Tras varios meses de debate, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que establece una multa para quienes no voten en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. 

En paralelo, la Cámara Baja además aprobó la reforma que eleva los requisitos para que extranjeros avecindados en Chile puedan sufragar. En concreto, la iniciativa aumenta de cinco a diez años el período de residencia ininterrumpida requerido para votar. 

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Demócratas y autora del primer proyecto, Joanna Pérez, se mostró satisfecha con la aprobación de la ley, pero al mismo tiempo reconoció que se trató de una “tramitación compleja y bochornosa como Congreso, por lo tardío, por lo que circuló como obstáculo para poder llegar a cumplir la Constitución”.

“Finalmente, salió un acuerdo de otra iniciativa, se instaló lo que el Gobierno había tratado de usar como argumento para poder destrabar una iniciativa que era totalmente necesaria. No podemos tener un voto obligatorio después de 10 años, instalarlo el 2022 y no cumplir con la Constitución”, aseguró. 

Pérez fue crítica respecto al rol que jugó el Gobierno en la discusión, pues a su juicio, si se va a debatir sobre el voto extranjeros, también se deben abordar otras dimensiones del tema, como los beneficios sociales o la migración irregular. 

“Por eso encontré que fue algo bien ficticio, bien populista, medio xenófobo de cierta forma. El ministro Elizalde fue el que siempre instaló esto, la ministra de Segpres, Macarena Lobos, tuvo la voluntad del diálogo y él muchas veces frenó ese diálogo ad portas de terminar este proceso. Este es un tema que se había comprometido hace ya cuatro, cinco años atrás cuando el señor Elizalde era presidente del Senado”, acusó.

En esa misma línea, la diputada sostuvo que: “Uno cree que los ministros pueden actuar con mayor responsabilidad política y no con calculadora en mano. Yo espero que si nos volvemos a encontrar la gente tenga convicciones y no se cambien según la situación que le puede ayudar o no en determinado momento”, dijo.

A todo lo anterior, la parlamentaria agregó que la postura del Ejecutivo frente al monto de la multa también fue cambiante, porque se rebajó el monto que rigió en años anteriores. “Mucha gente nos planteaba que la multa no sea tan baja para que la gente también vaya a votar. Pero llegamos a acuerdo y creo que en algo al menos se genera una sanción”, afirmó.

Así, quienes no voten en las elecciones de este año deberán pagar entre 0,5 y 1,5 UTM (entre 34 mil y 103 mil pesos), en vez de los 206 mil que se proponían en el proyecto original.