La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto minero-portuario Dominga, que declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga.

A través de una declaración pública, Jiménez señaló que “es una clara confirmación de que el proyecto minero-portuario Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias ambientales para su construcción y operación”.

La líder del gran empresariado sostuvo que con esta decisión “se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza”.

“Por el bien de los habitantes de la comunidad de La Higuera, de la región de Coquimbo y del país en general, resulta clave que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre cualquier consideración política”, añadió.

Asimismo, afirmó que “el largo y engorroso proceso que ha debido enfrentar Dominga es una clara demostración de la urgente necesidad de contar en nuestro país con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas”.

Gobierno afirma que fallo de la Corte Suprema no es definitivo

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente afirmó que el fallo de la Corte Suprema por Dominga no es definitivo y que el desarrollo del proyecto minero portuario debe resolverse en el Comité de Ministros, que encabeza la ministra Maisa Rojas y que ya lo rechazó en 2025.

En una declaración, el ministerio señaló que “el pronunciamiento de la Corte Suprema no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas”.

“La Corte Suprema también reafirma que la competencia para resolver sobre el proyecto minero portuario Dominga es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025”, añadió.

Además, recalcó que “quedan recursos judiciales pendientes de resolución, tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago”.

Ayer, se conoció que La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga.

Por su parte, La sociedad Andes Iron, propietaria del proyecto Dominga, calificó como “histórico” el fallo. Según la empresa, la resolución del máximo tribunal del país confirma “la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021 del proyecto”. De esta manera, la Corte Suprema habría cerrado la vía judicial para impugnar Dominga.

“Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental. Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización”, declaró Andes Iron.