La conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, este 28 de septiembre, cobra en Chile un cariz distinto en medio del escenario electoral. El lento avance del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con plazos presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se suma a la incertidumbre sobre modificaciones o mayores restricciones dependiendo de la definición presidencial de noviembre próximo.

Las expertas en la materia han dejado en claro la necesidad de que Chile se sume a países donde el aborto legal sea seguro, digno y gratuito, fuera de la estigmatización. Esto, tanto por lo que significa para los derechos de las mujeres en autonomía, integridad física y psicológica, así como para abordar un problema de salud pública latente en el país.

La abogada y directora de Fundación Derecho a Decidir, Lieta Vivaldi, profundizó en la discusión en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, advirtiendo que el gran obstáculo no es solo jurídico y legislativo, sino que cultural. “El aborto, al haber estado criminalizado por mucho tiempo, se transformó en un tabú, en un tema del que no se habla, del que se tiene vergüenza o miedo”, expresó.

Manifestaciones a favor del aborto en tres causales. Foto: Agencia Aton.

Ese silencio, agregó, ha hecho que las mujeres que han interrumpido embarazos enfrenten no sólo riesgos sanitarios sino también sociales. “Todas las personas o casi todas conocemos a alguien que ha interrumpido una gestación, y quienes lo hacen saben que no son criminales, sino personas que atraviesan circunstancias específicas. Mientras más se visibilice, más podremos también abordar esta situación como país”, planteó.

Vivaldi recuerda que la aprobación de la Ley IVE de tres causales en nuestro país permitió abrir la conversación y preparar a equipos médicos y psicológicos, pero insiste en que falta avanzar hacia una despenalización social más amplia. “No solamente necesitamos la despenalización legal, sino también que socialmente dejemos de encontrarlo un tabú o un crimen”, sostiene.

El estigma se expresa también en las barreras de acceso: falta de información, objeción de conciencia en hospitales donde incluso el 100% del personal se declara objetor, demoras en la atención y temor a ser denunciadas. “Es muy importante como país que lo abordemos como un problema de salud pública, también como un tema de justicia social. Es decir, un tema en el cual todas las personas debemos poder acceder a esta prestación, y no dependiendo de cuánto dinero tenemos o cuántos contactos tenemos con el mundo médico”, señaló la abogada.

“Si el acceso sigue siendo limitado, es riesgoso puesto que personas, por ejemplo, que tienen complicaciones de una interrupción del embarazo hecha en clandestinidad, pueden temer ir a un recinto hospitalario porque pueden temer ser denunciadas”, enfatizó la especialista en género.

Abogada y directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Lieta Vivaldi.

Incluso, la abogada apuntó al cuidado del secreto profesional de los médicos. “Se ha dicho muchas veces en circulares, por el Ministerio de Salud, que es muy importante que el secreto profesional se mantenga, es decir, que siempre prime la salud de la persona versus la denuncia eventual”, expresó Vivaldi.

Pero el debate no se limita al plano social y sanitario. Con la campaña presidencial en marcha, las posiciones de las candidaturas podrían marcar un antes y un después en este proceso. “Algunas de las candidaturas son contrarias a este derecho, incluso a las tres causales, y esto es altamente peligroso”, advirtió, asegurando que algunos de los aspirantes a La Moneda “podrían impulsar retrocesos” si llegan a la presidencia.

Para la experta, la ciudadanía debe estar alerta ante eventuales retrocesos. “Un nuevo gobierno debe tener compromiso con estos derechos humanos que han sido garantizados y han sido reconocidos en acuerdos internacionales. La prohibición del aborto genera desigualdad e impide el acceso al derecho a la salud. Lamentablemente, no todos los programas presidenciales reconocen estos derechos, y ciertamente hay un riesgo de retroceso de ser elegida alguna propuesta que sea contraria”, insistió Vivaldi.

En este contexto, Vivaldi llamó a la ciudadanía a “estar muy atenta y muy informada de por quién estamos votando”. Así, instó a “exigir que estos derechos sigan siendo respetados y garantizados por el Estado”.