreBA aseveró que “no va a prosperar”. Así también, Lecchi resaltó la importancia de preguntarse por qué el gobierno ataca a los periodistas: “Ataca la comunicación porque están sucios, porque son corruptos, como se demostró en los audios de Diego Spagnuolo, porque mientras ajusta a las personas con discapacidad, se pedían coimas”.

“Lo que está pasando, lo que no quieren, es que se investigue, lo que no quieren es que el periodismo cumpla con su rol social, y eso es lo que nosotros tenemos que defender, tenemos que respaldar a esos periodistas y denunciar esto que está haciendo este gobierno”, resaltó el dirigente. 

Consultado sobre la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, Lecchi afirmó que fue “una medida cautelar otorgada a pedido”.

“Llama la atención también la rapidez con la que se otorga, justo ayer se cumplieron tres años del intento de magnicidio de la ex vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país, que está presa, bueno, esa causa de quién intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner está absolutamente parada, y paradójicamente, en contraposición, este juez en tiempo récord saca esta medida cautelar, sería cómico si no fuese grave, pero yo no hablaría de todo el Poder Judicial y de este caso en particular, sino de este juez, que insisto, debe tener alguna motivación para beneficiar al gobierno en este caso puntual”, manifestó.

Daniel Spagnuolo y el presidente de Argentina Javier Milei. Vía X@dspagnuolo_ok 21/04/2024

El dirigente destacó que el gobierno busca que no se hable “del fentanilo, porque, bueno, los entes de regulación están siendo atacados y financiados por el Gobierno Nacional, del ajuste a los jubilados y a las personas con discapacidad y a los pensionados, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Eso es lo que no quieren que se hable, por eso atacan a los periodistas que investigan, por eso reprimen a fotógrafos o camarógrafos cuando se moviliza gente en el Congreso de la Nación en contra de este gobierno, por eso judicializan a la prensa, no es la primera vez”.

Los rusos y venezolanos

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, denunció que detrás de la filtración de los audios de sobre presuntas irregularidades en la ANDIS hay una “operación de inteligencia” por parte de Venezuela y de Rusia para desestabilizar el país. Al respecto de estas afirmaciones, Lecchi afirmó que estas declaraciones son “una truchada”.

Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Foto: Aton.

“Nos tienen acostumbrados a este tipo de declaraciones en donde intenta instalar una operación mediática para corrernos del foco. Y de hecho, si tan endeble es la seguridad de Presidencia y de casa de Gobierno, evidentemente están haciendo pésimo su trabajo. Entonces lo que hay que replantearse es si tenemos una ministra de Seguridad que esté a la altura de la función que tiene que cumplir”, dijo Lecchi.

“Lamentablemente nos tienen acostumbrados a esto. Ésa es la principal responsable, la principal ejecutora de la política del gobierno que se visualiza todos los miércoles frente al Congreso de la Nación con una represión brutal”, finalizó.