ProCultura: Corte de Antofagasta revisará solicitud de desafuero del gobernador Orrego el 6 de octubre

En la audiencia, los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.

En la audiencia, los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este viernes la solicitud de desafuero presentada en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, estableciendo el 6 de octubre como fecha para la revisión del caso.

La petición fue ingresada este jueves por la Fiscalía Regional de Antofagasta, en el contexto de la investigación relacionada con el caso ProCultura.

El fiscal regional Juan Castro Bekios pretende formalizar a Orrego por su presunta participación en delitos de cohecho y fraude al fisco. Estos cargos se derivan de un controvertido convenio mediante el cual la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones para ejecutar proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

En la audiencia programada para el 6 de octubre, Bekios junto al fiscal Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.

Según el acuerdo de la Corte de Apelaciones, «teniendo presente que el gobernador regional Metropolitano don Claudio Benjamín Orrego Larraín, tiene domicilio laboral en la ciudad de Santiago, exhórtese a la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, para notificarlo personalmente mediante receptor de turno».

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.





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