La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso que extraen los pescadores artesanales de la zona.
La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($51.870 millones), a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($424 millones), a los ejecutivos responsables.
La acusación sostiene que los representantes de las compañías se reunían presencialmente —en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales— o se contactaban por llamadas, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla.
Con estos antecedentes, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra al inicio de la temporada y retrasaban o contenían las alzas que ocurrían durante el periodo extractivo, que va de julio a noviembre de cada año.
Entre 2017 y 2021, estas compañías adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores de la zona, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos.
La investigación estableció que, como el precio de compra de la centolla aumenta durante la temporada, las empresas buscaban obtener un valor inicial más bajo del que se daría en un escenario competitivo y luego contener las alzas, actuando de manera coordinada frente a los pescadores.
“Al comunicarse, las Empresas Requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores, o cuál sería su estrategia en futuras compras”, señala el requerimiento de la FNE.
Las indagaciones comenzaron en julio de 2020 tras una denuncia. En febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías, aportando información clave.
La investigación incluyó interceptaciones telefónicas, allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, además de declaraciones de ejecutivos que reconocieron los contactos y conversaciones sobre precios.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.
En el caso de la centolla, Grunberg destacó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales”.
Esta acción se suma a la presentada en marzo de 2025 por la FNE en contra de un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique, acusados de coludirse en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan.
