La votación de la iniciativa que proponía modificar la ley N° 18.700 e incorporar multas para los ciudadanos chilenos que no cumplieran con su deber cívico, provocó declaraciones cruzadas entre la oposición y el oficialismo, especialmente, debido al voto extranjero. Para la académica de la Universidad de Chile, Ximena Póo, el debate sobre el sufragio migrante ha caído en constantes descalificaciones e incluso racismo.

La tarde del 2 de septiembre la Sala de la Cámara de Diputados estaba llamada a legislar la iniciativa impulsada por la diputada de Demócratas, Joanna Pérez (Demócratas), la que proponía modificar la ley N° 18.700 e incorporar multas de entre 0,5 y 3 UTM ($34.000 a $207.000) para los ciudadanos chilenos que no cumplieran con su deber cívico. Los extranjeros, en cambio, mantendrían su derecho a sufragio, pero sin sanciones en caso de abstenerse.

Sin embargo, el artículo 139 bis, que establecía expresamente estas sanciones, fue rechazado por falta de quórum: se requerían 77 votos afirmativos, pero solo se alcanzaron 75 a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

Desde la oposición culparon al Ejecutivo por el fracaso de la iniciativa, aseverando que tenían un acuerdo para aprobar el proyecto. El pacto consistía en que, de aprobarse la multa, la oposición se comprometía a aumentar de cinco a 10 años el requisito de avecindamiento para que los inmigrantes puedan participar en elecciones.

La diputada Pérez acusó directamente al Gobierno de incumplir compromisos: “Hoy hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra (…) mintieron en la Sala y también a la ciudadanía”.

La diputada, Joanna Pérez, en punto de prensa tras votación de sufragio obligatorio. Foto: Aton.

Asimismo, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, expresó que “están acostumbrados a que el Gobierno plantee cosas que después no se cumplan en la Sala”.

Desde el oficialismo, la diputada Camila Musante celebró que no haya prosperado lo que calificó como un “cocotazo electoral” respecto del voto de extranjeros: “Hubo intentos de la derecha y la oposición de establecer multas para que terminara influyendo en la elección presidencial”.

En medio de las críticas a la eliminación de la multa, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, manifestó que “como Ejecutivo vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado y también ingresar la reforma constitucional que hemos comprometido para avanzar en paralelo”, en alusión a nuevas exigencias para el voto migrante.

Los cuestionamientos a la ofensiva del gobierno al voto migrante

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la doctora en Estudios Latinoamericanos y coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestra casa de estudios, Ximena Póo, afirmó que esta discusión “ha sido bastante artificial y oportunista”.

En ese sentido, Póo puntualizó que en nuestro país ya existe una ley que establece quién puede votar y cuáles son los requisitos.

Recordemos que en Chile los extranjeros avecindados por más de cinco años pueden ejercer el derecho a sufragio que consagra el artículo 14 de la Constitución Política. Para ello, además, deben cumplir con ser mayores de 18 años y no estar condenados a delitos de pena aflictiva (o acusados por dichos delitos) o conducta terrorista. Por su parte, el artículo 174 de la ley 21.325 establece que, para efectos de ejercer el derecho de sufragio el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal.

Académica de la Universidad de Chile, Ximena Póo.

La académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas cuestionó que el Gobierno y los partidos oficialistas hayan ingresado a este debate a meses de la elección: “Lamento mucho que el oficialismo haya entrado en esta discusión. Además, a veces con discursos bastante xenofóbicos, incluso racistas, en función también de quiénes pueden o no pueden votar”.

Para Póo, el Gobierno y el oficialismo deberían “estar más preocupados de regularizar, de permitir que las personas migrantes tengan acceso a todos sus derechos sociales, a frenar la máquina de irregularidad que se ha convertido la legislación del 2021 y más restricciones que nos dejan a un nivel bastante autoritario, respecto a las migraciones a nivel internacional”.

La legislación que hace referencia Póo es la Ley de Migración y Extranjería aprobada bajo la administración de Sebastián Piñera y que ha sido crítica por, a pesar de usar un lenguaje de derechos humanos, amplía las facultades de gobierno para la deportación de migrantes, aumenta el período de residencia para la nacionalidad y limita ciertas protecciones, lo que podría precarizar la situación de los migrantes en Chile.

La doctora en Estudios Latinoamericanos sostuvo que intentar restringir el voto migrante a tan solo meses de la elección se debe a que “primó lo ideológico”. Así, aseveró que: “Más allá de lo que uno piense, más allá de mi posición ideológica, creo que prima lo ideológico en relación a Venezuela, pensando que el 100% de los y las migrantes venezolanas van a votar por la derecha y la ultraderecha”.

De la misma manera, en diálogo con nuestro medio, el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, también criticó el momento en que está ocurriendo la discusión, afirmando que el voto migrante está establecido desde hace muchos años en el país y “constituía en el tema migratorio el único aspecto en que Chile estaba por delante de los estándares de la región“.

El vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza.

Para Cardoza, la discusión sobre el voto extranjero “muestra el oportunismo” de algunos sectores políticos. Además, puntualizó que estas fuerzas políticas hace seis años estaban a favor del voto: “No se puede con el tema de fenómenos migratorios estar constantemente repitiendo aspectos de utilización frente a derechos. Yo sé que en el mundo los derechos humanos no están cotizando mucho, pero que no estén cotizando hoy porque hay avances imperiales muy marcados que lo están desvirtuando, no quiere decir que no tengan la validez que tienen los derechos humanos como un avance, una conquista de la humanidad a lo largo del tiempo y un estándar que deben ser respetados”.

El vocero de Acción Migrante lamentó que Chile se “quiera conciliar con quienes violan los derechos humanos” y llamó a los parlamentarios a “frenar el oportunismo para ganar elecciones“.

En tanto, subrayó que “no corresponde” debatir esta materia en tiempos electorales e instó a los parlamentarios “que tienen el deber supremo en estándares de derechos humanos” a “hacer cumplir los compromisos que el país adoptó”.