Hace algunas semanas, la Superintendencia de Salud confirmó que, a partir de septiembre, cinco isapres aplicarán un alza en el precio base de sus planes en el marco de la Adecuación Precio Base (APB) 2025, validada por el organismo y vinculada a la Ley corta de Isapres. Un ajuste autorizado que contempla un máximo de 3,7% al que adherirán Colmena, Cruz Blanca, Banmédica y Esencial; mientras que Consalud lo hará en un 3,6%.
Según estimaciones preliminares, este incremento implicará para los cotizantes un gasto adicional promedio de hasta $3.784 mensuales por contrato de salud. Al respecto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, precisó que el alza autorizada corresponde únicamente al precio base de los planes y no al costo total, por lo que el 3,7% no se reflejará íntegramente en el valor final.
Además, la autoridad informó que Nueva Masvida y Vida Tres no podrán aplicar incrementos debido a variaciones negativas en sus costos operacionales y al incumplimiento de requisitos normativos. Así, la Superintendencia recordó que los afiliados pueden reclamar en caso de no haber sido notificados en marzo, si el reajuste excede el porcentaje permitido o si el contrato tiene menos de un año de vigencia al 1 de junio de 2025. Eso es, precisamente, parte la información que fue remarcada por el senador (PS) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, durante la primera edición de Radioanálisis.
«Efectivamente, el alza está dentro de un rango aceptado, pero está en el tope. Esa es la crítica política que yo formulo. Pero la facultad de reclamar y levantar la voz la tienen las personas, y por supuesto nosotros vamos a colaborar», expresó el socialista.
Imágenes referenciales de Isapres. Foto: Marcelo Hernandez- Aton Chile
En esa línea, afirmó que, desde la comisión, se pidió al superintendente que «el proceso sea fluido, rápido, no burocrático. Nos interesa mucho que la gente se empodere, que tenga fuerza para reclamar, porque muchas veces ha habido abusos y nadie puede descartar que no los vaya a haber nuevamente. Esa es la acción preventiva que estamos tomando».
Además, Castro hizo hincapié en que se trata de un aumento que debió ser notificado a las y los usuarios en marzo. «Pueden revisar si recibieron o no esa información hace seis meses. Si no la hubieran recibido, las isapres no están autorizadas a aplicar el reajuste», recomendó.
«Hubo dos isapres que quisieron, pero no pudieron elevar los precios porque no estaban habilitadas ya que no cumplían con los requisitos. Esto fue lo que se trató en la comisión con el superintendente, al cual le pedimos que fuera muy estricto en verificar que no hubiera excesos o desproporciones cuando empiece este reajuste. Por eso recomendamos que las personas concurran, pidan o escriban a la página de la Superintendencia de Salud para tener plena conciencia de que no habrá desproporción entre lo que se anunció y lo que se va a cobrar», reiteró el parlamentario.
Sobre lo anterior, señaló que «muchas veces la letra chica, el detalle, la nomenclatura tan complicada que usan las isapres que tiene un propósito determinado: que la gente no sepa realmente qué está sucediendo. Es decir, explican las cosas de una manera tan enredada que nadie las comprende, para finalmente aplicar reajustes que pueden ir más allá de lo permitido. En esto es clave el rol del regulador, por eso concurrió a la Comisión de Salud del lunes 8 de septiembre«.
Sin embargo, enfatizó en que es igual de relevante el accionar de «las personas que tienen contratos y planes. No estamos hablando de gente muy adinerada, sino de muchas personas de clase media que todavía tienen un plan de isapre y que, por supuesto, se sienten perjudicados e irritados».
