El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, reabrió el debate sobre la situación de la migración en nuestro país. Apuntando al sector agrícola y afirmando que Chile no cuenta con la fuerza laboral necesaria en esta actividad económica, planteó una regularización de inmigrantes.

La mañana de este miércoles el representante del sector agrícola profundizó sus dichos, mostrando su sorpresa por la reacción negativa de candidatos al Congreso. “Este es un tema muy poco popular para los políticos, porque en el fondo lo que piensan es que los trabajadores chilenos van a pensar que esto es competencia para ellos”, expresó a Radio Universo. Incluso, después Walker cambió el concepto de regularización por el de “formalización”.

En general, la respuesta ha sido de desmarques, incluso críticas, a las declaraciones del presidente de la SNA. Quién se opuso tajantemente a la idea fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, negándose a impulsar algún tipo de “perdonazo”.

“Nosotros en esto hemos sido de una sola línea y muy clara. Hay que mantener la coherencia, la consistencia. Cualquier situación que desvíe el foco que nosotros hemos puesto de cerrar las fronteras, de terminar con la inmigración ilegal, podría verse por algunas personas como un perdonazo. (…) Nosotros no vamos a abrir ninguna ventana a la inmigración irregular”, aseveró.

Desde La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, evitó entrar en profundidad en la discusión y sostuvo que la política migratoria ha sido siempre un tema difícil de discutir en el país. “La evaluación que se tiene que hacer tiene que ajustarse a nuestra ley, que la ley se cumpla. Porque ha costado mucho generar consenso y avance en materia política migratoria”, subrayó.

Camila Vallejo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Visión experta en período de elecciones

De fondo, como postuló la ministra Vallejo, la discusión migratoria se ha vuelto un tema complejo y que cobra más fuerza en período electoral. Las propuestas de empadronamiento, eventuales procesos de regularización y referencias permanentes a la seguridad ligadas con la migración se han tomado la agenda.

Para la abogada y experta en migración, Rita Lages, esta materia requiere ser analizada con más profundidad, sin reducirlo a consignas electorales ni instrumentalización política.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la académica e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile, recuerda que los programas de regularización no son un fenómeno nuevo. “Cada cierto tiempo, los Estados recurren a mecanismos extraordinarios de regularización, porque es material y logísticamente imposible expulsar a todas las personas en situación irregular”, explicó, agregando que las cifras de personas sin papeles suelen ser sobreestimadas y que los requisitos muchas veces no son del todo estrictos.

La experta manifestó que no es imposible pensar en una eventual regularización, pero profundizó sobre la necesidad de este proceso. “Uno tiene que preguntarse si es necesaria para quién. Para el Estado, para las personas extranjeras, para la sociedad en general. Cuando un Estado procede a programas de regularización extraordinario, como dice el propio nombre, se supone que son extraordinarios, porque tener irregularidad migratoria no es algo bueno para nadie: ni para el Estado, ni para la persona migrante ni para la sociedad en general”, analizó Lages.

“Desde la perspectiva del migrante, significa mayor vulnerabilidad y riesgo de explotación laboral o de otro tipo. Desde la perspectiva del Estado, implica tener dentro de su territorio a miles de personas de las cuales no sabe exactamente quiénes son ni cuántos son, lo que genera problemas de orden público, de seguridad interna y de diseño de políticas públicas. Y para la sociedad en general, significa convivir con grupos que inevitablemente acceden a servicios, pero sin estar integrados formalmente”, detalló.

Rita Lages, académica e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile.

En ese sentido, apuntó a que los procesos de regularización no deben verse como concesiones, sino como mecanismos de ordenamiento. “Una persona que ya trabaja, que ya tiene una vida laboral activa, que tiene familia, que lleva una vida honesta y común, puede con la regularización aportar más al Estado, porque podrá pagar sus impuestos de forma regular, cotizar en la seguridad social. Eso también es bueno para el país”, señaló Lages.

En paralelo, la experta abordó el llamado “efecto llamada” que suelen utilizar desde sectores extremos para rechazar procesos regulatorios. Sobre este punto, Lages enfatizó que: “La verdad es que no está demostrado que exista ese efecto. Las razones que llevan a una persona a dejar su país son mucho más complejas: crisis políticas, violencia, falta de oportunidades. Reducir la decisión de migrar a la expectativa de un programa de regularización es simplista y no corresponde a la evidencia”.

Respecto al uso electoral de la temática, Lages explicó el peligro que conlleva. “En contextos preelectorales, no se habla de la migración en su dimensión integral, sino de una sola: la irregularidad, asociada a la inseguridad y la criminalidad. Eso ocurre porque algunos actores políticos creen que ese discurso puede traducirse en votos. Pero no podemos ser rehenes de esa lógica, porque implica instrumentalizar un tema complejo”.

“Lo importante, cuando se está en un momento preelectoral como el que estamos, es que cuando hablemos de migración, hablemos en todas sus dimensiones. La securitaria, sí, pero también la de integración, la económica, social y cultural. Si solo hablamos de seguridad para ganar o no perder votos, no estamos construyendo políticas públicas sostenibles, sino discursos coyunturales”, expuso la académica, enfatizando que el Estado debe enfocarse “en qué es lo que está produciendo la irregularidad y cómo podemos atacar esos factores”.

Personas migrantes en la frontera en Colchane

Empadronar y expulsar: medidas a medias

En la discusión electoral, propuestas como la expulsión masiva de migrantes indocumentados o el empadronamiento —medida que se lleva a cabo en Chile desde 2023— se repiten como parte de los programas presidenciales. Rita Lages reconoce el valor de estos procesos pero advierte sus limitaciones.

“Empadronar por empadronar no sirve mucho. Si de ahí no le voy a sacar ninguna consecuencia, que sea regularización o lo que sea, entonces ese empadronamiento no le voy a sacar mucho provecho”, enfatizó. Además, indicó que genera un problema en la población migrante al “crear falsas expectativas”.

En la vereda del frente, sobre la expulsión, destacó que “tampoco es tan realista”. “Es un proceso jurídico lento, que tiene costos económicos elevados (…) es muy difícil llevar a cabo la expulsión de todas las personas en situación irregular, es complicado materialmente. Puede que electoralmente no sea un discurso que pueda generar muchos votos, y puede generar muchas críticas, pero hay que ser realistas también”, indicó la académica.

En tanto, Lages planteó la necesidad de un debate más amplio, que trascienda la campaña presidencial: “Lo que necesitamos son propuestas realistas, que definan con claridad las condiciones de ingreso, de estancia y de integración en el país, pero también enfrentar el problema de la irregularidad y no tener una visión estricta de este tema solo bajo la lógica de la seguridad, porque es lo que puede generar más votos. Esa visión puede que a corto plazo sea satisfactoria del punto de vista electoral, pero del punto de vista país no es la mejor”.