En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a la relevancia del Plan Nacional de Búsqueda y la posibilidad de que se ponga en tela de juicio en un próximo gobierno. “Hoy no existen razones para que el Plan Nacional de Búsqueda deje de funcionar, estamos cumpliendo con lo que el Estado tiene que hacer y, en ese sentido, nosotros tenemos la plena convicción de que la fuerza política que llegue tendrá que hacerse cargo de la importancia que tiene la búsqueda de los miles de detenidos, desaparecidos que tenemos todavía producto de los crímenes que cometió la dictadura militar”, aseguró. 

El secretario de Estado reiteró la importancia de este plan como una deuda y obligación del Estado de Chile, además explicó que no requiere una ley para funcionar porque todas sus acciones se desarrollan dentro de las atribuciones legales de la cartera que dirige y sus organismos relacionados. “No hay ninguna razón jurídica para que el Plan Nacional de Búsqueda no siga funcionando más allá de este Gobierno. Y cuando nosotros decimos que además es una política de Estado, es porque el Congreso Nacional ha aprobado ya en dos oportunidades sus presupuestos”, dijo. 

“Es una política de Estado porque no solo involucra al Poder Ejecutivo, también involucra al Poder Judicial y este ha dispuesto de toda una estructura para llevar adelante las investigaciones judiciales en el marco de la búsqueda por la verdad y la justicia. Entonces, hay una estructura que tiene el Plan Nacional de Búsqueda que supera al Gobierno, que involucra a otros poderes del Estado, que supera al Estado, porque también involucra a la sociedad, están las universidades comprometidas, forman parte de una estructura tanto científica como en materia de archivo, está la iglesia católica en el Comité de Seguimiento, es decir, hay amplios sectores de la sociedad que consideran, así como lo ha considerado este Gobierno y como lo planteó el Presidente de la República cuando suscribió el decreto que le da el inicio del Plan Nacional de Búsqueda, que esta es una obligación de la sociedad en su conjunto y, por cierto, del Estado”, señaló el ministro Gajardo.

Consultado sobre posturas que cuestionan la dictadura civil-militar en la carrera presidencial y cómo esto podría comprometer el plan, el jefe de cartera respondió que “en la ley de presupuesto van a estar los recursos para el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda del próximo año (…) Entonces, no existe ninguna razón hoy por hoy para que el gobierno que venga no continúe con este plan, salvo que no tenga un compromiso genuino con los derechos humanos. Eso va a tener que explicarlo de cara a la ciudadanía, de cara a la sociedad, de cara al conjunto de instituciones que participan del Plan Nacional de Búsqueda”. 

Diligencias en el Cerro Chena en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

Calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada

El Senado despachó a su último trámite el proyecto que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y, además, crea un registro especial. Sobre la iniciativa el ministro destacó que se trata de una demanda sentida por parte de agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. “Las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, lamentablemente cuando sus familiares van al Registro Civil a obtener una documentación para hacer distintos tipos de trámites se ven revictimizados, porque no se reconoce que estas personas se encuentran ausentes por desaparición forzada”, explicó. 

Agregó que también están habilitados para sufragar, por ejemplo. “Esta fue una moción parlamentaria presentada por la diputada Lorena Pizarro que nosotros como Ejecutivo respaldamos, la tomamos, porque requería de recursos para que se pudiera implementar este registro en el Registro Civil, para que se pudiera mantener este registro que permita que exista esta calidad jurídica de persona Ausente por Desaparición Forzada y que el Registro Civil emita estos certificados que digan que las personas se encuentran ausentes porque fueron víctimas de este delito que es de los más graves que tenemos en la legislación nacional e internacional”, afirmó la autoridad. 

Si bien se rechazó el punto que “otorgaba facultades administrativas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para incluir casos en el registro especial”, el ministro Gajardo destacó que “lo principal del proyecto está, así lo reconocen también las agrupaciones. Ayer las agrupaciones estaban muy emocionadas porque llevan mucho tiempo pidiendo que exista este reconocimiento por parte del Estado y lamentablemente a 52 años recién estamos logrando aprobar un proyecto tan importante como este y no sin dificultades, la votación en el Senado fue bien estrecha, lamentablemente”.