El indignante caso de tortura contra un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno sigue generando reacciones de repudio. Junto con ello, se sumó en las últimas horas la detención de tres de los cuatro involucrados. Además, el Ministerio de Salud confirmó que los cuatro funcionarios implicados ya fueron destituidos de sus cargos.
Cabe aclarar que, según lo expresado por Juan, padre del hombre que sufrió las brutales agresiones, en una entrevista con Radio ADN, su hijo no tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), corrigiendo así una información que había circulado previamente en algunos medios.
En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Acción Humanista e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, entregó sus apreciaciones sobre el caso. En una primera mirada, lamentó la falta de humanidad en la sociedad actual que se desprende de esta situación.
“Aquí surge la pregunta dónde está la humanidad de estas personas. Cómo es posible que se pudieran haber naturalizado estas conductas. Esto es tortura, no lo podemos nombrar de otra manera”, expresó en primer lugar la parlamentaria oficialista.
También, Gazmuri catalogó como “inconcebible” la falta de acciones por parte de la administración del hospital. “Aquí vemos tres problemas centrales: una impunidad institucional. Es imposible suponer que la institución no conoció la magnitud de estos eventos. Una falta de protección a las personas con discapacidad, en segundo lugar. Y por otro lado, una reacción tardía del Estado”, planteó.
En esa línea, apuntó a que este no es un hecho aislado en cuanto a la falta de fiscalización real en denuncias de acoso y violencia en el trabajo. “Hoy día tenemos la Ley Karin, vemos situaciones de violencia vividos por funcionarios, que se hacen las denuncias, que se inician procesos que quedan en nada. Esto suele pasar, que se mueve a la personas para que finalmente no sea sancionada cuando se está haciendo un proceso de sumario”, comentó la legisladora.
“Aquí no solo tiene que concurrir en que se ejecute la letra de la norma, sino que tiene que concurrir el espíritu. Que es realmente evitar que estas cosas ocurran y sancionar a quienes correspondan”, prosiguió, lamentando que la institucionalidad se activara recientemente en este caso y no en 2020 cuando ocurrió.

Hospital de Osorno. Foto: Minsal.
Respecto a las posibles repercusiones a nivel nacional, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló este viernes que “no le extrañaría” que surgieran nuevas denuncias en otros recintos asistenciales tras este caso. Aseguró que el sector salud, al ser “intensivo en mano de obra” y tener “mucha interacción entre las personas”, es propenso a que ocurran este tipo de eventos, añadiendo que con todos ellos se aplicará “la misma vara, la misma condena y el mismo castigo”.
En cuanto a las reparaciones a la víctima, Gazmuri sostuvo que “es importante el acompañamiento, ofrecerle todas las posibilidades de apoyo”. “Sabemos que han pasado cinco años, sabemos que es difícil en este minuto, ya es más bien una cosa simbólica. Las personas buscan sus propios caminos para seguir con su vida. Aquí el daño es irreparable, por mucho que se pueda hoy día compensar y acompañar”, lamentó.
Gazmuri también manifestó su tristeza al tratarse los atacantes de funcionarios públicos. “Que se supone que tienen un especial compromiso con el servicio, un especial compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Eso implica por supuesto a quienes trabajan, a sus colegas”, señaló.






