Hace algunas semanas, seis exfuncionarios públicos de Guatemala fueron declarados culpables en el caso “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. Una tragedia que impactó a nivel local e internacional desde ese 8 de marzo del año 2017. Ese día, el incendio en este recinto cobró la vida de 41 adolescentes de entre 13 y 17 años. Mientras otras 15 sobrevivieron, pero con graves quemaduras.
La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Ciudad de Guatemala, informó las condenas: entre 25 y 6 años.
El hogar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de ese país, tenía la labor de proteger a niñas y adolescentes que eran víctimas de abandono y violencia. Sin embargo, según el fallo, esa misión estuvo lejos de cumplirse por el actuar de los y las acusadas.
Luego de las investigaciones, se reveló que las autoridades del recinto decidieron encerrar a 56 adolescentes como medida de castigo porque un grupo se había fugado el día anterior denunciando abusos y maltratos. Y que la demora en su liberación fue determinante para que las llamas y el humo marcaran el destino de quienes estaban en esa aula bajo llave.
Diana Elizabeth Vivar, abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, destaca que “la justicia no solo se expresa en condenas sino también en el reconocimiento a la memoria”.
“La sentencia representa una nueva oportunidad al Estado de Guatemala” para avanzar en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, asegura en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. Y también comenta otra de las decisiones de la jueza: el Ministerio Público deberá abrir nuevas investigaciones. Incluso, contra el expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
Con más de cien audiencias, finalmente se conoce esta primera sentencia. La que-según la Agencia Ocote– ha recibido la presentación de nueve apelaciones.
— ¿Cuáles son los principales datos de este caso y a quiénes representan?
Desde el Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, junto con otra colega, dimos acompañamiento legal a catorce familias. Entre ellas, cinco son sobrevivientes de este suceso conocido mundialmente como el caso Hogar Seguro. Este caso se da en el año 2017, en un contexto donde hay una crisis estructural de derechos humanos de la niñez y adolescencia en Guatemala. En el que no solo se le niega el acceso a la educación, salud y protección a los niños, niñas y adolescentes en el país, sino que también enfrentan una problemática sistemática donde el Estado no les garantiza sus derechos.
Este fue un caso muy relevante ya que, a pesar de que el país ha avanzado normativamente y ha creado instituciones para proteger los derechos de los NNA, el sistema de protección integral acá en Guatemala es difuso y disperso.
No hay una institución que logre articular lo que existe para que se coordine esta protección especial de la niñez y adolescencia en Guatemala. En ese marco se dan los hechos y no fue un caso aislado, sino que en la institución del Hogar Seguro Virgen de la Asunción existían falencias y violaciones anteriores a lo que detonó estos hechos del 7 y 8 de marzo de 2017.
Diana Elizabeth Vivar.
— ¿Qué les pareció el fallo de la jueza Ingrid Cifuentes?
En 2024 se inició el juicio en contra de varias personas. Sin embargo, la subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social logró separarse de este juicio por un proceso de recursos. Finalmente, culminaron en el proceso solo siete personas.
Si bien dentro de este proceso se pudo determinar la responsabilidad de estas personas, a excepción de una que la jueza absolvió, es importante también señalar que éste se llevó a cabo con delitos que no reflejaban la realidad o la gravedad de los hechos de esos días de marzo. Eran básicamente administrativos como homicidio culposo, lesiones culposas, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes…
En su momento, como querellantes se intentó que estos delitos cambiaran. No en el juicio, sino en las etapas procesales previas, se logró que pudiera conocerse, por ejemplo, con delitos como torturas, detenciones ilegales, femicidio, entre otros. Sin embargo, jueces anteriores a Cifuentes no permitieron este cambio de calificación jurídica por lo que ella cuando conoció este debate lo tuvo que hacer con esos delitos. La sentencia refleja esta falta de observancia ante la gravedad de los hechos.
Algo muy importante de resaltar es que la jueza sí emitió una sentencia que visibiliza todo el contexto de violación que se dio y que se estaba dando en el hogar por lo cual representa un avance importante en el reconocimiento de la verdad y la exigencia de responsabilidad estatal. La jueza actuó dentro del marco de lo posible y logró empujar los límites de este marco.
Y su decisión, para nosotros, dejó claro que la justicia no solo se expresa en condenas sino también en el reconocimiento a la memoria y la reparación integral de las sobrevivientes y sus familias. Y aunque digamos que la justicia plena no se alcanzó, porque se pretendió que se juzgara por delitos más graves, sí se logró abrir una grieta a la impunidad.
Esa grieta fue una lucha que hicieron las víctimas y las sobrevivientes. Esta sentencia reconoció el dolor y también el compromiso de que su historia no fuera olvidada. Si bien es cierto no es la que quería, fue la sentencia posible que dignifica y restaura la memoria de las víctimas que ya no están. También de las sobrevivientes y sus familias con toda la lucha que han liderado por más de 8 años.
— ¿Qué otros antecedentes hay que tener presentes en medio de este proceso judicial?
La jueza no solamente resolvió conforme a lo que el ministerio público le había planteado en su momento, sino que también mandó y ordenó investigaciones para que se pudiera abrir la puerta a nuevos procesos penales que podrían ampliar el alcance de la justicia.
La jueza no minimizó la magnitud de lo ocurrido, reconoció el contexto, la responsabilidad estatal, la gravedad de las violaciones de los derechos humanos de las niñas y adolescentes fallecidas y ordenó estas nuevas investigaciones. Por lo que incluyó investigar a otras personas y actores que tuvieran, de alguna manera, un tipo de responsabilidad en los hechos. Entre ellos, el ex presidente de la República, Jimmy Morales, y se mandó a investigar también a su asesor que fue quien estuvo haciendo una función como intermediario en el lugar de los hechos…entre los funcionarios que estaban allí…
El ex presidente, a través de llamadas telefónicas, también mandó a investigar a monitores que en su momento obstaculizaron el reingreso de las adolescentes al hogar, a otros funcionarios que omitieron su deber de actuar, antes y durante del incendio, pero principalmente antes…
Como mencionaba la jueza reconoció todo el contexto previo de lo que se daba dentro del hogar porque también mandó a investigar todas estas vulneraciones y violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia de los que se encontraban allí resguardados.
Esta sentencia no está firme, no finaliza acá. Queda pendiente un proceso recursivo e imagino que los sentenciados van a hacer uso de esas acciones. Entonces hasta que quede firme, que se resuelvan todos estos recursos, pues ya se podría empezar a exigir el cumplimiento de todo lo que la jueza resolvió en esta sentencia.
Audiencia por caso “Hogar Seguro” 2025.
— Además de las condenas, en una audiencia posterior la jueza mencionó una serie de medidas reparatorias. Habló de un perdón a nivel público y otras áreas como educación. ¿Cómo observaron esos anuncios?
En la sentencia no solamente hubo un tema de condenas contra los responsables sino también hubo una reparación digna.
Hubo reparaciones solicitadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Todas éstas la jueza las escuchó en su momento por parte de los querellantes, que fueron planteadas por nosotros, y ella resolvió adecuadamente a estas solicitudes.
Entre ellas, está el tema de un perdón que fue ordenado por la jueza para que en compañía de altas autoridades y la Policía Nacional Civil se sumen a un acto público. En esa instancia, ellos pidan perdón a las niñas, víctimas y a sus familias por estos hechos.
Esto para nosotros es importante porque, como mencionaba al inicio, el Estado ha estado violando sistemáticamente los derechos de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Que lo reconozca expresamente es importante para que, a partir de ahí, empiecen a verse esos cambios estructurales.
Fuera de esto, la jueza recomendó garantizar acceso a la educación y becas que permitieran a cada sobreviviente continuar con su formación académica, profesional, reforzando su autonomía y desarrollo integral.
También que se establecieran condiciones laborales dignas y que se crearan oportunidades de empleo hacia las sobrevivientes. Tomando en cuenta que muchas de ellas, por las graves lesiones en su cuerpo, no tienen la capacidad total física para poder ejercer cualquier trabajo.
— ¿Qué pasó con la perspectiva de salud y la búsqueda de “no repetición”?
Se ordenó que se garantizara un trabajo psicológico con todas las adolescentes y sus familias. El acceso también a una asesoría financiera especializada y esta medida resultó indispensable para entender de forma integral las secuelas derivadas del estrés postraumático y del trauma complejo ocasionado por los hechos.
Entre otras, está que se garantizara un tratamiento médico porque muchas tienen que viajar a Estados Unidos para que les den una atención especializada. Entonces la jueza ordenó que el Estado pueda crear esas condiciones en un hospital especializado para que se les pueda dar ese acompañamiento.
Una parte importante para nosotras, que fue un logro en esta lucha y en esta sentencia, es el reconocimiento judicial expreso de que las niñas víctimas del caso no eran adolescentes en conflictos con la Ley Penal. Esta medida nos parece una reparación simbólica y estructural porque no solo buscaba corregir una falsedad, sino que también esto sirve para sanar una herida colectiva provocada por años de estigmatización y abandono institucional hacia las adolescentes. Esta declaración no es solo un simple acto simbólico, sino que también es un acto de justicia reparadora que restaura la verdad de las niñas y protege su identidad.
Otra medida importante en el proceso, fue la reparación buscando la no repetición. La jueza ordenó que se creara un ente rector que permitiera esa coordinación de las instituciones para implementar mejor el destino de los recursos y una política de protección integral de la niñez y adolescencia.
— También se consideró una capacitación de los funcionarios…
Sí, esa fue una de las medidas que la jueza ordenó en la sentencia tomando en cuenta que el caso del Hogar Seguro vino a reflejar todas esas falencias que habían dentro del sistema de protección. Y una de ellas, era justo el tema que el personal no estaba capacitado para brindar la protección integral de la niñez y la adolescencia que se encontraba bajo su resguardo.
Entonces, sí se ordenó una formación especializada y continuada de todas las personas que brindaran ese servicio en el sistema de protección. Pero no solo en el Sistema de Niñez y Adolescencia sino también una capacitación obligatoria para todo el personal de la Policía Nacional Civil. Recuerdo que la policía intervino activamente y de manera no legal en los hechos del 7 y 8 de marzo. En temas de sensibilización sobre género con enfoque de derechos humanos, especialmente sobre el interés superior de los niños y las niñas.
Esto también fue de importancia para que cuando se dé un acercamiento entre la policía y la niñez existan protocolos de cómo deben actuar. Esto, porque en 2017 todos desconocían que protocolos debían implementar, por lo tanto, hubo un total desorden y una descoordinación.
Aquí en Guatemala, en el Parque Central, varias organizaciones que acompañan a sobrevivientes y querellantes han formado un espacio que rinde un homenaje a todas las niñas que murieron y que fueron víctimas de estos hechos. En el lugar se observan cruces y girasoles, estos últimos se han convertido en un símbolo recordatorio de lo que pasó esas horas. La jueza mandó a que la municipalidad de la ciudad de Guatemala pueda resguardar esta área para que quede en la memoria colectiva.
Indicó también que una calle de la ciudad fuera nombrada en honor a las niñas que fallecieron. Además, ordenó que el lugar de los hechos, el área donde estaba el aula, fuera resguardado y se creara un espacio de recordatorio.
— Lamentablemente, estas vulneraciones de derechos se repiten en otros países de la región y del mundo. En Chile, de hecho, se ha convocado a la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones en el Sename. Cada país tiene sus leyes internas, pero siguiendo este caso en Guatemala ¿Cuál serían las claves en los avances de un sistema integral de protección desde los Estados?
Guatemala ya tenía una deuda y había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Niños de la calle” . Ese fallo debía ser una advertencia clara, sin embargo, no lo fue. El Estado no lo tomó como una oportunidad histórica y no fue atendido ese llamado. Años después, ocurrió la tragedia devastadora con 41 niñas y adolescentes en 2017.
Esta nueva sentencia, representa una nueva oportunidad al Estado de Guatemala para proteger a este grupo de la población. Para que no vuelvan a suceder estos hechos, que ya no existan estos incumplimientos sistemáticos de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos de la niñez. Y que con esta sentencia, se empiece a cerrar esta herida abierta que ha causado estos graves hechos que revelaron la negligencia y el desprecio estructural por la vida de la niñez.
No es el final, esto es el punto de partida…
